El Pleno del Parlamento canario ha aceptado por unanimidad la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Ley de Volcanes, pensada para proteger derechos de los damnificados por erupciones. Está promovida por afectados por la catástrofe de 2021 en La Palma y este paso supone el inicio real de su trámite parlamentario. La propuesta la defendió desde la tribuna de la Cámara Juan González Morín, quien, en nombre de la comisión promotora y los 20.000 firmantes, destacó que esta propuesta ha tenido que nacer de la sociedad civil «ante el fracaso de los partidos políticos» con la gestión de esta emergencia volcánica.
Todos los grupos parlamentarios mostraron su predisposición a debatir y consensuar esta ley, que cuenta también con el apoyo del Gobierno canario a su tramitación, aunque con reparos en algunas consejerías, como es el caso de las de Turismo y Hacienda.
El portavoz ciudadano agradeció a todas las personas que colaboraron en la elaboración del texto de la iniciativa y en la recogida de firmas, así como a quienes, residentes en todas las islas, han estampado su firma en el documento.
Juan González: «Fracaso político y burocracia deshumanizada»
Incidió en que ha tenido que ser la sociedad la que proponga esta ley por el «fracaso político» que se ha evidenciado con esta emergencia, pues, «ante la mayor catástrofe natural de Europa en el último siglo, no hubo unidad política».
«Una ley», enfatizó, «del pueblo y para el pueblo», que «parte del principio fundamental de que las personas deben recuperar el valor de lo perdido».
González se quejó de que para la reconstrucción los afectados llevan sufriendo una «dolorosa» y «deshumanizada» burocracia, la falta de plan de reconstrucción, la toma de decisiones políticas sin su participación y unas ayudas insuficientes.
Aunque valoró de forma positiva los decretos ley dictados en el último año por el Gobierno canario para la reconstrucción de las viviendas (una ya es ley aprobada por el Parlamento regional) y las fincas agrarias, defendió como «imprescindible» que se apruebe esta Ley de Volcanes
«No fuimos advertidos de la erupción»
«Muchos de nosotros no tuvimos la posibilidad de planificar la salida de nuestras casas, no fuimos advertidos a tiempo de la erupción», se quejó el portavoz de la comisión promotora, en alusión a que las autoridades no evacuaron a la población con antelación pese a las evidencias de que el fenómeno eruptivo era inminente.
Emocionado, propuso a los diputados, como ejercicio mental de empatía, que se pusieron en el lugar de los afectados y pensaran qué harían si les hubiera pasado lo mismo que a ellos, es decir, tener que dejar atrás sus objetos personales, sus enseres e incluso sus animales.
«¿Qué echarían en falta? ¿las fotos de su boda, de sus nietos, sus hijos, la caja de tea que les regaló su abuelo o aquel recuerdo que su madre guardaba?, interrogó, en uno de los momentos más emotivos, pero también de rabia contenida.
«Esperemos que con esta ley podamos empezar a ver un futuro para nosotros y para nuestros hijos y nietos, para que nadie vuelva a pasar lo que hemos sufrido las personas afectadas por esta catástrofe», apostilló.
«En sus manos», proclamó dirigiéndose a los diputados, «está recuperar la dignidad y esperanza de los afectados; no nos fallen; merece la pena recuperar el prestigio de la política».
PP: «Nos han hecho ver la falta de capacidad de la Administración»
El parlamentario del Partido Popular (PP) Jacob Anis Qadri Hijazo felicitó a los promotores de esta iniciativa ciudadana por «su esfuerzo en buscar soluciones, pues nos han hecho ver la falta de capacidad de la Administración pública para resolver» los problemas creados por la erupción.
Destacó que es una ley «que protegerá a todos los canarios» y que «arreglará» para futuras situaciones de este tipo «el exceso de burocracia y de diferentes posicionamientos políticos que han complicado todo, precisamente por falta de una norma de este tipo». «Cuantos menos cabos sueltos dejemos, mejor», remachó.
CC: «Los afectados han transformado un fracaso político en algo positivo»
En representación del grupo de Coalición Canaria (CC), Jonathan de Felipe Lorenzo puso de relieve que esta iniciativa ciudadana «nace de un fracaso político, que los afectados han transformado en algo positivo, una ley del pueblo».
Y llamó la atención sobre cómo la comisión promotora formada por afectados del volcán de La Palma «devuelven con gratitud a toda Canarias» la solidaridad que han recibido tras la catástrofe, impulsando una legislación válida para todas las islas, para que en el futuro en casos similares «se dé seguridad jurídica y soluciones». Y concluyó con la arenga de que los palmeros «no somos víctimas, sino una oportunidad».
AHI: «Canarias necesita una ley, pero mejor ninguna a que sea mala»
El turno de intervenciones comenzó los grupos de la oposición.
El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) Raúl Acosta afirmó que «Canarias necesita una norma específica que nos diga quién y cómo hay que actuar para reparar daños por erupciones» pero añadió que «debemos evitar duplicidades y contradicciones y encardinarla» en el marco jurídico vigente», porque, a su juicio, «es mejor no tener una ley que tener una muy mala».
ASG: «Una ley para dar respuesta inmediata a afectados por erupciones»
Desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Ramón Chinea, calificó la ILP como «una ley del pueblo, fundamental para conocer de primera mano qué tenemos que solucionar, por qué en una catástrofe no somos capaces de poner los medios adecuados para dar una respuesta inmediata a los afectados
PSOE: «Una ley para que ante erupciones futuras se responda de manera ágil»
Desde el PSOE, la diputada Alicia Vanoostende, exconsejera de Agricultura con el anterior Gobierno canario de izquierdas, elogió «la labor altruista» de quienes han propuesto esta ley, «que no va solo de La Palma sino de toda Canarias, habla de futuro y recoge el sacrificio y el sufrimiento que hemos pasado» en la Isla bonita con el volcán, «tomando esta experiencia, con sus errores y aciertos, para planificar que en el futuro se dé una respuesta ágil y certezas a los afectados».
VOX: «El Parlamento no debe vaciar de contenido la ley de iniciativa ciudadana»
El diputado de VOX Javier Nieto Fernández dijo que su grupo «recoge el guante» y, aunque no estaba en el Parlamento en la época de la erupción, ofrece «disculpas por la inacción de los políticos» denunciada por los damnificados.
Y abogó por que el articulado propuesto por iniciativa ciudadana «no lo vaciemos de contenido» con las enmiendas durante el trámite parlamentario.
NC-BC: «Hay que aprender de lo ocurrido para no improvisar en el futuro»
Por parte de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos agradeció que se trate de una ley «no del volcán de La Palma, sino dirigido al conjunto de Canarias», porque puede haber erupciones en otras islas, «y probablemente las futuras seguirán teniendo impacto en la población, por nuestra ocupación del territorio».
«Hay que aprender de esta experiencia y buscar soluciones para no improvisar en el futuro», apostilló.
El pleno contó con la asistencia, en el palco, de miembros de la comisión promotora de la ILP así como de cargos públicos de La Palma.
Los peros de varias consejerías del Gobierno canario a la ILP
El texto de la iniciativa legislativa no cuenta con la conformidad de la Consejería de Turismo del Gobierno canario, por no garantizarse su encaje en el marco jurídico, competencial y presupuestario vigentes y carecer de la suficiente participación ciudadana en lo tocante al sector turístico.
La Secretaría General Técnica del la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, también observa que el texto articulado de la ILP «carece de planteamientos novedosos», en especial, en materia de protección civil, pues ya están recogidos, señala, en la normativa vigente a escala nacional.
Por su parte, la Consejería de Hacienda advierte de que no puede haber referencias a medidas tributarias, porque están vedadas a la iniciativa legislativa popular. Además, previene de que la ILP de la Ley de Volcanes «excede de las competencias autonómicas en materia de protección civil, por lo que no se ajusta al marco constitucional de distribución de competencias».
Por último, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura cree que la propuesta de ley adolece de «falta de detalle o aportación de análisis basados en medidas concretas», lo que impide a este órgano técnico dar su «valoración».
