La Asociación Tierra Bonita ha solicitado por escrito al Gobierno canario la publicación del informe que, en junio de 2024, anunció que encargaría a sus Servicios Jurídicos sobre la reivindicación planteada por los afectados del volcán Tajogaite: poner fin al secreto de las grabaciones de las reuniones de los comités científico y de dirección del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) previas a la catastrófica erupción de 2021 en La Palma.
Este colectivo palmero sostiene que, once meses después, ha llegado el momento de que el Gobierno canario (formado por CC-PP-ASG y AHÍ) tome una decisión definitiva sobre la legítima reclamación de acceso a esta documentación.
La población damnificada, defiende Tierra Bonita, debe disponer de esta documentación, que es fundamental para esclarecer por qué no fue evacuada antes de que el volcán entrara en erupción, a pesar de los claros síntomas de que era inminente, tal y como han reconocido científicos del PEVOLCA tras la catástrofe.
“El acceso a esta información tiene un claro interés público, tanto por los efectos devastadores de la erupción en la población como por la necesidad de garantizar transparencia y confianza ciudadana en las instituciones responsables de gestionar emergencias de esta magnitud”, subraya la asociación en su escrito.
Promesas de transparencia aún no cumplidas
Tierra Bonita recuerda que, en junio de 2024, durante un pleno del Parlamento, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, se comprometió a garantizar la transparencia sobre el PEVOLCA, tras las quejas de una diputada de la oposición, Paula Jover (VOX), por la demora en responderle acerca de los motivos por los que no se han difundido estas actas y grabaciones.
En esa intervención parlamentaria, Miranda aseguró —para total sorpresa de los afectados— que no existían actas de esas sesiones del PEVOLCA (pese a ser obligatorias), aunque confirmó que sí existen grabaciones.
El consejero alegó entonces que informes técnicos emitidos durante la pasada legislatura, con el anterior Gobierno canario (PSOE-NC-Unidas Podemos y ASG), declaran confidenciales estas grabaciones. No obstante, explicó que pueden ser consultadas por diputados o funcionarios sin mayor problema, pero no por la sociedad en general.
El informe de nunca acabar
Al día siguiente, el viceconsejero de Cohesión Territorial, Aguas y responsable del área de Emergencias, el palmero Marcos Lorenzo, manifestó que había encargado un informe a los Servicios Jurídicos del Gobierno canario “para que especifiquen en qué condiciones puede darse acceso a la ciudadanía a esas grabaciones», pues, según sus propias palabras, «si una diputada puede, ¿cómo no van a tener derecho los vecinos y vecinas de La Palma?”
En diciembre de 2024, Jover protestó en otro pleno del Parlamento porque, seis meses después, nada se sabía de ese informe. A lo cual Miranda le respondió que los Servicios Jurídicos habían devuelto al Gobierno la solicitud debido a que “carecía de claridad formal y del carácter excepcional necesarios”, por lo que el Ejecutivo debía reiterarla con los ajustes requeridos.
“Así las cosas, lo cierto es que pronto habrá pasado un año, y ni el consejero de Política Territorial, ni el viceconsejero de Emergencias, ni nadie del Gobierno de Canarias han hecho público ese informe ni han entregado las grabaciones a la ciudadanía”, se queja la asociación palmera.
Hay que recordar que el director del PEVOLCA durante la época de la erupción fue Julio Pérez (PSOE), consejero de Justicia y Seguridad en el Gobierno canario de entonces (PSOE-NC-Sí Podemos-ASG), y el director técnico Miguel Ángel Morcuende, en la actualidad, con el PP, director general de Espacios Naturales en la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo autonómico, de la que es titular Mariano Hernández Zapata, quien fuera presidente del Cabildo palmero en la época de la catástrofe, y, por tanto, responsable del plan de emergencias a escala insular (PEINPAL).
Recurso en vía administrativa
Además, cabe destacar que Tierra Bonita presentó en enero de este año un recurso de alzada ante la Viceconsejería de Emergencias y Aguas contra la desestimación presunta (e incluso la falta de tramitación) de su solicitud.
En concreto, reclamó que se le entregaran las actas de los órganos colegiados del PEVOLCA y otra información no facilitada, a la que la Ley de Transparencia da derecho a la ciudadanía, en cumplimiento de la resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias, dictada en diciembre de 2022.
La asociación denuncia que “privar a la sociedad del contenido de esas deliberaciones del PEVOLCA solo aviva las sospechas de que se pretende ocultar una presunta negligencia al no evacuar a la población antes de la erupción, exponiéndola así a un grave riesgo para sus vidas y las de sus animales”.
Y pone de relieve que “solo el factor suerte evitó muertes de personas al explotar el volcán, aunque sí murieron mascotas y ganado, y se agravó el sufrimiento de los afectados y sus pérdidas, al tener que huir sin poder salvar enseres, objetos personales y animales”.
