Este colectivo de damnificados denuncia que los nuevos borradores transforman totalmente los que fueron negociados en múltiples reuniones la pasada legislatura y no responden, por tanto, a la voluntad de los afectados.
En un comunicado, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja reclama explicaciones al Partido Popular (PP) sobre los motivos por los que, cuando gobernaba en el Cabildo de La Palma, respaldó los borradores de los decretos ley para la reconstrucción de viviendas y fincas agrícolas destruidas por la erupción de 2021, así como la metodología participativa, y en cambio ahora acepta que esos documentos hayan cambiado «como de la noche al día y sin consenso alguno» con la población afectada por el volcán.
A juicio de este colectivo de damnificados por la mayor catástrofe volcánica de Europa en el último siglo, «el PP, ahora que cogobierna con CC en el Ejecutivo de Canarias, consiente que se desmantelen de manera injustificada las medidas ya consensuadas con los afectados en múltiples reuniones durante la pasada legislatura con cargos públicos y técnicos del Gobierno canario».
Pero es más, para esta asociación, «el PP y CC en el nuevo Gobierno autonómico se carga del todo la participación social que se había establecido como irrenunciable hasta ahora, porque, al menos, esta asociación no ha sido convocada ni escuchada para estos cambios radicales en los borradores que ya se habían negociado, los cuales, no hay que olvidarlo, ya trataban de garantizar un trato más equitativo y justo, sin dejar fuera a ningún afectado y recogiendo la máxima casuística posible”.
«Tras las elecciones de mayo pasado, de repente empieza a sonar que los borradores de los decretos ley eran inconstitucionales, pero nadie del actual Gobierno canario ha explicado a los afectados qué aspectos concretos de los documentos que se trabajaron en la pasada legislatura podían ir contra la Constitución», subraya la asociación.
Y añade: «Mucho nos tememos que ese argumento se ha aprovechado para hacer tabla rasa con todo lo anterior, sacándose de la manga soluciones que no compartimos, porque no han sido acordadas con los afectados, algunas ni siquiera nos parecen justas y otras parecen ser palos en el camino que necesitamos para rehacer nuestro proyecto y nuestro medio de vida en un tiempo razonable si no queremos caer en la desesperanza más absoluta».
Sobre la legalidad de los decretos ley elaborados la pasada legislatura, asegura que los servicios jurídicos de la asociación tienen otro criterio muy diferente, hasta el punto de poder afirmar que, si no se corrige el actual documento sobre la reconstrucción residencial y lo anunciado sobre el de la reconstrucción agrícola, este colectivo de afectados ya está estudiando seriamente impugnarlos, con recursos judiciales si es preciso.
FUTUROS 150 MILLONES SIN DESTINO ACLARADO
Por otra parte, la asociación pregunta a los socios de gobierno en Canarias, PP y CC, que aclaren en qué se van a gastar los 100 millones conseguidos en los próximos Presupuestos Generales del Estado para La Palma y los otros 50 millones anuales durante el próximo cuatrienio en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
«En qué se va a emplear todo ese dinero y cómo nos vamos a beneficiar los afectados es una respuesta que deberíamos tener ya, pero la realidad es que para nosotros es un misterio, porque el actual Gobierno canario no nos ha consultado cuáles son nuestras demandas a día de hoy», se plantea este colectivo.
