El presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, ha vuelto este fin de semana a La Palma, en su viaje número 11 a la isla tras la catástrofe volcánica. Con tal motivo, la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021 ha aprovechado para reivindicarle que promueva medidas como una nueva Ley de Expropiación forzosa, la condonación de deudas por hipotecas y ampliar las ayudas estatales a las personas que perdieron su vivienda. Por su parte, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados reclama al gobernante que audite los millones enviados a La Palma porque «se despilfarran» en obras que no son las prioritarias.
Sánchez ha divulgado en redes sociales cómo hacía footing en Los Cancajos con el comisionado estatal para la Reconstrucción, Héctor Izquierdo, junto a otras personas, y ha visitado con la ministra de Sanidad, la canaria Carolina Darias, el Hospital Universitario de La Palma, para conocer el nuevo TAC instalado con fondos estatales.
Qué mejor manera de empezar el día que haciendo un poco de deporte.
Y más si es en buena compañía y en una zona maravillosa de la isla de La Palma como Los Cancajos. pic.twitter.com/HPlUq18yVw
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 28, 2023
La referida plataforma quiere recordarle al jefe del Ejecutivo estatal que ante un desastre natural como el que están sufriendo es necesario modificar la Ley de Expropiación Forzosa para garantizar el derecho a mayores indemnizaciones y que el justiprecio no sea el del nuevo valor del suelo, sino el que tenía antes, ya que una situación como esta, y las que puedan ocurrir en el futuro supone la destrucción total de las propiedades, de las infraestructuras públicas y del propio territorio, con el resultado de que sin una mayores compensaciones económicas no es posible rehacer la vida.
En cuanto a las ayudas económicas, la plataforma reivindica que el Gobierno estatal amplíe las subvenciones en 60.000 euros para llegar a la media de los pagos realizados por el Consorcio de Seguros.
Otra de las peticiones a Sánchez estriba en condonar las deudas hipotecarias y tributarias relacionadas con los bienes destruidos por la erupción volcánica, ya que de lo contrario resulta imposible para muchas familias rehacer sus proyectos de vida y empresariales si tienen que afrontar además esas otras obligaciones del pasado. La consecuencia es que la economía del Valle de Aridane se empobrecerá, con emigración, cierre de empresas y pérdida de empleos.
Asimismo, este colectivo de afectados reclama al presidente estatal que en el futuro consorcio previsto en el borrador del decreto ley para la reconstrucción residencial la población damnificada tenga más de un representante, ya que esta exigua representación resulta claramente insuficiente para más de 7.000 personas que se han visto directamente perjudicadas por esta catástrofe.
No se olvida la plataforma de requerir a Sánchez que, en la parte que le toca, la Administración pública demuestre una «mayor empatía» con los afectados, lo que implica menos autocomplacencia, más autocrítica y un mínimo de ética para no utilizar el tono de propaganda político institucional en una situación tan dramática como la que están sufriendo miles de personas desde 2021.
Auditorias contra el «despilfarro» de fondos estatales
Por su parte, desde la Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los Afectados le reclaman a Sánchez que ordene hacer auditorías al Cabildo y a todas las Administraciones que están recibiendo las partidas millonarias que envía el Gobierno central, pues, a juicio de este colectivo, » se despilfarran en obras que nada tienen que ver con la reposición de lo perdido ni con garantizar el bienestar de las víctimas».
«Se ha hecho un enorme despilfarro de fondos sin priorizar en las soluciones alojativas, de empleo, de salud mental, hospitalarias y residenciales a cientos de familias con personas dependientes y mayores con patologías que no pueden ser atendidas en esta nueva realidad y así podríamos seguir enumerando multitud de carencias que ya existían y que ahora se hacen aún más evidentes», subraya la Iniciativa.
Oficinas cerradas para los afectados
Desde la ONG Tierra Bonita, le pide a Sánchez que se abran las oficinas necesarias para atender los trámites burocráticos de la población afectada, pues «todas las oficinas donde la gente podía ser atendida u orientada están cerradas, y cuando llamas por teléfono o nadie sabe o nadie contesta».
Promesas y necesidades en salud mental
El mandatario estatal, durante esta undécima estancia en La Palma tras la erupción, ha situado la salud mental como «una política prioritaria para el Gobierno, con una perspectiva transversal y especial atención a jóvenes y adolescentes». Y ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado 2023 incluyen una inversión de 1,5 millones de euros para la puesta en marcha de un convenio específico de atención a la salud mental de los afectados por la erupción. Al respecto, la plataforma señala que la atención psicológica está siendo un servicio que no ha tenido los medios ni la continuación suficientes para aliviar el sufrimiento de la población golpeada por este desastre natural.
Nuevamente el Gobierno estatal ha divulgado, como un mantra, que ya ha movilizado cerca de 500 millones de euros en ayudas para La Palma, que han beneficiado a más de 24.000 familias y empresas afectadas.
Al respecto, asociaciones de afectados aseguran que las cifras globales no pueden ser usadas con triunfalismo sin la conveniente autocrítica y sin evaluar cuánta de esa ayuda ha llegado al ritmo deseado a los bolsillos de las familias damnificadas y en la cantidad conveniente, si son las adecuadas para resolver los diferentes problemas creados por esta catástrofe, y si en el caso de costosas obras públicas se ha empleado en las que realmente deberían ser las prioritarias.
