Convocan un «encuentro vecinal» para este sábado en Puerto Naos, con la incertidumbre de si habrá despliegue policial

Este sábado 20 de mayo, el día después de cumplirse 20 meses de evacuación para 1.300 familias,  se celebrará un «encuentro vecinal» en Puerto Naos y La Bombilla, en el que se volverá a reivindicar el derecho a acceder a las viviendas, tras este prolongado desalojo que mantiene el Cabildo de La Palma alegando altos niveles de dióxido de carbono (CO2), decisión que tiene recurrida en vía judicial la Plataforma Jaraco.

Este acto tendrá lugar a las 9:00 horas en la rotonda situada frente al colegio Milagros Acosta Martín, de Puerto Naos, y se produce en una semana en que la referida plataforma de afectados ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias medidas cautelares urgentes para que levanten las restricciones sistemáticas de acceso a viviendas y negocios, y se establezca una zonificación, ya que aportan un informe del químico Francisco Rodríguez Pulido que ve posible modular o flexibilizar las restricciones sistemáticas que impone el decreto recurrido en los juzgados.

Incertidumbre sobre si habrá o no despliegue policial

La Plataforma Jaraco expresó este sábado 19, víspera del encuentro, su incertidumbre sobre cuál será en esta ocasión la actitud de la Delegación del Gobierno respecto a la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta reunión de vecinos, y si permitirá el normal desenvolvimiento de los que allí se personen.

Este colectivo alega que el artículo 19 de la Constitución reconoce el derecho a la libre circulación, de modo que si se envían policías para impedir este acto «sería la prueba más fehaciente de que quienes gobiernan no quieren el bien del pueblo, sino el de su propio interés», afirma en un comunicado la plataforma, que «ha pedido amparo» al Juzgado de Los Llanos de Aridane.

Arguyen estos vecinos que ningún juez ha ordenado esta evacuación y que «no existe rigor científico, ni jurídico, ni técnico para mantener esta emergencia ni las propiedades desalojadas».

«Si [este sábado]se desplegaran fuerzas del orden como coacción hacia  los propietarios de Puerto Naos y La Bombilla, quedaría demostrado que verdaderamente no sólo llevan mintiendo desde el minuto uno, sino que es el propio pueblo quien tiene que mandarlos a su casa el 28 de mayo, como muestra de rechazo a tanta vulneración de derechos fundamentales, una opresión que no merece un pueblo golpeado por un volcán».

Más gases que en Vulcano (Italia), según INVOLCAN

El desalojo de Puerto Naos y la Bombilla lo ha decretado el Cabildo de La Palma, con la recomendación del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) y del comité del Plan Insular de Emergencias de La Palma (PEINPAL), aplicando, según los informes divulgados, el principio de precaución debido a la presencia de concentraciones de CO2 de origen volcánico que pueden suponer un riesgo para la salud.

El coordinador Científico del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), Nemesio M. Pérez, y el director del Área de Vigilancia Volcánica de este centro científico, Luca D’Auria, mantuvieron una reunión en el Cabildo de La Palma con una delegación de la Protección Civil Italiana encabezada por Chiara Cristiani, quienes indicaron que los niveles de concentración de dióxido de carbono en Puerto Naos y La Bombilla  «son muy superiores a los que se han registrado en la isla italiana de Vulcano».

La versión oficial sigue siendo cuestionada por el químico Francisco Rodríguez Pulido, cuyos informes ha presentado Jaraco en vía judicial para reforzar sus acciones legales. Según el criterio de este licenciado en Física y Química palmero, y profesor jubilado de esta materia en Secundaria,  las medidas para impedir la entrada a los vecinos de estos núcleos  «no se sustentan ni tienen rigor científico” y los niveles de CO2 en determinados lugares a los que se prohíbe el paso  “son similares a los que puede haber en un espacio cerrado con gente, que no representan ningún peligro”.

Eso sí, defiende un protocolo que permita tomar las medidas necesarias para evitar riesgos con este gas, pues sí admite que en ciertas localizaciones puede haber altas concentraciones, pero una medida restrictiva que afecte por igual a toda la población afectada.