El químico Francisco Rodríguez Pulido, una de las voces más críticas con la gestión política y científica del problema del dióxido de carbono (CO2) en Puerto Naos y La Bombilla, ha anunciado en nota de prensa que, bien a través de la Plataforma de Afectados Jaraco, o bien por iniciativa suya, se presentará una denuncia en vía penal por presunta prevaricación desde el Cabildo de La Palma en las decisiones tomadas para prohibir el acceso a viviendas y negocios a la población de ambas zonas, que permanecen evacuadas desde el inicio de la erupción volcánica en Cumbre Vieja, hace más de 19 meses.
En su comunicado, difundido este 28 de abril, Pulido explica que «como conocedor de la existencia de indicios evidentes del delito de prevaricación», solicita a la Plataforma Jaraco que «proceda a iniciar el procedimiento judicial»; no obstante, anticipa que «personalmente» está «en disposición de presentarlo al objeto de probar la existencia de hechos que muestren que se han adoptado y firmado resoluciones arbitrarias, a sabiendas de su injusticia».
Los argumentos de la futura denuncia
La denuncia, según precisa en su comunicado, estará dirigida contra el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y el director técnico del Plan de Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL), Rafael García Martín, «por ser las dos personas que han firmado, respectivamente, el decreto para establecer la zona de exclusión 2022/9435 y un informe técnico» al respecto.
Los argumentos de Rodríguez Pulido, que es licenciado en Química Orgánica y profesor jubilado de física y química, se centran en tres aspectos.
En primer lugar, sostiene que en el marco del PEINPAL se han tomado decisiones «sin amparo jurídico», pues entre febrero y octubre de 2022 la evacuación por el CO2 se mantuvo «sin fundamento legal», puesto que no fue hasta el 7 de octubre cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto 2022/4968 que establece las zonas de exclusión por la erupción volcánica, decreto que había firmado el 27 de mayo de ese mismo año el presidente del Cabildo. A juicio de Rodríguez Pulido, esto es una «prueba del evidente vacío jurídico creado» y que «se adoptó una resolución, en este caso un decreto, a sabiendas de su injusticia e ilegalidad».
En segundo lugar, arguye el químico palmero, dos semanas después de publicarse el primer decreto, Hernández Zapata firma el decreto 2022/9435, «que modifica levemente las zonas de exclusión, sobre todo en las coladas». Pues bien, Rodríguez Pulido aduce que, «se han adoptado decisiones posteriores a ese decreto sin que se haya hecho público ningún acuerdo ni resolución, ni fundamento científico objetivo, que sostenga la decisión de mantener evacuados Puerto Naos y La Bombilla, a pesar de infringir derechos fundamentales y, a sabiendas de que es un acto injusto que está causando dolo».
Y en tercer lugar, plantea que, si bien el resultado del recurso contencioso administrativo presentado por la plataforma Jaraco contra el decreto del presidente del Cabildo puede ser «clarificador» para la vía penal, «no obstante existen hechos que», según su criterio, «prueban que las reuniones del PEINPAL, y de sus órganos asesor y coordinador no se ajustan a ley».
Y enumera que «no se convoca a todas las partes (significativa la ausencia del doctor Aldo González Brito [que ha emitido voto particular al discrepar de que continúe la evacuación]), no se conocen los dictámenes científicos que sustenten las decisiones de zonificación, acompañamiento, exigencia de un QR o la firma obligatoria de una exculpación al Cabildo; y solamente utilizan los informes del Comité Científico del PEVOLCA que, para más irregularidades, han retirado del texto el mantenimiento del semáforo amarillo».
Decisiones no publicadas de forma oficial
Recuerda Rodríguez Pulido que «desde que, el 2 de febrero de 2022, el presidente del Cabildo de La Palma activase el PEINPAL (decreto 2022/547), a partir de una orden del consejero [de Seguridad del Gobierno canario], Julio Pérez, que estableció el pase del semáforo rojo al amarillo, la gestión de la emergencia en la isla ha estado plagada de arbitrariedades y decisiones que no han variado sustancialmente, sobre todo, con relación a la exclusión en los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla».
Esta orden, según subraya el químico palmero, «nunca se publicó en el Boletín Oficial de Canarias» y «tampoco se ha llegado a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto 2022/547.
La «incapacidad» del PEINPAL
Mantiene Rodríguez Pulido que «el PEINPAL, en su redacción actual, es incapaz de asumir la problemática de la emisión difusa de gases en Puerto Naos y La Bombilla» pues en este plan insular, «en la definición de los riesgos asociados no hay ninguna referencia a los gases volcánicos, y mucho menos a las emisiones difusas de gases», e, «incluso, a fecha de hoy, no ha habido una actualización del documento que valore este tipo de riesgos». Por tanto, para este científico (que ha llegado a protagonizar actos de protesta en solitario, incluso con un encadenamiento simbólico a un banco de Puerto Naos) el Cabildo adolece de «incapacidad de recursos humanos y técnicos para la gestión de la alerta en nivel 1» actual.
Este científico y profesor jubilado ha elaborado hasta ahora dos informes sobre la gestión científica y política del CO2. El primero, presentado en noviembre de 2022, sustenta el citado recurso de la plataforma Jaraco contra el decreto 2022/9435, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y el segundo informe, hecho público recientemente, «más exhaustivo», incluye mediciones propias en La Bombilla y un análisis «más detenido» de la gestión política y la aplicación de la legislación sobre la emergencia. Ambos informes los realizado a petición de la mencionada plataforma de afectados.
Un plan frente al riesgo volcánico «metido en un cajón»
En el último informe, según destaca su autor en el comunicado, apunta «la necesidad de adoptar decisiones que permitan el regreso, inmediato, de los vecinos a la vida en Puerto Naos y La Bombilla, y el paso del semáforo amarillo a verde». Esta medida, «que podría adoptar el presidente del Cabildo, sin embargo, le debe corresponder al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez».
Enfatiza Rodríguez Pulido que el máximo mandatario insular «no ha mostrado ningún interés en gestionar de manera legal una situación anómala de emergencia, máxime cuando desde el principio de su mandato metió en un cajón el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico» y la catástrofe sucedió sin esta planificación básica para una adecuada prevención y respuesta a este destructivo fenómeno geológico.
