La Asociación Tierra Bonita prepara ya con su abogado un recurso contencioso administrativo para defender en los tribunales que el Gobierno canario entregue a los afectados del volcán Tajogaite las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director el Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas previos a la erupción de 2021 en La Palma. Así lo ha anunciado su presidente, Francisco Rodríguez Pulido, quien asegura que la asociación, caso de que la Justicia en España no falle a favor de los damnificados, llevará este asunto al Tribunal Europeo.
El representante de Tierra Bonita se expresó así en el reciente Foro de Participación Ciudadana para la Reconstrucción de La Palma, donde impartió varias ponencias, y subrayó el compromiso de este colectivo ciudadano con la exigencia de que se esclarezcan los motivos por los que no se elevó el semáforo volcánico de amarillo a naranja y se evacuó a la población en riesgo antes de la erupción volcánica, pese a los evidentísimos indicios científicos de que el comienzo del proceso eruptivo era inminente.
La negativa oficial
Hay que recordar que hasta ahora las reclamaciones en este sentido ante el Gobierno canario y ante la Comisionado de Transparencia de Canarias han sido denegadas con el argumento de que las deliberaciones de los órganos del PEVOLCA son confidenciales y no de relevancia pública, criterio con el que discrepa Tierra Bonita.
«Es un trabajo arduo, pero vamos a hacer todo lo posible desde la asociacIón para reclamar esta documentación, que debe ser pública por transparencia de la gestión pública, y si hay que llegar al Tribunal Europeo, lo haremos», subrayó Rodríguez Pulido.
Planes «caducos» o no vigentes
A punto de cumplirse el tercer aniversario de la erupción, que comenzó el 19 de septiembre de 2021, el presidente de Tierra Bonita diagnosticó la necesidad de mejorar el PEVOLCA, pues es un plan «caduco» que reveló sus fallos al no evacuar a la población antes de la erupción, al tiempo que criticó que para esta catástrofe no estuviera – ni aún está- vigente el Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico.
La falta de evacuación preventiva antes de erupcionar el Tajogaite implicó mayores pérdidas materiales, al no poder muchas familias poner a salvo enseres, objetos personales y animales, al tiempo que les expuso a un grave riesgo para sus vidas y aumentó su sufrimiento psicológico.
Sin autocritica política y científica
Rodríguez Pulido, que es profesor de Física y Química jubilado, consideró que «es el momento de aprender de lo que pasó y eso no se está haciendo para que en el futuro la gestión de estas emergencias mejore».
De ahí que lamente que ni en los científicos ni en los políticos se haya producido una autocrítica, una «falta de humildad» con la que se ha tratado de imponer el relato oficial de que el PEVOLCA se aplicó bien, cuando en realidad los miles de afectados tuvieron que salir huyendo con la erupción ya iniciada, y solo la suerte quiso que no se produjeran víctimas mortales al explotar el volcán.
El Marco Sendai de la ONU
Por ello, defendió el Marco Sendai de la ONU, una referencia internacional para la reducción del riesgo de desastres firmado por 193 países y que, según remarcó en el foro, no se ha aplicado en La Palma.
Según ese marco , «los desastres no son naturales sino el resultado de la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza», por lo que un objetivo esencial es la alerta temprana a la población, cosa que no ocurrió en esta catástrofe, exponiendo a la población a un grave riesgo, «y duele que a día de hoy eso no lo reconozcan las Administraciones públicas».
Necesidad de una auditoría sobre la reconstrucción
En línea con esta crítica a la opacidad oficial sobre las actas y grabaciones del PEVOLCA, Rodríguez Pulido criticó también el proceso de reconstrucción por su lentitud, el exceso de burocracia, la falta de planificación y la escasa participación de los afectados para definir las decisiones políticas que les conciernen y su incertidumbre, el déficit de transparencia con los informes científicos sobre la situación de las coladas (temperatura, estabilidad del terreno, etc), además de cuestionables inversiones en obras públicas no prioritarias o sin vinculación directa con las necesidades de los damnificados
De ahí que reclame la conveniencia de realizar una auditoría sobre cómo se han empleado los cientos de millones de euros fondos públicos que ha recibido la isla para el proceso de reconstrucción, procedentes del Gobierno estatal y canario y de la UE. Su impresión es que podrían detectarse irregularidades en el empleo de esos dineros públicos.
Echa en falta también que no se haga una «sociología del desastre» para entender cómo ha impactado este volcán en la economía y la salud mental de los afectados.
Asimismo, muestra su preocupación porque parece haberse «desinflado» la capacidad de respuesta de colectivos de afectados en su día muy reivindicativos, pese a los problemas que aún aquejan a la población damnificada, en la que existen familias «que se están empobreciendo cada vez más».
