ARTÍCULO DE OPINIÓN
ASOCIACIÓN TIERRA BONITA
La erupción volcánica de 2021 fue un evento devastador, que puso a prueba no solo la resistencia del territorio, sino también la del alma humana. En aquel caos, muchas decisiones se tomaron sobre la marcha, con más corazón que cabeza. O eso creíamos. Pero el tiempo, como con la lava, deja al descubierto lo que estaba oculto.
Ahora lo sabemos: mientras cientos de palmeros siguen sin poder acceder a sus propiedades por la existencia de tubos volcánicos o por la rigidez de las normativas, hubo quienes actuaron con total impunidad.
El caso de la tubería construida sobre la fajana en 2022 lo deja claro. Una obra ejecutada en un terreno virgen, recién creado por el volcán, y que hoy le cuesta una multa millonaria al Cabildo de La Palma. Exactamente 2,1 millones de euros, la multa propuesta por la Dirección General de la Costa y el Mar y ratificada ahora por el Consejo de Ministros. Pero lo más grave no es la sanción: es lo que hay detrás.
Se justificó como una medida para “salvar a los agricultores”. Pero la realidad es otra. Esa tubería no era para rescatar al pequeño agricultor, ni al vecino que lo ha perdido todo. Era para proteger los intereses de los grandes. De los aguatenientes. De los plataneros poderosos. Porque cuando el agua mueve dinero, el dinero lo puede todo. Incluso romper normas. Incluso atravesar con cemento una fajana de máxima protección ambiental. Incluso hacer pagar al pueblo lo que decidieron unos pocos. No se optó por alternativas que sí hubieran sido legales y técnicamente viables para llevar el agua.
Mientras tanto, los afectados siguen sin poder regresar a sus casas o reconstruirlas, atrapados por normativas que declaran sus zonas como protegidas. Carreteras vitales para la recuperación de barrios enteros están paralizadas por la ciencia, por la posible existencia de tubos volcánicos. Aunque esas carreteras podrían devolver la vida a cientos de personas, aunque podrían reconectar comunidades, la prudencia técnica se convierte en una trampa burocrática. Y la reconstrucción se congela.
Porque la normativa siempre se aplica al milímetro… para el pueblo. Para los que han perdido sus casas, sus tierras, su vida. Pero cuando el poder necesita saltarse esa misma normativa, lo hace sin consecuencias. Y lo peor: cuando hay consecuencias, las paga el pueblo.
Y no es el único ejemplo. Ahí están los contenedores, colocados como supuesta solución habitacional para los damnificados. Sin cumplir con la normativa, sin alma, sin intimidad, sin condiciones dignas. Pero ahí siguen. Sin soluciones reales. Sin responsables. Porque en esta isla de los volcanes, lo que se lava no es solo el suelo: también las culpas.
Y si vamos más atrás, el dolor es aún más profundo. Porque no existía un verdadero plan de emergencia concebido para la zona afectada. Porque hubo fallos en los avisos previos. Porque la población tuvo que huir del volcán. Porque se improvisó cuando ya era tarde. Y mientras tanto, los políticos se felicitan diciendo que no hubo muertes, como si fuera por su mérito y no por la mayor de las suertes. Como si eso borrara el sufrimiento. Como si eso justificara todo.
La realidad es otra: no hubo aviso oficial a los barrios que sí fueron sepultados, aunque múltiples científicos reconocen ahora que ellos sí alertaron con antelación.
Pero aquí ocurre algo aún más grave: esos mismos científicos, que en vídeos, entrevistas y charlas aseguran haber advertido a la dirección del plan de emergencias, cambian de opinión cuando los afectados les exigen pruebas. Se pliegan al poder. Se evitan responsabilidades. Y, en cuestión de semanas, donde antes había certeza, ahora hay silencio. Dicen que avisaron, pero no lo documentan. Y así, la verdad se convierte en un relato cambiante, manipulable, para tratar de burlas las responsabilidades.
Alergólogas denuncian que no se protegió adecuadamente a la población, y los datos del propio Instituto Nacional de Estadística (INE) hablan claro: un 40% más de muertes en La Palma durante los meses de la erupción. Y mientras todo esto ocurre, las actas y las grabaciones de reuniones científicas y políticas claves siguen sin entregarse a los vecinos. Los afectados piden saber la verdad. Piden justicia. Pero la Justicia calla.
Y lo peor de todo es que no investiga. Y cuando no hay justicia, no queda nada.
Este no es solo un artículo sobre una tubería ilegal o un volcán. Es un espejo. Un espejo incómodo que muestra cómo actuamos cuando lo perdemos todo. Cómo el poder actúa cuando tiene algo que perder. Cómo disfrazamos intereses privados de urgencias colectivas. Cómo nos aferramos a nuestro estatus, incluso cuando el precio lo paga otro.
Hay mucho que aprender de nosotros mismos. De cómo somos capaces de justificar lo injustificable. De cómo el dolor ajeno, cuando no nos salpica, se convierte en ruido de fondo.
Es hora de abrir bien los ojos. Porque si de esta tragedia no aprendemos a ser más justos, más valientes y más conscientes, entonces el volcán habrá ganado más de lo que pensamos.
