La Comisión Promotora de la Ley de Iniciativa Popular de la Ley de Volcanes de Canarias, constituida en La Palma por damnificados de la erupción de 2021 en Cumbre Vieja, ha pedido al Parlamento canario que permita continuar el trámite de esta propuesta, una vez que este 24 de abril ha registrado los cambios solicitados por el Consejo Consultivo en su preceptivo informe, que obliga a dejar fuera, de momento, cuestiones en materia tributaria, la creación del consorcio para la reconstrucción y la valoración de los bienes en caso de expropiación, aunque los impulsores de esta medida legislativa aclaran que pedirán a los grupos parlamentarios el encaje legal de estos artículos suprimidos.
Ahora, la Mesa del Parlamento debería autorizar el inicio de la recogida de firmas, al menos 15.000, requisito indispensable para que la Cámara someta a debate y a aprobación esta propuesta, con la que se pretende dotar al Archipiélago de una legislación que garantice los derechos de los afectados por catástrofes volcánicas.
Esta comisión ciudadana, a raíz del informe del Consultivo -que solo ha objetado algunos aspectos del texto articulado propuesto porque podría extralimitarse en sus competencias la Comunidad Autónoma- ha tenido que suprimir cuestiones que tienen que ver con la materia tributaria, la creación del Consorcio de Reconstrucción de la isla y la valoración de los bienes en caso de expropiación.
Para los impulsores de esta ley “lo más importante es que esta iniciativa legislativa continúe adelante” aunque aclaran que no renunciarán a las cuestiones ahora retiradas, sino que las plantearán a los grupos parlamentarios una vez que la proposición de ley esté en tramitación en el Parlamento, para que le busquen el encaje legal a tales reivindicaciones.
Salvo esas cuestiones señaladas, el pasado día 19 de abril el Consejo Consultivo avaló el articulado presentado por la comisión promotora como conforme a la Ley 10/1986, de 11 de diciembre sobre Iniciativa Legislativa Popular.
Para esta comisión promotora, su texto es “ambicioso, pues recoge todos los aspectos que necesitan los afectados por la erupción para poder recuperar sus expectativas de futuro, y por eso es fundamental que en Canarias se apruebe esta Ley de Volcanes”, tanto para su aplicación a la población damnificada en La Palma como para futuras emergencias de este tipo en esta isla o en cualquiera otra con vulcanismo activo.
El pasado día 30 de marzo, la comisión registró ante la Cámara autonómica la iniciativa, acto en el que todos los grupos parlamentarios se comprometieron a colaborar para que la ley sea aprobada y entre en vigor. La intención de este grupo de afectados por la erupción en el Valle de Aridane es que esto ocurra este mismo año, dada su urgencia para las miles de personas que sufren aún las consecuencias de este desastre natural, 19 meses después del comienzo del proceso eruptivo y tras 16 de que se diera por finalizado.
Hay que tener en cuenta que la necesidad de una legislación frente a catástrofes volcánicas fue defendida de forma expresa por el Diputado del Común, Rafael Yanes, al afirmar ese mismo día que «posiblemente sea necesario un marco legal específico -una ley de volcanes- para poder proteger de forma ágil los derechos de la población damnificada, garantizar su recuperación socioeconómica y la reconstrucción de sus propiedades con arreglo al valor real de lo perdido, todo ello respetando los valores medioambientales».
