Un despacho de abogados de Madrid presentará este 19 de septiembre una reclamación patrimonial, en nombre de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los Afectados, por entender que las instituciones públicas no informaron del riesgo de una erupción pese a señales precursoras desde hace años, una amenaza que «se subestimó»
EL VALLE
La Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los Afectados por el Volcán presentará este lunes 19 de septiembre en Madrid el inicio de una reclamación por responsabilidad patrimonial a las Administraciones públicas por haber incurrido en “falta de información a la ciudadanía”, lo que, para los denunciantes, “hubiera minimizado los efectos de la catástrofe”.
La reclamación la formulará el despacho de abogados de Fernando García-Capelo antes de las 12 del mediodía, con lo que se evitaría la prescripción de las responsabilidades, al cumplirse justo un año del inicio de la catastrófica erupción, según informa el citado colectivo ciudadano en un comunicado.
Esta acción consiste en solicitar una indemnización por las pérdidas patrimoniales ocasionadas los afectados. Hay que recordar que la erupción destruyó 1.628 edificaciones, según el Catastro, de las que 1.304 eran viviendas, 179 cuartos de uso agrícola, 74 fábricas y naves industriales, 40 negocios de ocio y hostelería, 15 colegios, templos y espacios de uso público, además de destruir 370 hectáreas de cultivos. Para la red de satélites Copernicus, la situación es aún peor, pues eleva a 2.988 las construcciones engullidas por la lava.
Los reclamantes parten del hecho de que desde hace años existían indicios de reactivación volcánica pero quien disponía de esa información, no la trasladó a la población, “subestimando al volcán”.
“Esperamos que este acto de solicitud de justicia, sea un antes y después, que sirva para proteger a nuestras futuras generaciones, de ciudadanos y de políticos, para que nunca subestimen la fuerza más destructiva de la naturaleza”, expone la Iniciativa de Apoyo Ciudadano.
La reclamación patrimonial deberá ser resuelta por cada organismo públicos a la que vaya dirigida en un plazo de seis meses, transcurrido el cual se entenderá desestimada. De ser así, se podrá presentar recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda, en el plazo de dos meses.
Los promotores de esta reclamación denuncian que “todas las administraciones implicadas, Gobierno Central, Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y algunos de los ayuntamientos que formaban parte de la dirección del PEVOLCA, habían hecho una clara dejación de funciones, al no cumplir un rosario de leyes, que nos otorgan un derecho fundamental como es el derecho a estar informados, ante la más mínima sospecha de catástrofe, para que podamos proteger convenientemente a nuestra familia, nuestros bienes, nuestras inversiones y, sobre todo, nuestros recuerdos”.
Que el proceso de reactivación volcánica de la isla comenzó hace años lo atestiguan, según los reclamantes, estudios científicos y los reclamantes citan cómo la científica Carmen López, directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), contaba a sus alumnos, “cómo ellos comenzaron a observar múltiples parámetros, como la ratio H3 / H4, enjambres sísmicos poco usuales, aumento de CO2 en las aguas, entre otros indicadores, desde octubre de 2017, y quer eran claros precursores de una erupción volcánica, mientras a nosotros nos recorría un ácido por el sistema digestivo».
“Hemos estado ajenos a una situación real , concisa y concreta, que se acercaba a nosotros desde abajo y que amenazaba con destrozarnos la vida, y ¿no nos dieron ningún tipo de información? Paralelamente, nosotros, comprando propiedades en el valle, reformándolas, invirtiendo nuestros ahorros, nuestro sudor y nuestro esfuerzo, para tener un proyecto de futuro ¿y unos pocos privilegiados sabían lo que iba a pasar, tarde o temprano? No dábamos crédito”, se quejan los denunciantes.
Hay que recordar además que el Gobierno canario ha denegado a una plataforma de afectados las actas de las reuniones científicas y políticas del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) antes de la erupción. Alegó el Ejecutivo autonómico, invocando sentencias judiciales, que al tratarse de órganos colegiados las opiniones individuales no tienen trascendencia sino el informe o decisión colectiva.
