La asociación palmera tacha de “decepcionante, cobarde e incoherente” que la comisionada de Transparencia, quien como alcaldesa de Los Llanos respaldó publicar esta documentación, se limite ahora a quitarse de encima un recurso de Tierra Bonita, “sin mover un dedo por romper el pacto de silencio que existe entre políticos y científicos” en perjuicio de los damnificados por la catástrofe, sus propios convecinos llanenses.
La Asociación Tierra Bonita llevará a los tribunales de Justicia la defensa del derecho de los afectados del volcán Tajogaite, y de la sociedad en general, a conocer las deliberaciones de los comités científico y el político del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) en los días y horas previos a la erupción de 2021 en La Palma.
La decisión de presentar un recurso contencioso administrativo la ha tomado este colectivo ciudadano después de que la comisionada de la Transparencia, la palmera Noelia García Leal, haya inadmitido su recurso extraordinario de revisión contra el rechazo de su antecesor en el cargo, Daniel Cerdán, a obligar al Gobierno regional a difundir esta información, en contra de lo que habían pedido Radio Club Tenerife y la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021.
Tierra Bonita lamenta que Noelia Leal se limite a «quitarse de encima” este recurso, poniendo como escudo al letrado general del Parlamento canario -para quien que no se cumplen los requisitos legales para su admisión- y, en cambio, la que fuera durante la erupción alcaldesa de Los Llanos de Aridane “no haya movido un dedo” en favor de reconocer el derecho de los damnificados, “es decir, sus propios convecinos”, a conocer las deliberaciones del Comité Científico del PEVOLCA, así como de su Comité Director.
Una documentación imprescindible para ayudar a esclarecer las posibles responsabilidades por la no evacuación de los afectados antes de la erupción, “a pesar de las consistentes evidencias científicas de que este fenómeno geológico era inminente”.
«Cobardía e incoherencia» : donde dije digo digo Diego
“Noelia García fue diputada y alcaldesa por el PP, y no es casualidad que en el momento de la erupción ostentaba la máxima responsabilidad política en La Palma Mariano Hernández Zapata, de este mismo partido, presidente del Cabildo hasta 2023 y, en la actualidad, consejero del Gobierno canario”, puntualiza este colectivo.
A juicio de Tierra Bonita, en los documentos oficiales que ha redactado el Gobierno canario para defenderse de esta las críticas se ha utilizado hasta ahora “actas” del comité científico cuando en realidad se está refiriendo a los “informes”, lo que constituye, cuanto menos, un error que no ha tenido en cuenta el letrado del Parlamento, “y que podría viciar todo el alegato gubernamental”.
Más allá de las argumentaciones y contrargumentaciones jurídicas aplicadas a este asunto, la asociación palmera quiere llamar la atención sobre la actitud “cobarde e incoherente” de la actual comisionada, dado que durante la emergencia del Tajogaite era la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, el municipio más afectados por esta catástrofe, y el pleno municipal que presidía aprobó, con su voto a favor, el respaldo del Ayuntamiento llanense a que el Gobierno de Canarias publicara esas actas y grabaciones, a raíz de peticiones ciudadanas en este sentido.
Tierra Bonita insiste en denunciar “los impedimentos de todo tipo que se ponen a quienes quieren fiscalizar la gestión de la emergencia volcánica con el fin de que se diriman posibles responsabilidades por la nefasta aplicación del PEVOLCA”.
La necesidad de investigar la gestión de un plan fracasado
“Un plan”, prosigue esta organización palmera, “concebido para proteger del riesgo volcánico pero que resultó un rotundo fracaso desde el momento en que los habitantes del lugar tuvieron que salir corriendo tras la entrada en erupción del volcán, de modo que muchas personas no pudieron salvar enseres, ni objetos personales ni animales, lo cual les agravó sus daños materiales y su sufrimiento psicológico”.
Y ello ocurrió, reitera Tierra Bonita, “a pesar de la evidentes señales de fenómeno inminente que había dado la naturaleza, detectadas por los distintas instituciones científicas (IGB, INVOLCAN, IPNA-CSIC, IGME-CSIC, IEO, ULL, ULPGC…) representadas en el comité del PEVOLCA, “pagadas todos con fondos públicos, y aún así sus miembros también se han plegado inmoralmente al pacto de mantener en secreto las deliberaciones en las reuniones claves antes de la erupción”.
La denuncia en la vía penal: ahora, a la espera de Constitucional
Como es sabido, esta asociación palmera, junto a una veintena de familias afectadas, denunció la gestión de esta emergencia en vía penal, aunque ni los Juzgados de Los Llanos de Aridane ni la Audiencia Provincial han aceptado que se abra una investigación.
Una negativa judicial “sorprendente, a la vista de que miembros del comité, tras la erupción, atestiguaron públicamente que avisaron de que esta era inminente, parte de los cuales (IGN e IGME) luego se desdijeron “de manera esperpéntica y sospechosa” ante la consecuencias que se derivaban de sus palabras. El archivo de esta denuncia en la Justicia en Canarias está recurrido por Tierra Bonita ante el Tribunal Constitucional.
Hay que recordar que el Gobierno de Canarias, en la pasada legislatura, con el pacto PSOE-NC-ASG-Sí Podemos y la Consejería de Seguridad en manos del socialista Julio Pérez, rechazó difundir dichas actas y grabaciones alegando que no son de relevancia pública, a los efectos de la Ley de Transparencia, porque, según su versión, el comité científico no es un órgano colegiado, sino un foro de mero apoyo al director de la emergencia, y emite informes por consenso -sin que haya orden del día ni votaciones- , por lo que le otorgó carácter confidencial al criterio expresado por cada uno de sus miembros.
El «insuficiente» giro del Gobierno canario actual y las actas fantasma
No obstante, en junio pasado, el actual Gobierno de Canarias, formado por CC-PP-ASG-AHI y con la palmera Nieves Lady Barreto (CC) al frente de la Consejería de Seguridad, aseguró, para sorpresa de los afectados del volcán, que no existen actas de esas reuniones pero sí grabaciones, al tiempo que reconoció el derecho de la oposición parlamentaria a acceder a esos vídeos, aunque sin divulgarlos.
A raíz de que una diputada de VOX reclamara esta información, el Gobierno regional se ha mostrado partidario de darla a los afectados, pero se escuda en que por ahora no puede hacerlo debido al criterio desfavorable de los técnicos desde la pasada legislatura, si bien anunció que solicitaría un nuevo informe jurídico al respecto.
«El deber moral de denunciar»
“A la vista de todas estas circunstancias”, señala Tierra Bonita, “nos vemos abocados a continuar en el ámbito judicial, en esta ocasión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la defensa de los derechos de los damnificados, y de la sociedad en general, a la transparencia”.
“Nos impulsa un deber moral”, concluye la asociación recurrente, “por lo que agotaremos todas las vías legales posibles ante la inmoral conducta de políticos y científicos al empecinarse en ocultar estas deliberaciones que permitirían, de una vez por todas, esclarecer ante la opinión pública el proceso de toma de decisiones en la peor catástrofe volcánica del siglo XX en Europa”.
