Sanciones de la Delegación del Gobierno estatal en Canarias de más 601 euros por desobedecer a la autoridad ya en fase de embargo de cuentas bancarias. Es lo que les está pasando a quienes participaron en una concentración vecinal el 20 mayo de 2023 en Puerto Naos para protestar por las restricciones de acceso a esta localidad turística y residencial, limitaciones por el CO2 a su juicio excesivas e injustificadas, tanto por los niveles de este gas de origen volcánico como por la no aplicación de medidas que lo mitiguen donde más se concentra.
También se han notificado sanciones por entrar en la zona de exclusión en otras ocasiones y en La Bombilla, aunque la mayoría de los casos de los que tiene conocimiento EL VALLE se refieren a esa concentración de ese 20 de mayo, que se desarrolló sin incidentes y en la que incluso algunos participantes se dieron un chapuzón en la playa de Puerto Naos.
Varias personas multadas han manifestado a este diario su disconformidad con la falta grave que esgrime la Delegación del Gobierno para sancionarlas, la de desobediencia a la Guardia Civil, ya que estos afectados aseguran que no se les impidió el paso y hasta voluntariamente se identificaron con el DNI.
Discrepancias con la versión oficial de los hechos
Estas mismas fuentes declaran a EL VALLE que los agentes no les advirtieron de la normativa ni hicieron parte policial, «y por eso aparece en las notificaciones que no quisimos firmar, cuando realmente no nos lo pidieron». «Se nos permitió pasar y estuvimos hora y media y salimos, todo fue pacífico», afirma uno de los multados.
Lo primero que recibieron fue la notificación de esta penalización económica firmada por el delegado del Gobierno, el palmero Anselmo Pestana. A quienes presentaron recurso, el expediente lo resuelve la delegada insular de la Administración del Estado en La Palma, aunque no hay opciones de una resolución a su favor, «porque es la palabra de los vecinos contra la de la Guardia Civil». Aunque aún en este caso queda un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior, con iguales opciones.
Embargo de cuentas bancarias
A los sancionados les está llegando ya el aviso de apremio y, finalmente, la orden de embargo de sus cuentas bancarias. Ya hay personas que las tienen embargadas.
La sanción es de 601 euros y si se paga voluntariamente se reduce a 300,5 euros. Según refiere un afectado, el embargo asciende a 721 euros.
Los multados confiesan sentir «indefensión», porque lo ocurrido se produce en el contexto de «una catástrofe, la peor de este tipo en Europa en el último siglo, y la nuestra fue una protesta pacífica contra unas restricciones severas que entendemos no se han ajustado a la realidad, una protesta en la que no hubo desobediencia a la autoridad como tal, y sin embargo es por lo que se nos multa, no por entrar en una zona de exclusión».
«Y te sientes indefenso porque el procedimiento sigue adelante aunque lo recurras, sin derecho a un contencioso, te ves con la cuenta embargada, y en eso Hacienda es una máquina inhumana; será la ley ordinaria, pero es que esto es una catástrofe extraordinaria y se echan en falta la empatía y ética con los damnificados», señala otro afectado.
Menor presencia policial pero persisten «presiones»
Hay quienes sostienen que el decreto de exclusión «no tiene base legal» y de hecho, durante el pasado mandato, con el gobierno insular presidido por Mariano Hernández Zapata (PP, en cogobierno con el PSOE) la Plataforma de Afectados Jaraco lo recurrió en vía judicial, sin que por ahora haya trascendido la sentencia.
Las fuentes vecinales consultadas por EL VALLE atestiguan que la presencia de la Guardia Civil ha disminuido últimamente. El día de la concentración de protesta se enviaron desde Tenerife unidades especiales de este cuerpo como refuerzo, lo que pareció fuera de lugar a los participantes, porque realmente «ni se produjeron incidentes ni nunca hubo intención de que los hubiera».
Sin embargo, estos afectados advierten de que continúan otro tipo de «presiones» a quienes han decidido volver a vivir a La Bombilla con sus hijos menores.
Prolongada evacuación
Hay que recordar que la evacuación de Puerto Naos y La Bombilla data del 19 de septiembre de 2021, tras la erupción volcánica (no hubo evacuación general previa al fenómeno eruptivo), y una vez apagado el volcán el desalojo continuó tras detectarse altas concentraciones de CO2 en algunas zonas.
Con el paso de los meses, la desesperación cundió en los desalojados, unas 1.300 personas, muchas de las cuales se quejaron de que el cierre sistemático de estos núcleos era excesivo y que no se adoptaban medidas paliativas como la ventilación mecánica de garajes y plantas bajas en Puerto Naos. Mientras, algunos vecinos se rebelaron y, medidor en mano, demostraban que en las plantas superiores el aire no era nocivo ni tampoco en gran parte de la playa.
Científicos que se desmarcan y piden menos restricciones
Es también lo que han concluido el médico Aldo González Brito, profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL) y miembro del grupo de expertos del Plan de Emergencias de La Palma (PEINPAL), y también lo ha sido del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA).
Igualmente ha defendido esta posición crítica el químico y profesor jubilado Francisco Pulido, quien en abril abandonó el citado órgano del PEINPAL, constituido por el Cabildo y del que forman parte instituciones científicas como el IGN, INVOLCAN y el IGME-CSIC, alegando la «inoperancia e ineficacia».
734 familias pueden ya volver y el efecto del «mensaje del miedo»
Ya en este nuevo mandato, con CC cn mayoría absoluta en el gobierno del Cabildo, desde el pasado año se ha producido un goteo de autorizaciones para regresar a los núcleos evacuados, otorgadas hasta ahora a 734 familias (solo 8 de La Bombilla y el resto de Puerto Naos), con datos oficiales publicados a finales de abril.
374 personas han firmado los protocolos necesarios para poder acceder a sus hogares y el Cabildo, en esa fecha, aseguró tener constancia de que unas 40 familias residen de manera permanente en las viviendas autorizadas.
Una de las quejas de Aldo González y Francisco R. Pulido es precisamente «el mensaje del miedo» que, critican, se ha transmitido desde las instituciones sobre el peligro mortal del CO2 en esta costa como un riesgo generalizado, cuando a su juicio tal peligrosidad solo se daba en determinados puntos. Una losa mental para Puerto Naos y La Bombilla que se está notando en que algunas personas que, aunque ya se les permite, no vuelven. Y ni que decir de los turistas.
El citado médico propone aumentar de 700 a 1000 ppm la concentración de CO2 admisible para autorizar el retorno, lo que reduciría al mínimo las viviendas desalojadas.
Pruebas médicas sobre el CO2
Como quiera que hay vecinos que llevan más de 10 meses residiendo en estos lugares, aunque no tengan permiso, Aldo González, con capnógrafos facilitados por el Cabildo, y la colaboración de la Plataforma de Afectados Jaraco, están realizando desde hace días pruebas para evaluar cómo el CO2 de origen volcánico afecta su salud, mediante la medición del CO2 exhalado desde sus pulmones.
Otra medida adoptada es la próxima reapertura del CEIP María Milagrosa Acosta García, en Puerto Naos, y también de locales comerciales, que contarán con medidas diferenciadas a las de las viviendas, según el Cabildo.
Además, se ha ampliado el horario para acceder a la playa de Puerto Naos, hasta las 20:30 horas, pero para acudir a este litoral es necesario contar con un código QR que se solicita a través de la web https://permiso.lapalma.es/Solicitud y tiene una duración de seis meses. Un método y unas limitaciones de acceso contra lo que también existen voces críticas entre la población de esta costa.
