EL EDITORIAL DE ‘EL VALLE’
La catástrofe volcánica de La Palma ha demostrado que no solo nuestra legislación, sino tampoco nuestros gobernantes, están preparados para posibilitar una rápida y digna reconstrucción de viviendas, fincas agrarias e infraestructuras con que los damnificados puedan volver a tener un proyecto de vida en un tiempo razonable, que en la existencia de las personas, sobre todo las de avanzada edad, siempre debe ser el menor posible, o nos adentramos en el terreno inmoral de la injusticia.
El Gobierno canario terminó de entregar las viviendas provisionales a los afectados un año después de terminada la catástrofe, en diciembre de 2022.
Se trata de casas prefabricadas de madera o contenedores de metal, una solución que hubiera sido encomiable si se hubieran entregado, a lo sumo, un par de meses después de terminada la erupción, pero no un año después, que es en realidad el plazo en que debieron estar edificadas las viviendas definitivas.
Tristes barrios provisionales de metal y madera
En estos tristes barrios de madera o metal sin ningún tipo de mobiliario o zona verde urbana añadida, cuyo llamativo coste total aún nos deja muchas dudas en el aire, los adjudicatarios van a estar tres años, prorrogables a cinco.
Los afectados del volcán quisieron tener esperanza en que la construcción de sus viviendas de protección oficial definitivas fuera ágil, pero un escepticismo generalizado, por la tradicional lentitud burocrática, se ha ido apoderando de todos.
Un coste en el punto de mira
Es vox populi que los contenedores y las casas de madera han salido caros y que podía haber otras opciones en el mercado más económicas y rápidas. Es un asunto que debería ser adecuadamente fiscalizado.
Han pasado casi dos años y medio desde el final de la erupción y no se han construido las viviendas definitivas. Era de esperar, tal como funciona la lenta maquinaria de las Administraciones públicas, pero por un momento se quiso tener una ilusión, que rápidamente se desmoronó.
Los solares para las viviendas protegidas
El decreto ley aprobado por el Gobierno canario en marzo pasado habilitó 15 parcelas en ocho municipios para promociones de vivienda pública: tres solares en Los Llanos de Aridane, tres en El Paso, dos en Mazo, Barlovento y San Andrés y Sauces, y uno en Puntallana, Tijarafe y Puntagorda.
Los damnificados por el Tajogaite cuya vivienda fue destruida total o parcialmente por la colada recibirán estas casas en régimen de propiedad, sujetas a un régimen de protección durante 30 años. Pero en compensación deberán ceder la propiedad de la parcela afectada por la erupción.
Quienes no han pedido viviendas de protección oficial y se acojan a reconstruir en el mismo sitio donde la perdieron, sobre las coladas del volcán, también son víctimas de la indecisión política y la burocracia, no solo del volcán.
Dos gobiernos autonómicos
Han tenido que pasar dos gobiernos de Canarias y casi dos años y medio para que exista una legislación, resultado de un decreto convertido en ley por el Parlamento regional, la «Ley de medidas territoriales y urbanísticas para la recuperación económica y social y reconstrucción de La Palma», aprobada en mayo por el Parlamento regional, para empezar a saber dónde pueden reconstruir y dónde no.
Una ley que, sin ficha financiera, añade incertezas y muchas dudas, y se corre el riesgo de una generación perdida que difícilmente va a encontrar solución habitacional, máxime si se tiene en cuenta que el problema de la falta de vivienda protegida ya lo era antes de la erupción, que ha venido a agravar aún más la dificultad de los palmeros para ejercer su derecho al acceso a una casa.
Y no será hasta esta semana en que el Parlamento regional, previsiblemente, comience el trámite de la Iniciativa Legislativa Popular de la Ley de Volcanes, promovida desde La Palma y avalada por 19.000 firmas de todas las islas. Nueve meses después de registrada, el Pleno de la Cámara regional debatirá y votará este asunto en el orden del día. Si no se le da prioridad, su tramitación puede eternizarse.
A la espera de la ejecución de 150 millones en 2024
Para la reconstrucción se anunció para 2024 un total de 100 millones de euros presupuestados por el Estado y otros 50 en las cuentas autonómicas. Mediado ya el año, aún son una incógnita muchos detalles sobre en qué, cómo y con qué plazos se van a emplear.
Más lenta la gestión político-burocrática que el enfriamiento volcánico
Obviamente, la situación del terreno por el riesgo volcánico residual tras la erupción impone unas limitaciones y unos ritmos, pero ha sido más lenta la ineficacia política en planificar si se reconstruye o no en la misma zona, en decidir qué se protege por sus valores geológicos o cómo se compensa a los afectados, que el propio enfriamiento de la lava.
Permitir de forma genérica que solo en coladas de lava de no más de 10 metros de espesor se pueda reconstruir deja además a muchísimos afectados en una total incertidumbre.
Obras públicas cuestionables tas la erupción
Lo único rápido ha sido la construcción de grandes carreteras como la que une La Laguna y Las Norias. O la carretera de la costa, cuya necesidad y gasto de 40 millones han sido cuestionados por no pocas voces.
En este sentido, cabe alertar también de la tendencia a usar esta catástrofe para sacar adelante proyectos privados y públicos de dudable o directamente nulo interés general para la isla, aunque así nos lo vendan, dando a entender que no hay alternativas para generar empleo en la isla.
También está en el punto de mira la obra que el anterior gobierno del Cabildo palmero realizó por vía de emergencia atravesando la mayor de las fajanas nuevas creadas por el volcán con una tubería y una pista de acceso sin autorización de la Dirección General de Costas, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, para poder ocupar con tal infraestructura el domino público marítimo terrestre.
Actuación que los funcionarios estatales consideran una infracción merecedora de una sanción de 1,7 millones de euros, que, si finalmente se impone, tendrán que salir de los bolsillos de todos los palmeros.
La participación ciudadana real, asignatura pendiente
Este desastre natural, pero también desastre de gestión política, nos ha dado igualmente la medida de los insuficientes cauces que tiene nuestra sociedad para que las decisiones políticas se ajusten realmente a las necesidades y deseos de los afectados. Una vez más, el dirigismo político ha imperado sobre la participación ciudadana.
El anterior Gobierno canario preparó durante meses y meses, con un proceso participativo que nunca fue realmente tal, unos decretos ley que no tuvo el valor de aprobar antes de las elecciones, y el Gobierno canario actual los modificó sustancialmente sin tampoco el valor político de propiciar una auténtica participación de los afectados.
Y para más inri, presuntas estafas de constructoras
A todo este panorama hay que unir las presuntas estafas de que están siendo víctimas familias de afectados por el volcán que confiaron en constructoras para reedificar sus viviendas en otro lugar.
Recientemente, EL VALLE ha publicado el alarmante caso de 12 familias a las que una empresa de Tenerife ha dejado tiradas, tras adelantarle entre 25.000 y 70.000 euros, asunto que varios afectados han denunciado mediante querellas penales y demandas civiles sobre las que ya se han abierto diligencias en los Juzgados.
Se comenta además entre los damnificados que hay otros casos más, aunque no han trascendido aún.
Sobre estas denuncias, cabe desear que la Justicia sea rápida y contundente, y que las Administraciones públicas hagan todo lo que legalmente puedan para ayudar a estas familias denunciantes, quienes, al drama de perder su vivienda sepultada por la lava, se ven ahora con el añadido drama de que han perdido el dinero que habían podido reunir, de indemnizaciones de seguros y ayudas públicas, para intentar tener un nuevo hogar.
El resultado de todo lo expuesto es una decepcionante respuesta de nuestros poderes públicos para posibilitar soluciones definitivas a los damnificados en catástrofes volcánicas, y, además, no menos preocupante es que determinados movimientos sociales callen sobre todas estas cuestiones, un inquietante indicador de una sociedad civil que flaquea a la hora de organizarse y tomar la iniciativa de la reconstrucción.
Miedo, silencio y presiones
El miedo a criticar, la politización de todo (incluso de personas que, desde el ámbito ciudadano, debían defender con independencia los intereses de los damnificados gobierne quien gobierne) y las presiones de ciertos políticos, aliados con poderes fácticos, están haciendo mucho daño a La Palma.
En resumidas cuentas, y retomando el título de este editorial, nos acercamos ya al tercer aniversario de la erupción sin que se resuelvan de modo definitivo cuestiones tan sangrantes como la de la vivienda. Ni siquiera se ha puesto la primera piedra definitiva.
