EDITORIAL DE ‘EL VALLE’
El Gobierno de Canarias ha anunciado que trabaja con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de su Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), «para mejorar la gestión de los riesgos que llevan asociadas las erupciones volcánicas que puedan darse en el Archipiélago».
Se trata del proyecto VOLCAN, financiado por la Comisión Europea,que, en palabras del Gobierno regional «permitirá modificar el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), así como elaborar mapas de peligrosidad volcánica de todas las islas».
Este anuncio viene a constatar, aunque no lo reconozca el Ejecutivo regional (como tampoco el anterior Gobierno autonómico), el fracaso estrepitoso que se demostró con el PEVOLCA en la emergencia de 2021 en La Palma, donde no se evacuó de forma preventiva a la población y los animales antes de que entrara en erupción el volcán Tajogaite, a pesar de las evidentísimas señales de que era inminente. Y una vez más recordamos que el PEVOLCA establece que cuando eso ocurre, hay que elevar la emergencia a nivel naranja y proceder a la evacuación general. No se hizo.
Argumenta el actual Gobierno regional que los mapas de peligrosidad volcánica que ha encargado «ofrecerán una representación visual de las áreas potencialmente afectadas por peligros volcánicos, serán una herramienta crucial para establecer escenarios, diseñar medidas preventivas, priorizar recursos, coordinar intervenciones durante las emergencias y aumentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos y los protocolos de actuación».
Todo esto viene a constatar, además, que la población de La Palma sufrió esta carencia de un mapa exhaustivo de peligrosidad volcánica, lo cual ya hemos denunciado en EL VALLE porque la catástrofe de 2021 llegó sin que la Isla Bonita tuviera aprobado su Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico. Y, desde luego, resulta inquietante que a día de hoy Canarias no tenga esta cartografía de peligrosidad con el grado de detalle que requiere un archipiélago volcánicamente activo.
Si el Gobierno canario y la comunidad científica se propone mejorar el PEVOLCA debería empezar por reconocer con honestidad, públicamente, los fallos que se cometieron en 2021 en La Palma.
Cierto es que eran otros gobiernos los que gestionaron esa emergencia (en el Cabildo palmero, el presidido por Mariano Hernández Zapata, del PP, que cogobernaba con el PSOE; y a nivel regional, el presidido por Ángel Víctor Torres, del PSOE, en pacto con NC, ASG y Sí Podemos Canarias). Pero no menos cierto que del actual Gobierno canario (integrado por CC, PP, AHI y ASG) también forma parte el propio Hernández Zapata como consejero de Transición Ecológica y Energía.
Un paso indispensable para los miles de afectados por la catástrofe palmera,y, en general, para la opinión pública canaria, es que se publiquen las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del PEVOLCA en los días y horas antes de la erupción en Cumbre Vieja.
Sólo así se podría clarificar cómo fue la toma de decisiones que condujo a que no se evacuara a la población antes de que erupcionara el volcán, y que, por tanto, los damnificados estuvieran expuestos a un grave riesgo de muerte y tuvieran que huir, muchos de ellos dejando atrás todas sus pertenencias, incluyendo sus objetos personales, y sus animales.
Algunas voces del Gobierno de Canarias se han mostrado a favor de que estas grabaciones se hagan públicas, como es el caso de Manuel Miranda, titular de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, quien en junio del pasado año desveló que, sorprendentemente, no existen tales actas (pese a que son obligatorias), pero sí las grabaciones.
Y anunció entonces que encargaría un informe técnico sobre esta cuestión, ya que los informes elaborados por el área de Seguridad y Emergencias en la pasada legislatura eran desfavorables, al entender que esta información no tiene relevancia pública, sino confidencial.
Pero a día de hoy, en 2025, la cuestión sigue igual: las grabaciones continúan guardadas bajo llave, a pesar de que los colectivos de damnificados las han reclamado de manera insistente. Miranda ha prometido transparencia, pero por ahora lo que continúa es la opacidad.
Un pacto de silencio en el que colaboran los científicos del PEVOLCA, ninguno de los cuales se ha salido del guión para defender que esas grabaciones se hagan públicas. ¿Acaso no se dan cuenta políticos y científicos que ocultándolas lo único que hacen es acrecentar las suspicacias sobre lo que ocurrió en esas reuniones previas a la erupción?
Han sido numerosos los científicos que han reconocido que sí advirtieron de que la erupción era «inminente». Usaron esa palabra en declaraciones públicas posteriores a la erupción. Algunos, ante la polémica suscitada, modificaron esta versión de manera escandalosa, como ocurrió con la entonces directora del IGN, María José Blanco, quien en el Parlamento regional en el año 2022 dejó muy claro que desde el sábado 18 la erupción era inminente y eso implicaba poner el semáforo en naranja, pero luego, cuando surgió la polémica, declaró en medios de comunicación que no había señales de tal inminencia. ¿Cómo es posible que no se investigue tamaña contradicción sobre un tema tan delicado?
Y lo mismo el Instituto Geológico y Minero (IGME), que, con un artículo firmado por 24 científicos, publicado en la revista Consorseguros a fines de 2021, argumentó con todo lujo de detalles cómo advirtió con 24 horas de antelación que la erupción sería al día siguiente; y luego, 14 meses después, cuando una asociación de afectados puso el foco en ese artículo, lo mandó retirar alegando que quien lo escribió, un científico del propio IGME, se inventó todo eso y lo mandó a publicar sin que antes lo revisaran los demás autores. ¿Quién puede creerse esa estrafalaria justificación dada por el IGME para recular?
Pero otros científicos de INVOLCAN y del IEO también reconocieron posteriormente que la erupción era inminente, y no se han retractado.
Ante tales contradicciones, ¿cómo en una democracia del siglo XXI es posible que el Gobierno de Canarias mantenga secretas las grabaciones que permitirían salir de dudas sobre si hubo responsabilidades o no? A ello se une que la Justicia ha desestimado las peticiones de abrir una investigación sobre las posibles responsabilidades penales.
Volviendo al proyecto VOLCAN, en el que también colabora el Instituto Geográfico Nacional (IGN), según ha explicado el Gobierno regional, contempla la formación de personal de Protección Civil e investigador y diferentes acciones divulgativas dirigidas a la población con el objetivo de que se familiaricen con el entorno volcánico en el que viven y conozcan los riesgos a los que se enfrentan y cómo actuar.
Como primera acción de este proyecto, Tenerife ha acogido esta semana las primeras jornadas de trabajo en las que el responsable del proyecto e investigador del IDAEA- CSIC, Joan Martí, ha compartido con científicos de diferentes entidades y personal de Protección Civil las líneas básicas de trabajo de este, los objetivos principales, los sistemas de evaluación de la peligrosidad volcánica a corto y largo plazo, así como las herramientas para los mapas de peligrosidad. Estas mismas jornadas se celebrarán en los próximos meses en las islas de El Hierro, La Palma y Lanzarote.
Precisamente Joan Martí declaró en el foro La Palma Opina que, si bien no intervino en el seguimiento directo del proceso eruptivo de 2021 en La Palma, “una semana antes” de la catástrofe asesoró al IGN, que le preguntó sobre las probabilidades de erupción; y, aplicando los métodos que se utilizan para estos casos, «los resultaron mostraron que era muy alta”, más del 80%.
“Todos los síntomas apuntaban a que habría una erupción, y también teníamos identificada la zona más probable de la erupción”, añadió el doctor en Geología, especialista en volcanología física y análisis multirriesgo.
Preguntado en dicho foro si se debió evacuar antes de la erupción, respondió que “decir si la erupción es inminente, muy probable o altamente probable es más una cuestión semántica, por lo que esperar a que los científicos digan que es inminente para cambiar el semáforo es erróneo; lo importante es contar con suficiente información para tomar las decisiones adecuadas”.
Y llegado a este punto el vulcanólogo catalán es claro: “Cuando existen indicios sólidos de que podría haber una erupción, la prevención suele ser más prudente que esperar a actuar después”.
Así las cosas, y ante el hecho impepinable de que continuará habiendo erupciones en Canarias, mucho tiene que cambiar el PEVOLCA y la forma de gestionarlo para que la ciudadanía pueda confiar en el tándem políticos-científicos.
No debemos olvidar que en La Palma la explosión inicial del volcán Tajogaite no causó víctimas mortales por una cuestión de mera suerte, de puro milagro, pero no porque el plan de emergencias funcionara. Quien diga lo contrario miente. Fue una erupción en la que se abandonó a su suerte a la población en sus casas.
