Dieciocho meses después del inicio de la catástrofe volcánica de La Palma, el comisionado del Estado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha escuchado una vez más por boca de representantes de la población afectada una amarga reivindicación: la de quienes se sienten «agraviados» porque intentaron asegurar sus propiedades o mejorar sus seguros) cuando comenzó el devastador proceso eruptivo pero de nada les sirvió, porque hasta que no pasan 7 días de formalizado el contrato no entra en vigor la póliza y en ese periodo muchas viviendas desaparecieron .
La necesidad de tener la casa asegurada por su valor real es una de las moralejas que ha dejado la erupción volcánica de 2021 en el Valle de Aridane. Pero la realidad es que en Canarias poco más de la mitad de las viviendas están aseguradas y en La Palma no llega ni a ese porcentaje, según datos que se divulgaron en los primeros días de la catástrofe. Muchos afectados se sienten «agraviados» porque intentaron asegurar sus propiedades cuando comenzó la erupción pero la cobertura comienza a la semana de contratar el seguro, un tiempo fatídico en el que la lava engulló muchos bienes y se llevó muchos sueños.
Hay que recordar que no fue hasta más de dos semanas después del inicio de la erupción, el 4 de octubre, cuando el Consorcio de Seguros emitió una nota informativa explicando que sin seguro no indemnizaba y que los afectados podían asegurar bienes, pero la póliza no surtía efecto hasta pasados 7 días. Pero aún así a muchos damnificados les negaban esa opción cuando se ponían en contacto con compañías aseguradoras.
Por voluntad política y a cuenta gotas
Para la población que se vio en esa situación, sin seguro o con seguro recién contratado, lo cierto fue que no les sirvió para nada, y su única esperanza de recibir una indemnización ha dependido exclusivamente de la caprichosa voluntad política de los gobiernos, que ni siquiera se pusieron de acuerdo para dar una cifra cerrada, sino que fueron ampliando esta aportación a cuenta gotas: primero se partió de un ayuda de la Administración estatal de 15.000 euros que se preveían por ley para estos casos, finalmente se llegó a 60.000; luego el Gobierno canario prometió 30.000 adicionales (en realidad «hasta» esa cantidad, pero no esa cuantía por sistema) y después el Cabildo palmero se sumó con otros 10.000 euros.
Además, el pago de las indemnizaciones a quienes tenían sus propiedades aseguradas fue mucho más rápido que las ayudas a quienes no tenían seguro, las cuales todavía no se han abonado en su totalidad, porque aún se está en ese proceso con las de «hasta» 30.000 euros del Gobierno canario.
El comisionado pide un listado de «agraviados»
En una reciente reunión mantenida por representantes de la población afectada con el comisionado, se le insistió en que sigue sin resolverse este importante problema, al que la legislación vigente, como en tantos otros aspectos, no da respuesta. La casuística es muy variada, pero incluye a personas que no supieron que aún podían asegurar sus casas iniciado el proceso eruptivo, las que intentaron mejorar la cobertura de su póliza pero su compañía aseguradora no quiso…
Según fuentes asistentes a ese encuentro con Héctor Izquierdo, el representante del Gobierno estatal se comprometió a tratar este asunto en una próxima reunión con responsables del Consorcio de Seguro y planteó la conveniencia de disponer de un listado de personas que se encuentran en esta situación, para conocer cuál es la dimensión del problema. Por redes sociales circula incluso un llamamiento ciudadano a que se inscriban en este listado (en el teléfono vecinal 654930244)
1.168 solicitudes de indemnización rechazadas
Pero el problema tiene cifras oficiales que pueden ser orientativas. En la última nota de prensa del Consorcio de Seguros sobre sus gestiones a raíz de la erupción (el comunicado dato de julio de 2022), informó de que no admitió a trámite 1.168 solicitudes de indemnización por diversos motivos, «entre los que destaca la existencia de carencia al no haber transcurrido el plazo legal de siete días entre la fecha de emisión del contrato de seguro y la fecha en la que, de acuerdo con las verificaciones realizadas sobre la base de los visores y drones de los que se dispone de información e imágenes precisas, se produjo efectivamente el daño al bien asegurado».
Denegación de indemnizaciones sin pruebas suficientes
En este sentido, conviene recordar que, según ha podido saber El VALLE, varias familias damnificadas lograron demostrar al Consorcio de Seguros que se equivocó al denegarles indemnización en función de gráficos a partir del satélite del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus.
¿Cómo lo demostraron? Con imágenes que les cedió altruistamente la productora audiovisual I LOVE THE WORLD, que dejaban claro que en determinaba fecha la vivienda estaba aún en pie. Por tanto, el sistema utilizado por el Consorcio de Seguros no fue infalible, y pudiera haber más casos de errores de este tipo, aunque no siempre los afectados disponen de imágenes probatorias con las que recurrir la denegación de indemnización.
Los datos en que se basaba el Consorcio no eran fotos de dron, sino gráficos a partir de Copérnicus, con lo que la denegación de indemnizaciones no se ha sustentado con la evidencia de una foto.
A ello hay que añadir que Copernicus no informaba durante los fines de semana, con lo que en esos días ni siquiera existían tales gráficos.
Propiedades infraseguradas
Otro problema en esta catástrofe con referencia a los seguros es que muchas personas tenían una póliza que no cubría sino una parte del valor de las propiedades. Así que llegada la erupción sus bienes estaban infrasegurados (por desconocimiento, por no haber dado tiempo o porque la compañía aseguradora no permitió modificar el contrato).
Toda esta problemática los colectivos de afectados tienen una oportunidad de exponerla en una reunión a la que han sido invitados por el comisionado prevista para el próximo 19 de abril, a las 9:45 horas en la Casa Massieu, ubicada en el Llano de Argual (Los Llanos de Aridane).
La ocasión viene que pintiparada, porque asistirán a ese acto la directora general del Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodríguez Ponga Salamanca; el director general de Seguros y Fondos de Pensiones del Gobierno estatal, Sergio Álvarez Camiña, y la susbsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovil.
Una legislación no pensada para la destrucción total
Así las cosas, la catástrofe de La Palma ha puesto en evidencia que la legislación no está preparada para estos casos. Una erupción volcánica no solo acaba con una vivienda, sino con el terreno en que se levantaba; lo destruye todo, supone un cambio de paisaje, de realidad orográfica, nada de lo que antes existía puede ser aprovechado de nuevo por los damnificados. No queda ni rastro de servicios e infraestructuras públicas. Hay que empezar de cero todo, si las temperaturas, los gases y si la voluntad o la gestión política lo permiten. Es todo un auténtico holocausto.
Quienes no tenían seguro quedan a expensas de la pura ayuda humanitaria oficial y de particulares a través de ONG. En España el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se encarga de cubrir este tipo de siniestros por fenómenos naturales. Pero este Consorcio solo indemniza a quien tiene contrato una póliza vigente y al corriente del pago de la prima.
Puede parecer en teoría lógico que así sea, pero la realidad es muy tozuda, y la consecuencia de aplicar estrictamente la ley será un empobrecimiento acusado del Valle de Aridane y una grave falta de recursos económicos para que las familias damnificadas puedan rehacer su vida. Cientos quedan a expensas de viviendas facilitadas por la Administración publica (temporales -de madera y de contenedores- y definitivas -de cemento, dentro de, como mínimo tres años).
Unido a la pérdida de actividades económicas que daban sustento, la consecuencia es la emigración, sobre la que no hay datos oficiales aún, pero es vox pópuli que se ha ido mucha gente de La Palma. Sin embargo, al principio de la erupción, las promesas de los gobernantes era precisamente tomar las medidas precisas para que este éxodo de personas arruinadas por la erupción no se produjera.
Siete días: el plazo fatídico ante los seguros
El Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios establece que existe un período de carencia de 7 días desde la fecha de emisión o de efecto, si fuera posterior, de la póliza de seguro hasta la de la producción del siniestro, es decir hasta que la lava destroza la vivienda. En el caso de bienes ya asegurados, el período de carencia de 7 días cuenta también para los suplementos (como la modificación de sumas aseguradas).
Las asociaciones de damnificados han reclamado una nueva legislación estatal y autonómica para que, ante una catástrofe volcánica -y esta ha sido la peor del último siglo en Europa- las indemnizaciones sean mayores y existan unos seguros especiales para estos fenómenos tan destructivos . Estos colectivos se han quejado además de que la población de la zona afectada nunca fue advertida de que se aproximaba una erupción ni recibió ningún tipo de recomendación sobre la necesidad de asegurar bienes para este riesgo.
Ante el Parlamento se registró hace unas semanas una iniciativa legislativa popular, promovida por la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021, que persigue dotar a Canarias de una legislación frente a catástrofes volcánicas que, con efectos retroactivos, también se aplique a este desastre natural, con el fin de que garantizar derechos a los damnificados, que ahora no tienen.
Explosión inicial sin evacuar a la población
En realidad, el sistema preventivo falló tanto que ni siquiera el más preciado bien que tiene el ser humano, su vida, estuvo asegurada, porque las autoridades públicas del plan de emergencias no evacuaron a la población antes de la terrible explosión inicial del volcán.
A pesar de la intensa propaganda oficial que atribuye al plan de emergencias la ausencia de muertes en el momento de la diabólica deflagración en la zona de Cabeza de Vaca, la realidad es que solo la suerte, la azarosa ruleta rusa de la naturaleza, evitó que esta catástrofe se cobrara muertes cuando la tierra se abrió y empezó a vomitar lava a 1.200 grados, en uno de los fenómenos más peligrosos de cuantos nos deparan las fuerzas naturales.
Pero esa es otra historia que ahora deberán dirimir los tribunales, a raíz de la querella presentada y apoyada por colectivos ciudadanos, y que está admitida a trámite en los Juzgados de Los Llanos de Aridane.
