Agricultores damnificados por la erupción de 2021 han expresado su queja ante el Gobierno canario por la «incertidumbre» en que han quedado el 92% de los solicitantes de ayudas económicas para la reconstrucción de fincas agrarias. Un dato lo dice todo: de 297 peticiones, solo 23 han sido atendidas (el8% del total), y 98 se quedaron en una lista de reserva por falta de presupuesto en esta convocatoria. Además, estos damnificados critican que a unas fincas la Administración pública les haya construido ya vía de acceso sobre la lava y a otras no, lo que consideran un trato «discriminatorio.»
De las solicitudes desestimadas, 149, es decir, el 90%, carecían de licencia de obras para reconstruir las parcelas agrarias, un requisito que los firmantes de esta reclamación juzgan indebido, porque, según argumentan, no estaba previsto expresamente en las bases reguladoras que rigen estas subvenciones, las del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el período 2014-2020 para casos de desastres naturales, aprobadas en 2016, y modificadas por la Consejería de Agricultura en una orden en 2019.
La catastrófica erupción del Tajogaite destruyó 370 hectáreas de cultivo, en su mayor parte plataneras, que resultaron sepultadas por la lava. Más de tres años después de que se apagara el volcán, se ha recuperado un porcentaje ínfimo de estas explotaciones agrarias, las situadas al borde las coladas, en un sector que es crucial para la economía palmera.
Cuatro peticiones al Gobierno canario
En un escrito remitido a la Viceconsejería del Sector Primario del Gobierno regional, estos agricultores reclaman en su escrito que se modifique la normativa que regula estas ayudas (la resolución de la Dirección General de Agricultura 3081/2024) para que carecer de esta licencia no sea motivo para desestimar la solicitud.
Asimismo, piden que se cree una nueva línea de subvenciones para que los 274 agricultores que no se han beneficiado de esta convocatoria la puedan recibir.
Otra reivindicación es que el Gobierno canario conceda una compensación económica por el coste que ha supuesto encargar proyectos técnicos a quienes solicitaron la tramitación de licencia urbanística en su respectivo Ayuntamiento.
Y como cuarta petición, defienden que construyan los accesos a los terrenos sepultados por la lava «en igualdad de condiciones», para que «no existan tratos discriminatorios en la facilitación de las labores de reconstrucción».
Los agricultores perjudicados por la resolución de estas ayudas sostienen que «los datos hablan por sí solos», pues subrayan que consignar un presupuesto que solo da parael 8% de solicitudes estimadas resulta «significativo y preocupante» si se tiene en cuenta «la considerable cantidad de afectados titulares de fincas agrícolas que tienen el propósito de reconstruirlas para retomar esta actividad».
En vista de lo sucedido con esta convocatoria de ayudas, en los propietarios de explotaciones agrarias «reina una completa incertidumbre» en cuanto la posibilidad real de reconstruir sus propiedades, porque, señalan, «lo determinante es contar con los fondos públicos necesarios para afrontar» esta tarea.
«Sin plan ni financiación, la reconstrucción es imposible»
A su juicio, el Gobierno de Canarias «debió aprobar antes que nada un instrumento o»plan real de reconstrucción de las zonas agrícolas arrasadas por la erupción volcánica, que incluyera un estudio económico del coste real de este objetivo, además de asegurar las fuentes las de financiación necesarias para afrontar las actuaciones contempladas». De lo contrario, aseveran en su escrito, «la pretendida reconstrucción será, irremediable y lamentablemente, imposible».
Sin financiación y sin plan, estos agricultores afectados se ven ante un «futuro muy incierto», y advierten de que la recuperación de la zona agrícola dañada por el volcán se encuentra así «amenazada» y, con ello, el principal motor económico del Valle de Aridane.
Hay que recordar que la ordenación y el régimen de usos de la zona cubierta por la lava del Tajogaite se reguló por un Decreto Ley 9/2023 del Gobierno de Canarias que finalmente convalidó el Parlamento canario mediante la Ley 2/2024 de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de La Palma.
No obstante, estos agricultores han expuesto a la Consejería de Agricultura que «disponer de la ordenación estructural del suelo no es suficiente para la reconstrucción tal y como los propietarios de fincas agrícolas la conciben», pues creen necesario «pormenorizar, urbanísticamente hablando y, muy concretamente, determinar cómo se procederá a la gestión y a la ejecución de lo planteado en dicha Ley».
Accesos con fondos públicos para unos, pero aún no para otros
En su escrito a la Viceconsejería del Sector Primario, estos agricultores protestan también porque las Administraciones públicas hayan construido vías de acceso a unas propiedades sobre la lava pero no a otras, «sin que se haya justificado previamente la razón de que tengan prioridad».
Y recuerdan que, como precedente de reapertura de vías, está la Carreta de la Costa de Tazacorte, en la que las Administraciones públicas no se limitaron a reconstruir el tramo sepultado por la lava, sino que se construyó una nueva infraestructura «sobredimensionada» con respecto a «las necesidades reales y a la afluencia de tráfico que previsiblemente soportaría a corto y medio plazo».
Y todo ello, «al amparo del enorme paraguas de la declaración de emergencia», sin que se sepa hoy en día «si el horizonte» de esa obra «era realmente el interés general». Aunque, se subraya en el escrito, «afortunadamente la presión popular forzó el desistimiento» de llevar a cabo un tramo que habría destruido una importante zona de plataneras en producción.
Reivindicación de «un trato justo y equitativo»
Tras la ejecución de las obras de la Carretera de la Costa se han abierto algunos accesos a fincas privadas con fondos públicos, pese a que esas vías son de titularidad privada. Por ello, estos agricultores llaman la atención de que se debe dar «un trato justo y equitativo» a todos los damnificados en el sector agraria, y, de hecho,»la propia Ley 2/2024 reconoce el derecho de las personas propietarias de acceder en igualdad de condiciones a las ayudas y compensaciones que se concedan a las personas afectadas por la erupción del volcán».
