Las Administraciones públicas no hicieron sus deberes para prevenir y gestionar adecuadamente una catástrofe volcánica como la de 2021 en el Valle de Aridane, en la que el Plan de Emergencias (PEVOLCA) falló de manera estrepitosa al no evacuar a la población antes de la erupción ni ordenar el territorio conforme al riesgo volcánico. Y así ha quedado además constatado con la firma de un protocolo de colaboración entre el Gobierno canario y el CSIC, mediante el cual, entre otras acciones, se pretende realizar mapas de peligrosidad volcánica, que de manera sorprendente, aún no existen en Canarias, pese a ser fundamentales para prevenir y gestionar estas situaciones.
Esta cartografía, según un comunicado emitido por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para informar de este acuerdo con el Gobierno canario, «ofrece una representación visual de las áreas potencialmente afectadas por peligros volcánicos, son una herramienta crucial para establecer escenarios, diseñar medidas preventivas, priorizar recursos, coordinar intervenciones durante emergencias y aumentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos y los protocolos de actuación».
Un protocolo que confirma las deficiencias denunciadas por los afectados
Este acuerdo, firmado por el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Carlos Closa Montero, y el consejero autonómico de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina, viene a reconocer las deficiencias que desde el primer momento denuncian los colectivos de afectados por la erupción del Tajogaite.
Gran parte de estas críticas de los damnificados se centran en que no fueron evacuados por las autoridades civiles antes de la catástrofe, pese a que los científicos habían detectado señales de que el fenómeno era inminente.
Pero también han protestado por el hecho de que ninguna Administración pública les concienció sobre este riesgo volcánico desde años antes, cuanto menos para tener las propiedades aseguradas o saber que había indicios de reactivación magmática bajo Cumbre Vieja, porque además en la concesión de licencias de obras o la compra de propiedades tampoco recibieron ninguna notificación oficial de este peligro.
Todo este malestar reinante entre los afectados del volcán contrasta con la propaganda oficial que desde el minuto cero ha tratado de presentar como ejemplar la gestión de esta emergencia, con reconocimientos, premios, medallas a los responsables del operativo, lo cual no ha hecho sino acrecentar el enfado de los damnificados.
El fracaso del plan de emergencias
En este contexto, el protocolo firmado entre el Gobierno canario y el CSIC confirma precisamente la deficiente planificación de la protección civil por parte de las Administraciones públicas ante la que ha sido peor catástrofe de su género en el último siglo en Europa.
Basta leer que el acuerdo entre ambas instituciones «establece una colaboración estrecha entre ambos organismos para prevenir y mitigar los riesgos derivados de la actividad volcánica, facilitando el intercambio de conocimientos entre la comunidad científica, que posee un profundo entendimiento de los procesos naturales y geológicos, y los gestores y técnicos de emergencias, responsables de la toma de decisiones y la actuación sobre el terreno».
Joan Martí coordinará el proyecto
Dentro del CSIC hay voces más y menos críticas, pero una de las más independientes a la hora de valorar la gestión de la emergencia de 2021 es Joan Martí Molist, quien será precisamente el responsable del proyecto de elaborar los mapas de peligrosidad volcánica, encargado dentro del CSIC al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y concretamente Servicio de evaluación y gestión de riesgos naturales (NRAMS)
Entrevistado el pasado año por La Palma Opina en colaboración con EL VALLE, este vulcanólogo catalán destacó que una semana antes del inicio de la catástrofe informó al Instituto Geográfico Nacional (IGN) de que había ya «más de un 80%» de probabilidades de una erupción en Cumbre Vieja, y advirtió también de que no había mapas de peligrosidad volcánica pese a que son «fundamentales» para los planes de emergencias.
«Un error no evacuar», reconoce el vulcanólogo
Preguntado si se debió evacuar antes de la erupción, respondió que «esperar a que los científicos digan que es inminente para cambiar el semáforo es erróneo; lo importante es contar con suficiente información para tomar las decisiones adecuadas”. Y fue meridianamente claro al sostener que “cuando existen indicios sólidos de que podría haber una erupción, la prevención suele ser más prudente que esperar a actuar después”.
Martí también apreció «cierta descoordinación» entre los científicos que participaron en el plan de emergencias, porque «cada uno quiere ser protagonista de lo suyo, cada uno por su lado, y los mensajes no son lo confiables y sólidos que tendrían que ser, cuando estar coordinados es lo principal y los científicos tener una sola voz”.
Las acciones previstas con el nuevo protocolo de colaboración
En el comunicado oficial sobre el acuerdo firmado por el Gobierno canario y el CSIC, este investigador del IDAEA-CSIC señala que “supone integrar los resultados de la investigación científica sobre la actividad volcánica con la gestión de emergencias, promoviendo un diálogo esencial entre las personas expertas y las responsables de Protección Civil, que permite tomar decisiones informadas, optimizando la planificación y la resiliencia ante los riesgos volcánicos”.
Además de los mapas de peligrosidad volcánica, el protocolo contempla la elaboración de informes, la creación de grupos de trabajo, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, la formación de personal técnico e investigador, así como la organización de jornadas y seminarios sobre la reducción del riesgo volcánico.
El IDAEA-CSIC señala deficiencias en el PEVOLCA
En su comunicado, el IDAEA-CSIC sostiene que la erupción volcánica de La Palma en 2021 mostró la necesidad de mejorar aspectos del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA), como la transmisión de datos de las redes de observación al Comité Científico durante emergencias, el fortalecimiento del conocimiento científico sobre fenómenos volcánicos y la creación de protocolos específicos para el seguimiento de erupciones.
Marta López (IDAEA-CSIC): «En esta erupción faltó concienciación pública»
Marta López-Saavedra, investigadora del IDAEA y miembro del servicio NRAMS, subraya, además, cómo esta erupción evidenció “la falta de concienciación pública sobre los riesgos volcánicos y la necesidad de integrar una perspectiva multi-riesgo en los planes de emergencias, considerando posibles interacciones con otros peligros como terremotos, tsunamis o desprendimientos”.
De la nota de prensa del CSIC se desprende que la falta de mapas de peligrosidad volcánica no permitió concienciar adecuadamente a la sociedad sobre este riesgo antes de la erupción del Tajogaite, y se trata de un trámite que, como resulta obvio, no puede encargar la población más que a través de sus representantes políticos al frente de las Administraciones públicas. De hecho, es el actual Gobierno de Canarias el que lo ha encargado mediante este protocolo con la referida institución científica.
La irresponsabilidad de los políticos
Por ello, cuando López-Saavedra habla de «falta de concienciación pública» cabe suponer que se refiere también a que los sucesivos gobernantes no han hecho hasta ahora su tarea de crear esa concienciación con la planificación y la prevención del riesgo que exige un Archipiélago con actividad volcánica.
En este sentido, afectados por la catástrofe de 2021 en La Palma se muestran tan sorprendidos como indignados de que en la única región española con erupciones históricas se dé esta «irresponsabilidad política» de no contar con las herramientas de prevención bien engrasadas.
Por no haber, La Palma no tenía ni aprobado en el momento de la última erupción el Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico, del que solo había un borrador presentado en 2019, elaborado por la Universidad de La Laguna (ULL) por encargo del Cabildo palmero.
