La Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por el Volcán denuncia «graves irregularidades» en la redacción y en la aplicación del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) y el Plan Insular de Emergencias de La Palma (PEINPAL), entre ellas el incumplimiento de levantar actas de las reuniones de los comités científico y director por la emergencia de la erupción del Tajogaite. Este colectivo palmero, que ve incluso indicios de presunta «prevaricación», impugnará estos documentos vigentes y, al exigir posibles responsabilidades, pone el foco en «los políticos, los científicos y los funcionarios».
Este anuncio se produce después de que el actual Gobierno canario (CC-PP-ASG-AHI) haya reconocido en el Parlamento autonómico que no existen actas de las reuniones del PEVOLCA celebradas antes, durante y después de esta catástrofe en el Valle de Aridane.
Además, el Ejecutivo regional mantiene por ahora la confidencialidad de las grabaciones de esas reuniones alegando que no son públicas por indicación de los técnicos, aunque sí podrá verlas una diputada de la oposición (concretamente de VOX) que ha pedido conocer esta documentación. El interés de los damnificados radica en defender sus derechos porque no fueron evacuados con carácter preventivo antes de la destructiva erupción.
«Obligación legal de levantar actas en el PEVOLCA»
Con respecto al PEVOLCA, la Iniciativa Ciudadana sostiene en una nota de prensa que el oficialmente llamado Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (CCES) «tiene la obligación legal de levantar actas, y, si no lo ha hecho, como así lo declaran, estarían reconociendo un manifiesto delito de prevaricación que venimos arrastrando» desde el pasado mandato político.
Así lo establece además -se precisa en el comunicado- el Anexo 18 del PEVOLCA que fija las normas de funcionamiento del Comité Científico, donde se recoge que el representante de la Dirección General de Seguridad y Emergencias levantará acta escrita, este mismo organismo grabará las sesiones, y durante la gestión de una emergencia se documentarán todas las acciones y decisiones tomadas.
«La misma obligación en el PEINPAL»
Por lo que respecta al PEINPAL, cuyos órganos dependen del Cabildo palmero, la Iniciativa Ciudadana apunta que se da también este incumplimiento, por lo que considera que presuntamente «prevarican al no levantar acta de un órgano colegiado, al negar la información a los afectados y al no tener criterio técnico experto en gestión de reconstrucción de territorios afectados por una emergencia volcánica».
Igualmente se queja este colectivo ciudadano de que la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias es «otro ejemplo claro» de que se «impone» un criterio sobre los gases volcánicos en Puerto Naos y La Bombilla «del todo arbitrario» y presuntamente «ilegal», «con consecuencias en la libertad de movimiento de los ciudadanos».
Impugnaciones
Tras estas consideraciones, la Iniciativa Ciudadana tiene previsto denunciar estos hechos ante el Ministerio de Interior, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias, y ante el Consejo Nacional de Protección Civil, al igual que impugnará el PEINPAL, el «oculto» PAIV (Plan Insular de Actuación ante el Riesgo Volcánico de La Palma) y el PEVOLCA.
En concreto, aducen «defectos de diseño» de este planeamiento, «ir en contra de las leyes de accesibilidad y de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y ser nulos de pleno derecho por defectos de forma y de ausencia de la participación de la ciudadanía en su elaboración».
Para esta agrupación de afectados del volcán, la catástrofe de La Palma está «desvelando el nivel de bajeza moral, de ponzoña y de hedor de la clase política y de unos funcionarios» presuntamente «corruptos», que se muestran «carentes de ética y de moral; propios de las repúblicas bananeras».
«¿Qué pretende ocultar el actual Gobierno canario?»
Tras la polémica por la negativa del Gobierno actual a mostrar las grabaciones del PEVOLCA pero reconocer el derecho de la oposición parlamentaria a visionarlas, el Ejecutivo regional ha anunciado que ha encargado un informe técnico para determinar si puede o no publicarlas.
Pese a ello, la Iniciativa Ciudadana se pregunta «qué oculta» el actual Ejecutivo autonómico y «qué le debe y a quién para negar la existencia» de las referidas actas y «por qué desvían nuevamente la atención del afectado encargando un informe de urgencia para que un tercero les diga lo que desea comunicar el que paga».
Y lanza además más preguntas incómodas al aire: «¿Dónde está la Fiscalía y por qué la sociedad civil y los medios de comunicación miran para otro lado y no se cuestionan el esperpento público que estamos viviendo los afectados en La Palma?.
«Las actas existían en 2022»
En 2022, en la comisión parlamentaria de de estudio sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en La Palma, «se evidenció la existencia de las actas del PEVOLCA», pues el Gobierno de Canarias (entonces el Pacto de las Flores: PSOE-NC-Sí Podemos-ASG) por escrito, negó entregarlas; y hasta científicos también han defendido esta negativa.
«Quizás», conjetura la Iniciativa Ciudadana, «por las sentencias judiciales tras la negligente gestión del terremoto de L’Aquila en 2009, en Italia, por la que siete científicos y el responsable político de protección civil recibieron una condena de cárcel».
«Hora de poner nombres y apellidos a los responsables»
Llegados a este punto, y comoquiera que es la primera vez que se reconoce oficialmente que no hay actas, la Iniciativa Ciudadana advierte de que «la omisión deliberada o la manipulación de documentos oficiales, la destrucción intencionada y la gestión irregular de fondos públicos, con el objetivo de alterar o impedir el control de la legalidad, ocultar la verdad o encubrir ilícitos, podrían considerarse delitos graves de prevaricación, falsedad documental, encubrimiento y malversación de fondos públicos, regulados en los artículos 404, 390 y siguientes, 451 y 413, y 432 del Código Penal español respectivamente».
Por último, este colectivo aboga por «poner nombres y apellidos a los responsables» de la gestión de la emergencia,»para que sea la sociedad y las urnas quienes los juzguen, ya que la Justicia está ausente».
