El vicedecano del Colegio Notarial de Canarias, Juan Antonio Riera, ha advertido de que «sin un plan de actuación de gran calado, coordinado y duradero por parte de las instituciones del Estado» para La Palma tras la erupción, el resultado a la larga «sería un fracaso», y puso de relieve que este desastre natural no tiene parangón: «Desapareció todo, hasta el suelo, los derechos; y es como si se hubiera abierto una fosa común adonde fue a parar todo en un amasijo irrecuperable».
Durante unas jornadas organizadas por el Colegio Notarial de Canarias y celebradas recientemente en Los Llanos de Aridane, Riera dejó claro que «en primer lugar, hay que solucionar el aquí y el ahora de las familias afectadas, para que puedan continuar su día a día» pero a renglón seguido dejó claro que «contentarse con eso, rendirse a esa ayuda inmediata y necesaria, supondrá que la actuación» de las Administraciones públicas fracasará.
A su juicio, «no es posible encontrar una solución individual, de cada uno de los afectados, o una solución colectiva aislada de los damnificados, porque el problema es de tal magnitud que exige una respuesta solidaria, nacional».
«NO PODEMOS DEJAR TAMBIÉN SEPULTADO EL FUTURO DE LA PALMA»
El hilo conductor de su intervención es que es necesario poner en marcha un plan de actuación y de gestión «unitaria, ágil e integral» en el que todas las Administraciones públicas actúen de manera coordinada, bajo una dirección, y así poder llevar a cabo a medio plazo la reordenación del conjunto de La Palma para que la isla supere las consecuencias de la erupción.
Y es que para este representante de los notarios del Archipiélago, lo que ocurra a partir de ahora ya no depende del volcán «sino de las personas, y de que no se quede sepultado también su futuro, por lo que hace falta encontrar una solución integral que genere confianza y optimismo para la economía de la isla».
Entrando en algunos detalles, Riera afirma que habrá que hacer uso de las expropiaciones, pero introduciendo modificaciones a los instrumentos legales ya existentes, porque ante una situación de emergencia como esta, tan excepcional «la utilidad pública y el interés social son incuestionables».
«EXPROPIAR EL SUELO CUBIERTO POR LAVA Y FUERA DE LAS COLADAS»
Según expuso el notario, se debe expropiar en primer lugar el suelo cubierto por la lava de este volcán, «porque si en esos terrenos no se puede hacer vida diaria, se garantizaría la protección de valores ambientales, paisajísticos y científicos de esa nueva realidad, incluso para que el futuro sea una fuente importante de actividad turística». «Pero eso no es posible hacerlo si no hay una actuación eficaz del Estado», apuntó.
Y en segundo lugar opina que se debe expropiar suelo no afectado por el volcán, para reordenar y transformar sus usos anteriores, ofrecérselo a las familias damnificadas, crear infraestructuras y suelo para industrias, agricultura… y construir viviendas y núcleos de población, «Con soluciones arquitectónicas que respeten la tradición y el ser de La Palma».
Todo este proceso, en su opinión, debe ser «contando con la voluntad de los interesados, permitiendo que puedan hacer su vida con una nueva vivienda, con nuevas iniciativas empresariales y que puedan verse resarcidos económicamente y vivir con dignidad».
Añadió el vicedecano la importancia de «buenas medidas fiscales que incentiven la inversión y permitan recuperar el tejido producto».
Si se hiciera todo según él ha esbozado, presagia que «se llegaría a buen puerto», porque, como añadió a modo de conclusión, «se trata de garantizar también el futuro de las generaciones que están por venir, algo que solo será posible si se afronta con la idea de la solidaridad» con La Palma.
Riera participó en las jornadas que organizó el Colegio Notarial de Canarias y la Fundación Notariado con el título «Ideas para el desarrollo sostenible de La Palma.(La oportunidad después del volcán)». Concretamente, su intervención tuvo lugar en la mesa redonda que fue moderada por Francisco Cantos Viñals, decano del Colegio Notarial de Valencia; y en la que también tomaron parte Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, decano del Colegio Abogados de La Palma; Beate Dorotea Ricken, decana del Colegio de Arquitectos de La Palma, y Carlos Celestino Lalanda, delegado territorial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife del Colegio de Registradores de España.
