La Plataforma de Afectados por la Erupción de La Palma inicia el proceso de una Ley de Volcanes de iniciativa popular, para que sea la primera en aprobar el Parlamento canario tras las elecciones de mayo. Este colectivo ciudadano creará de inmediato una comisión promotora para la próxima semana presentar el documento ante el Parlamento autonómico, que deberá encargar un informe al Consejo Consultivo y luego daría un plazo de tres meses para recoger al menos 15.000 firmas. Se recabarán apoyos en toda Canarias
La Plataforma ha puesto en marcha ya la hoja de ruta para promover una iniciativa legislativa popular sobre la que ha denominado Ley de Volcanes, es decir, una ley frente a catástrofes volcánicas que reconozca el derecho de la población damnificada a su recuperación socioeconómica, con la reconstrucción de sus propiedades con arreglo al valor real de lo perdido, ante el vacío jurídico que existe en la actualidad, con una legislación que no está pensada para un desastre natural de esta envergadura.
Tras un acto de presentación de esta propuesta en el Museo Benahoarita, celebrado el pasado miércoles 22, el primer paso será la inmediata constitución de una comisión promotora, de la que formarán parte personas que representen diferentes casuísticas y sectores económicos.
Además, ya se dispone de un texto de partida para esa proposición de ley, susceptible de ser mejorado en su trámite parlamentario. Para su elaboración se ha contado con el asesoramiento del catedrático de Derecho Administrativo da la Universidad de La Laguna Francisco José Villar Rojas; el profesor de Derecho Constitucional de la ULL Antonio Domínguez Vila -ambos también especialistas en derecho urbanístico-; la abogada Guadalupe González Taño, experta en Derecho Administrativo; el presidente del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé; y el abogado de la plataforma, y secretario municipal, Octavio Manuel Fernández.
La plataforma prevé presentar la próxima semana la iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias, tras lo cual la Mesa de la Cámara autonómica la deberá remitir al Consejo Consultivo y, recabado el informe de este órgano, a continuación se autorizará la recogida de firmas, para lo que hay un plazo de tres meses, y se precisa de al menos 15.000 apoyos, que se recogerán en toda Canarias.
Este proceso tendrá en medio las elecciones locales y autonómicas, con la disolución de la composición del actual Parlamento canario y la formación de una nueva surgida de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. La intención de la plataforma es que la Ley de Volcanes sea la primera que se admita a trámite en la nueva legislatura, previsiblemente en septiembre, con las miras en que antes de que acabe el año sea aprobada por el Pleno de la Cámara regional, tras pasar por las fases parlamentarias de ponencia -en la que habrá un representante de la comisión promotora- y de comisión.
La necesidad de una nueva legislación para estos desastres naturales ya fue una de las conclusiones de la propia Comisión del Parlamento regional sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción de la isla de La Palma, cuyo dictamen, que se aprobó por unanimidad, recoge que la actual normativa vigente no da respuesta ni en tiempo ni en forma a las demandas de la población damnificada.
En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa se expone que lo excepcional de la situación originada por la erupción en La Palma— básicamente en tanto comporta la desaparición del suelo— exige una solución adecuada e igualmente excepcional que dé respuesta al reto demográfico, sociológico, habitacional, laboral, económico y medioambiental; y que fomente el reasentamiento y permanencia de los afectados en su entorno y la recuperación económica sostenible, respetuosa con el medio ambiente y el paisaje, así como optimice las expectativas de trabajo.
Entre otras medidas, el texto articulado que se propondrá reconoce el derecho de las personas afectadas por la erupción o sus efectos a que las ayudas que perciba
