La Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción Volcánica muestra su rechazo a la reciente modificación de la Ley del Suelo de Canarias que establece la obligación a los damnificados de demoler las edificaciones dañadas o aisladas dentro de las coladas, porque, tal cual está redactada la disposición adicional que se ha introducido, resulta «una inmoralidad» y es muestra de «falta de sensibilidad hacia los afectados». «El propósito oculto es crear un parque turístico vulcanológico para atraer a los turistas y construir nuevos hoteles», sostiene en un comunicado esta asociación.
La modificación de esta ley, publicada el pasado 15 de marzo en el Boletín Oficial de Canarias, permite la declaración de ruina de edificios daños gravemente por la erupción o que queden aislados, pero «ha agravado la inseguridad jurídica y la exclusión social de los damnificados».
Para este colectivo, la declaración de ruina «debe ser objetiva y no discrecional, con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos y evitar expropiaciones injustas». En el caso de esta modificación legislativa, la decisión de eximir de la obligación de demoler las viviendas dentro de la lava «queda en manos de alcaldías, científicos y funcionarios».
Aunque la disposición adicional a la Ley del Suelo estable que un Ayuntamiento puede hacer excepciones si la edificación tiene un interés científico, geológico o de vestigios de los efectos de la erupción volcánica, a juicio de la Iniciativa Ciudadana, «la realidad es que los proyectos turísticos del Valle de Aridane ya están decididos, y todas las medidas que están adoptando encajan en sus anuncios de cambio de modelo a costa del ciudadano».
Además, esa asociación opina que la medida de obligar a demoler es imposible de llevar a cabo legalmente: «La ley establece que los actos administrativos con contenido imposible son nulos de pleno derecho. En este caso, para declarar una edificación en ruina, los funcionarios públicos deberían acceder a zonas inaccesibles por la lava y emitir un informe técnico que valide la declaración. En segundo lugar, las edificaciones aisladas por la lava no representan un peligro para la población y, por tanto, no pueden ser declaradas en ruina. En tercer lugar, no está claro qué funcionario firmaría las autorizaciones para la demolición y cómo se llevaría a cabo el acceso a las propiedades. En cuarto lugar, la obligación de demolición sería de imposible cumplimiento para los propietarios, lo que hace que la ley sea manifiestamente ilegal y nula según la legislación vigente».
Llegados a este punto, este colectivo considera que estas » incongruencias administrativas y procedimentales pueden llegar a ser consideradas un delito de prevaricación y de dejación de funciones.
Gestión de catástrofes en otros lugares del mundo
La Iniciativa Ciudadana asegura que ha analizado varios casos similares a lo ocurrido en el Valle de Aridane en todo el mundo, como Hawái, Guatemala, L’Aquila, Nueva Zelanda, Tonga y Australia, «y no ha encontrado una gestión tan incompetente y deshonrosa hacia la población afectada como la de La Palma».
«En ninguna de las estrategias de reconstrucción analizadas se ha identificado una medida tan injusta», pues «en aquellos lugares que se enfrentaron a situaciones similares, se contrató a profesionales de empresas especializadas en la reconstrucción de catástrofes de reconocimiento mundial como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la ONU, pero en La Palma las autoridades no quieren expertos que sean testigos de sus planes de reconstrucción».
Por ejemplo, en el caso de Hawái y el volcán Kīlauea, «las autoridades están comprando las propiedades afectadas o perdidas a precios de mercado (entre 20.000 y 220.000 euros, según la tasación independiente) y para la primera y segunda vivienda, la vivienda turística y las parcelas afectadas». También en Hawái se dictó una ley contra la especulación del precio de la vivienda, los terrenos, los alquileres y los servicios básicos como alimentos, luz, agua, gas o la gasolina.
En esta isla estadounidense el Estado permutó terrenos públicos por los privados perdidos bajo el volcán. O las donaciones se transfirieron desde el gobierno a las más de 30 ONG locales para su reparto entre la comunidad afectada, ya que estas organizaciones no gubernamentales sabían dónde iba a resultar más efectivo el dinero donado.
