EDITORIAL DE EL VALLE
Se cumplen estos meses tres años de la catastrófica erupción en el Valle de Aridane y resulta asombroso cómo la verdad oficial sigue siendo una y la verdad de los damnificados otra. La de las instituciones públicas, la celebración de un éxito en gestión de emergencias. La de los afectados, la denuncia de un fracaso. Dos versiones de los hechos a día de hoy irreconciliables.
En EL VALLE, diario digital que edita la asociación Tierra Bonita gracias a los fondos del libro Las otras historias del volcán, llevamos más de dos años tratando de arrojar luz sobre por qué no se evacuó a la población antes de que erupcionara el volcán Tajogaite pese a las señales evidentísimas de que la erupción era inminente.
Hemos demostrado con múltiples testimonios que los afectados tuvieron que huir con lo puesto, temiendo por sus vidas, incluso sin poder poner a salvo sus animales, y hemos tratado de demostrar que la gestión del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA), como engranaje entre científicos y políticos, no funcionó porque falló a la sociedad civil cuando esta más lo necesitaba.
Sin asumir responsabilidades
Nadie se ha responsabilizado hasta ahora del estrepitoso fracaso de haber puesto en riesgo mortal a miles de personas y animales (de estos las asociaciones protectoras hablan de miles de muertes).
Desde la entrada en erupción del volcán a la activación del semáforo rojo, que estaba en amarillo (no hubo paso intermedio, el naranja), transcurrieron dos horas. Tanto el comité científico del PEVOLCA como el de dirección improvisaron, con una consigna: «sacar y alejar» a los afectados de sus casas, sin saber dónde tendrían que albergarlos.
Este alejamiento se convirtió en un martirio para aquellas personas afectadas que aún tenían tiempo para rescatar a sus animales y parte de su patrimonio. En días y semanas siguientes les dieron quince o veinte minutos, soportando una cola con gran angustia y sufrimiento, y a menudo sin medios de transporte.
El propagandístico éxito de un plan que fracasó
Nos encontramos, pues con que científicos y políticos han construido una verdad oficial que seguramente lograrán insertar en los libros de historia de este época.
Una mentirosa verdad que consiste en decir que gracias a la perfecta organización del plan de emergencia no hubo fallecidos en el momento inicial de la erupción. Y aunque después hubo una muerte, la de un vecino de Las Manchas, en los anales de la historia oficial quedará que se debió a la inhalación de gases pero sin responsabilidad alguna de los gestores de la emergencia.
Pero en EL VALLE no vamos a conformarnos nunca con la versión edulcorada de lo que pasó. Seguiremos en busca de la verdad, porque es lo único que evitará que en próximas erupciones haya una tragedia en coste de vidas humanas y de animales, y porque además es un compromiso ético al que nunca debe renunciar una sociedad madura, libre y democrática.
El riesgo político y el riesgo volcánico
La erupción del Tajogaite nos ha permitido observar una clara tendencia de las autoridades a gobernar para sus propios intereses, dejando de lado a la población afectada. Mientras los ciudadanos sufrían, las instituciones tomaban decisiones más enfocadas en no asumir riesgos políticos personalistas que en el bienestar de quienes lo necesitaban.
Ejemplos hay muchos. El más sangrante fue la decisión de no evacuar. ¿Acaso no quisieron las autoridades de entonces asumir los inconvenientes y la falta de preparativos para desalojar a miles de personas, o tal vez la de dejarse llevare por el esperpéntico temor a ser tachadas de alarmistas si, llevado a cabo el desalojo, luego no hubiera habido erupción?
Otro ejemplo doloroso fue el rescate de los podencos que quedaron aislados entre la lava en Todoque: durante días, las autoridades negaron la evacuación de los animales, hasta que (según hemos podido saber de buena fuente) voluntarios, desobedeciendo las órdenes, los salvaron, mostrando lo que significa realmente asumir riesgos por el bien común, en contraste con la inacción de los responsables.
Una muerte por la erupción
Aún más alarmante fue la muerte de una persona debido a lo que parece a todas luces un fallo en el control de acceso a la zona afectada. Si bien accedió con autorización, nadie se percató de que no había salido del área de exclusión hasta que la familia lo denunció y fue hallado asfixiado por gases tóxicos.
Este error en el control de quienes entraban y luego salían quedó silenciado, al igual que muchos otros. Cierto es que hubo una investigación judicial, sobre la que nunca se hizo público el auto del Juzgado, sino la conclusión de la juez acerca de que fue una muerte accidental por gases. ¿Pero se investigó qué falló en el protocolo?
También habría que tener en cuenta el precio que ha costado la falta de evacuación preventiva en términos de sufrimiento psicológico, que para muchas familias aumentó al no poder salvar enseres ni animales ni objetos personales.
Premiados por gestionar mal
Resulta especialmente más preocupante cómo, en lugar de asumir responsabilidades, las autoridades de entonces han sido premiadas. Paradigmático es el caso del entonces presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata, castigado por los votantes (la mala gestión en la catástrofe fue determinante para el cambio político tras las elecciones de 2023) y luego recolocado en el Gobierno canario como consejero.
O el caso de Noelia Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane durante la erupción, cargo desde el que apoyó a los afectados en su reivindicación de que se hagan publicas las actas y grabaciones con las deliberaciones de los comités científico y director del PEVOLCA en los días y horas previos al comienzo de la catástrofe, y que ahora, como comisionada de Transparencia, puesto adscrito al Parlamento de Canarias, las ha denegado.
Esto parece indicar que, a nivel político, el sistema establecido protege a quienes fallan y desampara a los ciudadanos. También podemos citar cómo el presidente del Gobierno canario durante la erupción, Ángel Víctor Torres, hoy es ministro.
Contradicciones y complicidades científicas
A esto se suma la actitud de muchos de los científicos que participaron en el seguimiento oficial a la erupción y en el asesoramiento a las autoridades. No salimos aún de nuestra perplejidad al escuchar a científicos del IGN e IGME reconocer públicamente que avisaron de que la erupción era “inminente” y luego retractarse sospechosísimamente cuando le han visto las orejas al lobo, es decir, al percatarse de que entre los afectados y personas solidarias con ellos algunos han atado cabos, pues en el protocolo del PEVOCLA, “inminente” implica necesariamente semáforo naranja y evacuación preventiva de la población en riesgo.
Científicos de INVOLCAN también han reconocido que era inminente. Y por parte del IEO se atestigua que todos los demás dijeron en las reuniones previas a la erupción que este adjetivo, “inminente”, fue la palabra más usada.
Nos duele constatar que conocidos vulcanólogos rechazan hablar de la gestión de la erupción de La Palma o pactan con periodistas las preguntas al respecto, para salir airosos. Ni un solo científico o político relacionado con el PEVOLCA ha tenido la humilde actitud de disculparse por no haber podido anticiparse a la erupción para alejar a la población del peligro.
La gente de ciencia, que debería ser el motor de la verdad, parece haberse alineado con el relato oficial. Ni un solo científico, funcionario o político ha quebrantado este aparente pacto de silencio sobre lo que realmente pasó en el Comité Científico y el Comité Director del PEVOLCA, y entre ambos órganos.
Reprobación de los afectados a los gestores de la emergencia
La práctica totalidad de las asociaciones de afectados ha reprobado esta gestión inicial de la emergencia, al punto de pedir que le sean retirados los premios, condecoraciones y homenajes a los responsables y miembros del PEVOLCA.
Y mientras tanto, la Justicia parece también haber comprado esta versión oficial sin cuestionarla, presumiendo la “buena fe” de los gestores de la emergencia. Nos referimos a la querella presentada por la Asociación Tierra Bonita, con apoyo de otros colectivos y la adhesión de cerca de una veintena de familias damnificadas.
El Juzgado de Los Llanos no investigó nada, la Audiencia Provincial no pidió reabrir el caso y ahora falta al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Negativa política y judicial a investigar
Nadie parece interesado en abrir, si quiera, una investigación, para aclarar de una vez por todas las muchas contradicciones y hechos sospechosos con relación a ese momento inicial de la emergencia. Los hemos ido contando todos en EL VALLE, tanto en la versión digital como en la versión impresa que se distribuyó en su momento, y que se puede descargar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1kzAprRlF6Iije2v-0_W2tQ7x5MnUslmP/view?usp=sharing
Es inconcebible que no se investigue a fondo la gestión de una catástrofe de estas dimensiones, la peor de Europa en el último siglo, y que puede volver a repetirse en un Archipiélago volcánicamente activo. Los daños podrían ser aún peores y más graves en el futuro, si lo ocurrido en La Palma pasara en Tenerife, o, en la propia Isla Bonita, de haberse producido la erupción aún más al norte, o hacia la otra vertiente.
Para colmo, científicos, funcionarios y gobernantes relacionados con PEVOLCA se las han apañado en estos tres años para denegar a los afectados, y a la opinión pública en general, las actas y grabaciones de las reuniones previas a la erupción, cuyo contenido podría sacarnos de dudas de una vez por todas; siempre, eso sí, que no sean manipuladas y se divulguen los documentos originales.
Grabaciones secuestradas por el silencio oficial
En junio pasado se abrió un pequeño resquicio en el Parlamento canario cuando el actual Gobierno canario, a petición de un grupo de la oposición (VOX) que reclamó las actas y grabaciones, respondió que la diputada solicitante podía acceder a esa documentación, la audiovisual (se reconoció que no había tales actas) aunque sin divulgarla.
Y eso supuso que por primera vez desde el Ejecutivo regional se mostrara cierta voluntad de airear esos documentos, hasta el punto de que anunció que había solicitado un nuevo informe al respecto, dado que en el pasado mandato el criterio de los técnicos es que se trata de información confidencial, no pública. Pero lo cierto es que a día de hoy todo sigue igual: secreto de estado, cero transparencia.
En resumidas cuentas, podemos decir que la verdad ha sido sacrificada hasta ahora por la comodidad política y los intereses de unos pocos. Y esto no solo es un insulto para los afectados del volcán, sino un riesgo para el futuro porque se pretende,de forma delirante, que la gestión del PEVOLCA pase a la historia como modélica y exitosa. En El VALLE seguiremos tratando de demostrar que no fue así, por convicción moral y porque creemos que la verdad, tarde o temprano, tiene que salir a la luz.
