“Siento mucho tener que decirlo, pero La Palma es una isla donde todavía discriminatoria con las personas con movilidad reducida; ocurrió con la erupción y con el incendio forestal, y es penoso que en 2023 todavía estemos hablando de eso”. Es la contundente conclusión del portavoz de la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (ADFILPA), Miguel Ángel Rodríguez Rocha.
Con la vista atrás para analizar lo ocurrido con la emergencia volcánica de 2021, explica que una vez estallado el volcán “mucha gente con discapacidad se marchó por sus propios medios” y que los espacios habilitados para la población evacuada, como terreros o campos de fútbol, “no están adaptados para recibir a personas que tenemos movilidad reducida”.
A eso hay que añadir que en alguna oficina habilitada para ayudar a los damnificados no era accesible en silla de ruedas y tuvieron que ser atendidos en la calle.
«Nos preocupa que volvamos a sufrir lo mismo en futuras emergencias»
La falta de espacios y de viviendas adaptadas hizo que personas con movilidad reducida tuvieran que ser alojadas en residencias, “por lo que no solo abandonas tu hogar sin a tus seres queridos o acompañantes a quienes están acostumbrados en el día a día”. Lamenta que incluso los hoteles en general no están adaptados o tienen solo una o dos plazas adaptadas.
“El pasado pasado está, pero nos preocupa que en futuras evacuaciones por catástrofes esto se repita; lo ocurrido en la erupción con las personas discapacitadas no debería volver a pasar”, apostilla el portavoz de ADFILPA, para quien las medidas de apoyo a estas personas afectadas por la erupción “llegaron tarde y fueron insuficientes”, incluyendo las subvenciones para adaptar viviendas.
«La Palma es una isla donde aún sufrimos una situación discriminatoria»
En general, su denuncia se refiere al incumplimiento de la legislación de accesibilidad, que ya tiene tres décadas. “La Ley se la están saltando a la torera en La Palma, y lo que estamos pidiendo simplemente es que se cumpla”, remacha.
Su balance de la situación es negativo. Y apunta datos como que la inmensa mayoría de bares y restaurantes no son accesibles; también hay edificios públicos con este problema, y las Administraciones públicas organizan o subvencionan eventos a los que las personas en sillas de ruedan no pueden entrar.
“Hoy que tanto se habla de igualdad, lo que nos sigue ocurriendo a este colectivo es una discriminación”, sentencia, sin ambages.
«Se incumple la Ley de Accesibilidad y no hay sanciones»
Tantos incumplimientos de la legislación de accesibilidad se queda sin sanciones, pese a que la propia Ley de 1995 recoge un régimen sancionador.
También reclama mejoras en el servicio de transporte público y en la agilización de las prestaciones de la Ley de Atención de la Dependencia. “Tenemos que pedirle a los nuevos gobiernos que se pongan las pilas, para que esta isla no sea tan discriminatoria con nosotros”, concluye.
En cuanto a la Ley estatal de Atención a la Dependencia, si bien supuso un importante avance en derechos, el retraso en su aplicación (hasta el mundo de que muchas personas mueren esperando por recibir esa ayuda) y el tipo de prestaciones requiere, a su juicio, su modificación para actualizarla y mejorarla.
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