EL EDITORIAL DE ‘EL VALLE’
De escandalosa puede ser tachada la negativa oficial, hasta el día de hoy, a que los afectados por la erupción de La Palma puedan conocer las deliberaciones científicas y políticas que condujeron a que no fueran evacuados antes del inicio de la catástrofe aquel ominoso 19 de septiembre de 2021. Negar tan elemental ejercicio de transparencia en una sociedad democrática produce bochorno. No solo indigna que esto ocurra con los gobernantes que representan a la sociedad sino que este secretismo cuente con complicidad de los científicos cuyo sueldo y medios también pagamos todos con nuestros impuestos.
33 meses después de aquella presunta negligencia en el Plan de Emergencias, la novedad es que el Gobierno canario actual (CC-PP-ASG-AHI) ha revelado que no hay actas de esas reuniones (ni del Comité Científico ni del Comité Director del PEVOLCA, el Plan de Emergencias Volcánicas), pero sí grabaciones.
En el muro que se ha construido para que miles de damnificados no puedan acceder a esta documentación, hay una pequeña grieta política, surgida sorprendentemente no por la presión de los 9 colectivos ciudadanos que han exigido conocer su contenido, sino por el pique político entre los partidos gobernantes con un grupo de la oposición parlamentaria, después de que una diputada (de VOX) reclamara esas actas y grabaciones y el Gobierno canario le haya tenido que reconocer que, como cargo público, tiene derecho a ver esos vídeos, aunque no pueda obtener copia.
Esta situación ha puesto en un gran brete al actual Ejecutivo regional, que, con algo más rubor que el anterior que formaban PSOE-ASG-NC-Sí Podemos Canarias se ha declarado partidario de publicar las grabaciones, aunque lo ha condicionado a que un informe técnico avale esta decisión y contradiga a los que se hicieron durante la etapa en que gobernó el Pacto de las Flores.
Pero en este editorial queremos poner el foco en los científicos. Ni uno solo ha declarado públicamente su respaldo a que los afectados del volcán Tajogaite puedan acceder a estas grabaciones. ¿Por qué quieren que no las conozcamos?
¿Qué dijeron en esas reuniones que no les interesa que la sociedad sepa cuál fue el criterio profesional de cada institución científica y cada miembro de ese Comité sobre el riesgo al que se exponía la población?
Porque a día de hoy no entendemos qué sacrosanto motivo puede estar por encima de los derechos de los afectados y de la sociedad en general a disponer de esta información, cuando la labor de esos profesionales (IGN, INVOLCAN, IGME-CSIC, IPNA-CSIC, IEO, las universidades públicas…) es posible gracias a los medios de que les dotamos con el dinero de toda la ciudadanía y para que los pongan al servicio de la sociedad que les paga. ¿Qué rara prebenda es esa que pretenden los científicos?
La rabia de los afectados es aún mayor si se tiene en cuenta que no han sido pocos los científicos (de INVOLCAN, IGME, IGN, IEO) que, cuando pensaban que nadie querría investigar lo que pasó realmente, reconocieron tras la catástrofe que en ese Comité del PEVOLCA advirtieron de que la erupción era “inminente”, la palabra clave que en el protocolo establecido en ese plan implica elevar el semáforo a naranja y evacuar a toda la población en riesgo, decisión que no tomaron los políticos.
Una rabia que alcanza un grado superlativo porque parte de esos científicos luego se han desdicho cuando han visto las orejas al lobo, es decir, cuando han observado que esto podría traerles problemas.
Especialmente escandalosos son dos casos que es necesario traer a colación por su gravedad. El primero es el de María José Blanco, en aquella época directora del IGN en Canarias, portavoz del Comité CIentífico antes, durante y, durante un tiempo, también después de la erupción, y entonces máxima responsable de la vigilancia volcánica en España.
Ante el Parlamento de Canarias, meses después de acabado el proceso eruptivo, en 2022, esta científica aseguró que el día antes de la erupción había unanimidad en que este fenómeno era inminente, y al ser preguntada por qué no se cambió el semáforo a naranja y se evacuó antes a toda la población, dio a entender que fue decisión exclusivamente política.
Ante la controversia generada, el día después de su comparecencia parlamentaria, Blanco matizó sus palabras para asegurar que todo se decidió de manera coordinada entre científicos y autoridades.
Y ya, mucho tiempo después, su versión acabaría con un sospechoso vuelco al afirmar en prensa que no había signos de inminencia. Sabemos que sí los había: sismicidad, gases, deformación apuntaban a una probabilidad muy alta cuando no se alejó a la población del peligro.
El segundo caso es el de 15 científicos del IGME-CSIC, que publicaron un artículo el invierno de 2021 en la revista Consorseguros (editada por el Consorcio General de Seguros), explicando con todo lujo de detalles, apoyados incluso en gráficos, cómo, en función de los parámetros medidos, avisaron a las autoridades, a Protección Civil y al Ejército el sábado 18 de septiembre de que en 24 horas se produciría la erupción.
Cuando 14 meses después la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán puso el foco en ese artículo para denunciar que no se hizo caso a los científicos, el IGME-CSIC divulgó un extraño comunicado, que no figuraba en su web ni redes sociales y que solo llegó a unos cuantos medios, en el que aseguraba que el autor de ese artículo, pese a ser de esta institución científica, no se lo dio a leer a los otros firmantes y poco menos que se inventó todo, por lo que pidieron su retirada de dicha publicación. ¿Puede haber explicación más peregrina y sospechosa?
Todo esto no ha avivado más que las suspicacias de la población damnificada por el volcán, y confiamos en que toda la sociedad abra los ojos sobre esta cuestión.
Si, como dice ahora el Gobierno canario, no hay actas de esas reuniones sino los informes ya conocidos, estaríamos ante una flagrante irregularidad porque el PEVOLCA recoge que tiene que levantarse acta escrita y grabarse las sesiones. Si nunca hubo actas, ¿por qué es ahora cuando se sabe, mientras que en la pasada legislatura, con el anterior Gobierno canario, lo que se argumentaba es que no debían ser públicas?
¿Por qué, desde la época de la erupción a la actualidad, hay una web del Gobierno canario donde se las llama “actas del Comité Científico” https://www.gobiernodecanarias.org/emergencias/planes-de-emergencias/pevolca_actas_comite_cientifico.html si en realidad son los informes diarios que hacía este órgano, y los publicados ni siquiera aparecen con los mínimos requisitos formales, firmados?
Si solo hay grabaciones, insistimos en cuál es la razón de que no se hagan públicas. ¿Por qué ningún científico de los que participaron en el Comité ha hecho un atisbo de crítica a la decisión de no evacuar? Es más, lejos de defender la transparencia, ha habido científicos que han justificado este ocultismo de las autoridades, haciendo pinza con los políticos en detrimento de las reivindicaciones sociales.
Así, en un coloquio en la ULL celebrado en 2022, con la participación de las científicas Inés Galindo Jiménez (IGME-CSIC), Alicia Felpeo Rielo (IGN), Raúl Pérez López (IGME-CSIC), todos ellos miembros del Comité Científico de la emergencia en La Palma, así como Montserrat Román, jefa de Protección Civil y Emergencias del Gobierno canario, y Pedro Miguel Roncero, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), todos asintieron cuando las dos primeras avalaron mantener esa documentación como confidencial.
Llegados a este punto nos preguntamos dónde está la ética de la ciencia, por qué se ha dado la espalda a estos principios deontológicos tan oportunamente defendidos después de la erupción por el médico Aldo González Brito y el químico Francisco Rodríguez Pulido en un manifiesto que hicieron público, con un llamamiento a la autocrítica e independencia de los científicos y la obligación moral de que se pongan al servicio de la sociedad.
Pero no duden todos los científicos que ahora callan complice o cobardemente, ni tampoco nuestros gobernantes, de que algunos colectivos ciudadanos, entre ellos la Asociación Tierra Bonita, persistirán en su empeño de que estas grabaciones sean públicas, y para ello adoptará las acciones legales que sean necesarias. No habrá brazos cruzados hasta que no se conozca la verdad de lo que pasó.
