La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán en Cumbre Vieja 2021 expresa su «decepción» e «indignación» por la forma en que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha tramitado y dado carpetazo a su investigación sobre la gestión de la emergencia volcánica de La Palma, al concluir que las Administraciones públicas han dado una respuesta «adecuada» y en «tiempo razonable» a los miles de damnificados por esta catástrofe.
Este colectivo, que representa a cientos de familias afectadas, sostiene que las conclusiones de Gabilondo, las cuales conocieron por la prensa antes de poder leer la notificación oficial, «distorsionan la realidad» de la gestión pública de este desastre natural y » dan oxígeno a la versión edulcorada que desde un principio quieren construir las Administraciones públicas, en lugar de fiscalizar una gestión que tiene muchas sombras».
Para la plataforma, el Defensor del Pueblo obvia «graves fallos» como la explosión del volcán sin antes haber evacuado de forma preventiva a la población, pese a los evidentísimos indicadores geológicos de la inminencia de la erupción; «pasa por alto la enorme tardanza» en la entrega de contenedores o casetas prefabricadas como viviendas provisionales; «decide ignorar» la falta de información de los afectados durante y después de la erupción sobre la situación y el futuro de sus parcelas; «nada dice» de la ejecución de carísimas infraestructuras por vía de emergencia sin la suficiente justificación; y da por buenas las cifras de tramitación de expedientes sin analizar el porcentaje de resueltos a día de hoy.
Pero es más, según la plataforma, Gabilondo reduce a «meras recomendaciones lo que precisamente debió haber señalado como graves deficiencias significativas en la gestión política de la emergencia», como es el retraso en la entrega de ayudas a quienes perdieron su única vivienda y todos sus enseres; la falta de iniciativas para reformar determinadas leyes para adaptarlas a catástrofes tan destructivas como esta (y permitir que los afectados puedan rehacer sus vidas con ayudas suficientes) y la demora de una nueva planificación del territorio cubierto de lava, la cual, para este colectivo, se ha hecho sin buscar una amplia y realmente informada participación de los afectados, que áun hoy ignoran cómo afectará a sus propiedades bajo la lava la ordenación territorial que el Gobierno canario prepara en sus despachos.
Dicho esto, la plataforma sostiene que Gabilondo «no ha realizado una investigación independiente de lo ocurrido, ni ha guardado unas debidas formas de imparcialidad», pues ya en junio permitió que la presentación del informe requerido a las Administraciones públicas se convirtiera en «un espectáculo» en Madrid en la sede de su institución, con rueda de prensa incluida de los respectivos presidentes del Gobierno canario y del Cabildo y del ministro Bolaños.
«Desde el primer momento», apunta este colectivo ciudadano, el Defensor del Pueblo “ha hecho valoraciones elogiando la coordinación y cooperación de las Administraciones públicas, en lugar de abstenerse de hacer juicios de valor mientras investigaba todo este asunto». En su visita a La Palma, en octubre, se reunió primero con las autoridades políticas y después con las asociaciones de afectados, que le hicieron llegar diversos informes con quejas y que posteriormente han recogido miles de firmas para hacérselas llegar sobre deficiencias en la gestión de la emergencia, las cuales, como ha podido comprobarse, «caen en saco roto».
La plataforma admite que en su visita a La Palma, dio un voto de confianza al Defensor del Pueblo, pues parecía empatizar con el sufrimiento y las demandas de la población damnificada, pero «se ha limitado a copiar las macrocifras estadísticas que le dan las Administraciones públicas, por las que parece haber quedado deslumbrado, y a lanzar un balón de oxígeno a los gobernantes y, lo que es peor, a contribuir a que la opinión pública tenga la falsa impresión de la catástrofe se está superando y disculpe los evidentes errores de gestión dándolos por inevitables».
Para la Plataforma, Gabilondo «parece estar más del lado de quienes dirigen las instituciones públicas que del pueblo afectado», una actitud que «desgraciadamente se traduce en que el Defensor del Pueblo nos deja desamparados y abocados a la vía judicial para defender nuestros derechos «.
El Defensor del Pueblo explica en un comunicado que, tras analizar la documentación y los datos recibidos de las administraciones -Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de La Palma-, las quejas recibidas y la información recogida en la visita a la isla el pasado mes de octubre -donde mantuvo encuentros con las administraciones implicadas, el Diputado del Común y las asociaciones de afectados- considera adecuada la respuesta administrativa ante la catástrofe provocada por el volcán Cumbre Vieja y, al tiempo, formula varias recomendaciones que ha hecho llegar hoy mismo, 9 de diciembre, a las administraciones.
El Defensor del Pueblo hace una serie de consideraciones y, a la vista de los datos de los que dispone, reconoce que se ha realizado un notable esfuerzo normativo, por la vía de urgencia, que ha permitido la puesta en marcha de un conjunto amplio de medidas de reparación y reconstrucción en todos los ámbitos afectados, “medidas que las distintas administraciones están aplicando y gestionando en tiempos razonables, sin perjuicio de que algunos aspectos o ámbitos de la respuesta normativa y administrativa presenten más obstáculos que otros para su materialización”.
También reconoce la institución que el volumen de recursos previstos y movilizados hasta ahora es muy significativo y “parece acorde con la gravedad de los daños acaecidos”. A su vez, el Defensor del Pueblo considera que las administraciones implicadas están actuando de manera conjunta y coordinada.
Según los datos ofrecidos por las Administraciones y recogidos por Gabilondo, las ayudas entregadas eran, a fecha 31 de octubre de 2022, de 577,21 millones de euros. De ellos, 259 millones han sido ayudas para viviendas y alojamientos para personas afectadas por la erupción. Y el resto para emergencia social y apoyo al empleo (88,99 M€), ayudas para empresas, autónomos y sectores económicos (84,34 M€) y otras medidas y ayudas -montaje desaladoras, fondo de garantía del riego agrícola…- (144,62 M€).
En esa misma fecha se habían recibido, en el Registro Único de Afectados, 7.860 solicitudes, de las que quedaban pendientes de tramitar el 3,36% (239).
No obstante, dice Gabilondo, «ante una catástrofe de esta naturaleza y dada la dimensión del daño producido, es comprensible que las personas afectadas puedan considerar las medidas adoptadas lentas e insuficientes”. Pero lo deja como una mera apreciación subjetiva de los damnificados.
Recomendaciones
El Defensor del Pueblo recuerda en su nota de prensa que hay que considerar en primer lugar a las personas afectadas y la difícil situación en la que se encuentran, tras haber visto destruidas sus viviendas y sus tierras, y que aspiran a reconstruir sus vidas y a recuperar la normalidad. En ese sentido, ha recomendado a las administraciones, en sus tres niveles -estatal, autonómico y local- que incrementen sus esfuerzos para resolver a la mayor brevedad las solicitudes pendientes, “especialmente las relativas a ayudas por la pérdida de la vivienda habitual” y aquellos expedientes que están pendientes, si es preciso, mediante el refuerzo de los medios materiales y personales y la detección y corrección de las causas que provoquen retrasos y dificultades en su tramitación.
La institución estima que la magnitud y amplitud del daño causado por la erupción del volcán, así como el número de afectados, y la trasformación de una extensa zona territorial, plantean desafíos que deben ser objeto de reflexión. Así ha dirigido al Ministerio de la Presidencia, la recomendación de “que se estudie la conveniencia y oportunidad de la adopción de un marco legal específico para las emergencias y catástrofes, vulcanológicas u de otro origen, de gran magnitud y capacidad destructiva, que transforman la configuración del territorio de manera permanente”.
Asimismo, con el fin de obtener suelo para las viviendas y actividades de las personas afectadas, el Defensor del Pueblo estima necesario, y así se lo recomienda a la Vicepresidencia de que Comunidad Autónoma de Canarias que apruebe cuanto antes las normas que establezcan la nueva ordenación urbanística que permita afrontar las consecuencias sufridas en el territorio por la erupción volcánica. Y que lo haga lo más ágil y rápidamente posible, atendiendo a las necesidades de la población afectada.
