La Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa, formada por familias de Tazacorte pequeñas propietarias de plataneras y apoyada por 32.000 firmas, reclama al Gobierno de Canarias que descarte ya de forma definitiva el trazado de esta vía que destrozaría sus barrios (Las Marinas, San Borondón y Las Cabezadas) y sus explotaciones agrarias, y elija sin más dilación una de las alternativas que mantiene en estudio desde inicios de verano pasado.
Este colectivo ciudadano, que además logró en junio de 2021 el respaldo de todos los grupos del Parlamento canario, sostiene que, tras más de medio año de espera, la toma de una decisión sobre un cambio de trazado «se está alargando en exceso», pues «el descarte de la alternativa que cruzaría por los barrios afectados, hubiese generado tranquilidad y sosiego en una población que lo necesita más que nunca, después del sufrimiento causado por la catástrofe volcánica».
De ahí que este grupo de afectados deje claro que este asunto deberá quedar zanjado en esta legislatura y que se mantendrá firme en su propósito de combatir este proyecto con todas las vías legales a su alcance. Por tanto, advierte que si prosigue sin tomarse una decisión o esta supone la destrucción de su modo de vida, «reanudará las movilizaciones» por una causa que juzga «legítima y justa».
«Será en ese caso la Administración pública la responsable de una nueva ‘Cuna del Alma’, esta vez en La Palma», avisa la plataforma, en alusión a la polémica construcción de una urbanización en la costa de Adeje.
A ese indeseado escenario se llegaría «no por la falta de buena voluntad, lealtad y probidad que ha demostrado este colectivo».
La plataforma agradece el esfuerzo realizado por la Administración pública, en particular la Consejería de Obras del Gobierno canario que encabeza Sebastián Franquis, en la búsqueda de alternativas, pero considera «ofensivo que a día de hoy, después de la demostración de forma firme, insistente y persistente del rechazo sobre la proyección de la vía sobre los barrios, que continúe la idea de acotar la vía o de realizar una suerte de macropuente en la zona, consideramos que si el mismo tiempo dedicado a tratar de imponer de distintas formas esta alternativa se hubiese dedicado al estudio de otras, la problemática se hubiese solucionado tiempo atrás».
La plataforma entiende que en cuanto a criterios de participación ciudadana «ha hecho todo lo posible a día de hoy, tanto en el fondo, como en las formas, manteniendo siempre una postura de lealtad y probidad hacia la administración y sus representantes y que desechar ese trabajo y postura vecinal supondría una declaración firme de rechazo hacia cualquier tipo de participación ciudadana, algo que no encaja con el espíritu de la reconstrucción de la isla, ni con el espíritu de los Gobiernos canario y español con respecto a La Palma».
La plataforma defiende que se encuentra avalada por más de 32.000 firmas, varias movilizaciones, incluyendo una concentración que superó el medio millar de participantes, así como una aprobación por unanimidad de una proposición no de ley en el Parlamento canario
De la misma forma, la plataforma cree que «no es necesario causar más daño en terreno productivo en el valle de Aridane, máxime en una zona con unas circunstancias tan delicadas como la que se proponía en un principio para el paso del tramo segundo de la vía, donde los vecinos fueron evacuados durante meses, alargando su sufrimiento desde el 19 de septiembre de 2021 hasta el día de hoy».
Además, con esta obra, tal cual está trazada, «se ataca particularmente el modo de vida de pequeños y medianos productores en la zona, muchos con su último terreno en pie tras la erupción volcánica, dejando además una cicatriz en la zona, con viviendas bajo puentes o viaductos, según los propios vídeos mostrados por la Administración, lo cual supone, más allá de un atentado paisajístico a un auténtico mar de plataneras abancaladas, un ataque directo al modo de vida y dignidad de los vecinos».
La plataforma entiende igualmente «insultante» una frase muchas veces recurrente en boca de algunos representantes públicos, la de «Cállense, se les va a pagar bien». Y es que, «afortunadamente, La Palma no es el París descrito en Los Miserables de Víctor Hugo y una limosna tirada al suelo no compensa nuestro arraigo durante generaciones en este lugar, ni siquiera daría certidumbre a ningún afectado, pues los plazos de reconstrucción de la zona productiva agrícola son cuanto menos lejanos».
De igual forma la plataforma sostiene que «de ningún modo se puede sostener la declaración de emergencia en toda la obra, pues no solo se ha reconectado ya el norte y el sur del Valle por la carretera de La Laguna a Las Norias, sino que el tramo uno de esta carretera de la costa será la segunda conexión ya entre ambas zonas, la cual además cuenta con los dos enlaces preexistentes a la erupción intactos, tanto por San Borondón en el pueblo de Tazacorte como por la bajada del barrio de La Laguna, haciendo innecesario a día de hoy un tercer enlace, aún más con estas afecciones, sin contar las futuras conexiones por la LP2 y la carretera de san Isidro, dando lugar a un total de cuatro conexiones en un futuro».
Tampoco considera la plataforma que esta obra encaje con lo dispuesto en el borrador del decreto ley para la reconstrucción, en el que “se especifica de forma clara, que de acuerdo con la Agenda 2030, se evitará la dispersión urbana y se encajarán las infraestructuras en el territorio de la forma más integrada posible, algo totalmente contrario al paso de una vía de este tipo (carretera C-70 con la mayor velocidad media de la isla, teniendo la futura LP2 una consideración de C-40) por mitad de las viviendas y destrozando el tejido productivo de la zona».
Por último, este grupo de vecinos y vecinas de Tazacorte pone una vez de manifiesto que «no se opone al desarrollo de la isla, ni a un posible cambio de modelo productivo, siempre que sea respaldado por los instrumentos democráticos vigentes, pero en ningún caso debemos caer en la falacia de la ventana rota: para construir no es necesario destruir».
