Elías Navarro, licenciado en Derecho y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa en Tazacorte, defiende modificar al menos 4 leyes nacionales para evitar el “agravio y la ablación de derechos” a los canarios en caso de resultar damnificados por catástrofes volcánicas como la de 2021 en el Valle de Aridane: Código Civil, Expropiación Forzosa, Hipotecaria y Seguros.
El portavoz del colectivo que Qogró frenar la construcción de la referida carretera por medio de sus plataneras y barrios defiende la modificación de al menos cuatro leyes estatales en las Cortes para que la recuperación socioeconómica de la población y la zona afectada por la erupción de 2021 en La Palma sea más rápida y garante de derechos, y además para que los habitantes de Canarias cuenten con esa protección para futuros desastres naturales de este tipo en el futuro.
Navarro, que oposita a juez, sostiene además que la legislación estatal debe modificarse porque el hecho de que no exista una regulación específica en España para estas catástrofes supone «una ablación a la dignificad del pueblo canario», siendo el Archipiélago el único territorio español con riesgo volcánico.
El Código Civil: la propiedad
La primera ley que, a su juicio, debe modificarse, es la del Código Civil, para que reconozca de forma expresa que la propiedad de los terrenos afectados por la lava es de propietarios del suelo que quedó sepultado.
Este jurista nacido en Argual (Los Llanos de Aridane) quiere aclarar que con ello no quiere decir que los afectados del volcán hayan perdido la condición de propietarios, sino que, al no estar expresamente plasmado en el Código Civil ni existir jurisprudencia sobre qué norma aplicar por analogía a una erupción, dejarlo explícito en la ley siempre es preferible a que no lo esté.
«Una discriminación a los canarios»
Las afecciones por catástrofes naturales a bienes inmuebles se encuentran recogidas en la Sección Segunda del capítulo segundo del título segundo del libro Segundo del Código Civil en los artículos 366 al 374, donde no se mencionan las erupciones volcánicas ni, por tanto, los derechos o la regulación sobre las propiedades afectadas, como sí ocurre en otro tipo de fenómenos geológicos.
La solución sería sencilla y en las Cortes se podría aprobar con consenso: bastaría, afirma, con agregar un artículo por ejemplo, el 366 bis, que reconociera que todos aquellos terrenos que se ven afectados por una erupción volcánica continúan conservando la titularidad el anterior propietario.
Desde su punto de vista, el actual marco jurídico encierra «una discriminación con el pueblo canario, un agravio comparativo con otro tipo de catástrofes, porque al final somos el único lugar con vulcanismo activo y no se nos protege en ninguna regulación específica en el Código Civil».
Ley de Expropiación Forzosa
Otra modificación legislativa que defiende Navarro es la de expropiación forzosa, que data de 1954. Por un lado, el cambio iría en el sentido de que deberían recibir una indemnización los terrenos que hayan quedado afectados por una erupción que constituyan el edificio volcánico o aquellos que tengan interés geológico especial, con la correspondiente declaración de interés estatal. Es decir, pasarían a titularidad del Estado previa compensación económica a sus dueños.
Por otro lado, en el caso de expropiaciones de terrenos que sepultaron fincas agrarias para construir infraestructuras públicas, este suelo debería ser indemnizado teniendo en cuenta su potencial productivo, en el sentido de que las explotaciones agrícolas se pueden reconstruir, dados los claros antecedentes históricos de que sobre la lava de anteriores erupciones, como la de volcán de San Juan en 1949, se llevaron a cabo sorribas y dio lugar a «Las Hoyas, una de las zonas de mejor producción de agricultura de toda Canarias».
Lava sobre plataneras que pueden reconstruirse
En este sentido, apunta que algunos informes técnicos de la Administración estatal no concuerdan con los informes elaborados por la propia Administración autonómica, «ya que la propia Consejería de Agricultura del Gobierno canario es la que promueve la recuperación sobre la lava de hasta 350 hectáreas de agricultura que sepultó el volcán».
Ley de Seguros: el terreno, también
Navarro también se hace eco de que hay «un clamor» entre los afectados del volcán para que se modifiquen tanto la Ley de Seguros como la Ley Hipotecaria, que data de 1946.
En el caso de la primera, hay que tener en cuenta que «las plataneras, en cuanto tierras agrarias, no se podían asegurar, de modo que quien las perdió no pudo cobrar indemnización, por lo que en Canarias sí se debería permitir esa posibilidad» de cobertura en las pólizas. Por eso, este jurista bagañete reivindica que «no solo se puedan asegurar inmuebles, sino todos aquellos terrenos susceptibles de cualquier tipo de explotación económica».
Ley de Hipotecas: condonación de deuda
En lo referido a las hipotecas, en este tipo de catástrofes «debería haber previsión legal de condonación de la deuda pendiente, cuanto menos en las primeras viviendas», ya que no parece justo que se siga pagando un crédito hipotecario por un inmueble que ya ha desaparecido bajo la lava. Máxime, apunta Navarro, «cuando hemos visto que hay muchas familias a las que se les han ofrecido soluciones provisionales que no ofrecen dignidad».
Dicho todo esto, considera que la “coyuntura actual, con la negociación para la investidura del presidente de la nación de por medio, abre un ventana para zanjar esta vetusta deuda con nuestro pueblo, equiparándonos con el resto del territorio nacional y dejando de lado este gran agravio comparativo donde se nos trata como ciudadanos de segunda”.
La Ley de Volcanes de iniciativa popular, una oportunidad
Por lo que respecta a la iniciativa legislativa popular de la llamada Ley de Volcanes, promovida por afectados de la erupción del volcán Tajogaite y ya a trámite en el Parlamento canario tras recabarse más de 19.000 firmas, opina que «es importante porque va a reconocer muchos de los derechos que están ahora en un vacío legal ahora mismo, y va a evitar que dependan de decisiones políticas lo que deberían ser derechos reconocidos» para quienes tienen la condición de afectado.
Y en el ámbito autonómico también cree que podría ser interesante alguna modificación en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para «dar facilidades a la hora de reconstruir y de los informes necesarios para establecer las construcciones o cambios de uso en zonas donde hayan habido erupciones volcánicas para darle una mayor agilidad al procedimiento».
