Tierra Bonita muestra su rechazo a las modificaciones legislativas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 25 de mayo por el que el Gobierno canario y el estatal anuncian un acuerdo que, entre otras medidas, permite la declaración de la urgente ocupación de los bienes privados para proyectos de interés público así como obligar a las personas a demoler a su costa los restos de viviendas afectadas por la erupción de 2021 o incluso las que quedaron a salvo pero muy aisladas y sin servicios urbanos.
Especial preocupación expresa Tierra Bonita por la aplicación que pueda darse al modificación de Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, mediante la que se desarrolla un régimen específico para la declaración de ruina de las edificaciones afectadas por una erupción volcánica de 2021 ya que tras la catástrofe, y no habiéndose aclarado a fecha de hoy la situación de las segundas viviendas y las casas rurales y vacacionales afectadas, “supone una vuelta de tuerca sobre los derechos de los vecinos afectados”.
Según el texto publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en marzo pasado, y ratificado ahora por el Gobierno estatal en el BOE, como resultado de un acuerdo para resolver cuestiones competenciales entre las dos Administraciones, se añade a la Ley del Suelo canaria una nueva disposición adicional que obliga a los damnificados a demoler (a su costa) sus viviendas en las coladas cuando hayan sufrido daños graves en su estructura o que hayan quedado en lugares de difícil acceso o de recibir de nuevo servicios públicos cuando es potestad de la Administración dotar de dichos servicios.
Dispensa de la obligación de demoler al albur de la voluntad política
Solo quedarán dispensados de esta obligación las viviendas que los ayuntamientos consideren de manera discrecional que tienen «un interés científico, geológico o de vestigios de los efectos de una erupción volcánica», una dispensa que, a juicio de Tierra Bonita, queda «al albur de la mera arbitrariedad o capricho político y sume en una total incertidumbre e indefensión a las personas damnificadas».
De acuerdo con la nueva norma en vigor, una casa podrá ser declarada en ruina en cuatro supuestos: «a) cuando debido a la acción de la lava, el calor, las cenizas, los movimientos sísmicos, la fracturación del terreno o la emisión de gases se hayan producido daños a la estructura; b) Cuando sea imposible, por la zona en que se encuentre la edificación, la recuperación o el acceso a la misma; c) Cuando no sea posible la prestación de los servicios públicos esenciales. d) Cuando por cualquier causa sea imposible o se dificulte gravemente la recuperación de los usos para los que se construyó».
Esto supondría, a juicio de Tierra Bonita, que los damnificados tendrían que afrontar el enorme coste económico y logístico de demoler lo que queda de las viviendas, e incluso edificaciones intactas, en lugares además con complicado acceso, en medio del nuevo malpaís.
Declarar en ruina viviendas que se han salvado
Ha indignado mucho también a esta ONG que se declare en ruina viviendas que se hayan salvado y que no presentan problemas estructurales, por el hecho de que ahora acceder hasta ella sea difícil o que no pueda contar con servicios públicos, descartándose así de antemano el derecho de estos propietarios a que se les dé acceso a estos servicios urbanos, «dejando la ley de nuevo a criterios discrecionales políticos decidir cuándo esto es posible y cuándo no».
Otro motivo de inquietud es que se modifica el artículo 130 de la Ley de Suelo para facilitar la declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de proyectos de interés insular o autonómico, como los que se pretenden realizar en el Valle de Aridane.
Esto implica que, en los proyectos de iniciativa pública, «el acuerdo de aprobación llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de utilidad pública o, en su caso, el interés social, la necesidad de ocupación y la declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización del proyecto de interés insular o autonómico, teniendo el promotor, en su caso, la condición de beneficiario».
Acceso a científicos y espeleólogos, pero no a los legítimos propietarios
Tierra Bonita hace un llamamiento a la población afectada a asesorarse adecuadamente sobre las novedades legislativas que se van produciendo y se queja de «la constante improvisación de medidas» por parte de las Administraciones públicas «sin que realmente haya comenzado una auténtica reconstrucción, más de 17 meses después de acababa la erupción, y sin que se haya definido con un auténtico proceso participativo cuáles las diferentes alternativas de ordenación para ello y su viabilidad a corto o medio plazo».
“Quieren borrar de un plumazo, más de 200 años de historia vecinal», se queja esta asociación, que se pregunta «qué oscuro objetivo persigue dicha modificación cuando vemos que, mientras los espeleólogos deportivos y los científicos campan a sus anchas por los tubos lávicos marcando las zonas para el geoturismo sin ningún problema aparente con gases y temperaturas y con la connivencia del Cabildo, a los vecinos no les dejan entrar en sus propiedades a limpiar las cenizas, lo que nos hace sospechar que sin duda, tienen un plan trazado para expropiar de facto la zona afectada y entregarla al mejor postor”.
La promesa incumplida por Ángel Víctor Torres
Además, Tierra Bonita recuerda que basta revisar la hemeroteca para comprobar que la palabra del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, por la que se comprometió públicamente ante la ciudadanía y la sociedad española a que no se protegerían las coladas, sino que se daría prioridad a la reconstrucción y la vuelta de los vecinos, tiene menos valor que la ceniza del volcán ya que es una promesa que ha incumplido, a tenor del decreto ley publicado en el BOE.
Opina la ONG que “no son serios en sus planteamientos al imponer una Ley tan arbitraria e injusta que ataca directamente nuestra idiosincrasia y estilo de vida, y nos alarma además ver que no están considerando en absoluto que las Islas Canarias son un territorito volcánico, y que islas con vulcanismo activo como Tenerife, se tendrán que enfrentar a la aplicación de esta normativa y, entonces, será tarde, por el precedente de lo que estamos ahora viviendo en La Palma, dado que no es un hecho extraordinario un volcán en Canarias, en absoluto”.
