El Gobierno de Canarias ha dado marcha atrás a una de las condiciones que ponía en el borrador del decreto ley para la reconstrucción de las viviendas a los damnificados por la erupción volcánica. Se trata de la prohibición de vender o ceder el uso en un plazo de 10 años la parcela urbanizada que los afectados por esta catástrofe recibirán a cambio de entregar a la Administración autonómica la parcela urbanizada o urbanizable que sepultó la lava en 2021.
Este requisito figuraba en el artículo 15, dedicado a los «deberes de los beneficiarios», que decía así: «Una vez adquirida de forma efectiva la parcela urbanizada en el ámbito de recuperación de la situación de normalidad residencial, la misma no podrá ser objeto de transmisión intervivos, ni de cesión de uso por cualquier título en caso de vivienda habitual, en un plazo de 10 años a partir de dicha adquisición. El cumplimiento de este deber se hará constar en cualquier escritura pública que tenga por objeto dicho inmueble».
Pero en la reunión pública con personas afectadas celebraba en El Paso este lunes 13 de febrero, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno canario, José Antonio Valbuena, ha aclarado que esta prohibición se eliminará del decreto ley, según han confirmado testigos presenciales.
Se trata de una reivindicación planteadas desde asociaciones de afectados por la erupción de 2021, ya que suponía una restricción que no consideraban justificable, teniendo en cuenta que la parcela urbanizada sería una permuta con el suelo anterior.
El decreto ley se encuentra en fase de consulta a la sociedad, quienes pueden presentar ahora sugerencias y alegaciones, con el compromiso del Ejecutivo regional de que no lo aprobará sin antes contar con un «un amplio acuerdo y consenso» con la población damnificada.
