El decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, insiste en que todo lo que no sea la expropiación del nuevo malpaís para que la Administración pública haga una nueva ordenación territorial va ser «complicadísimo» de gestionar. Propone también expropiar suelos fuera de la lava para reconstruir los barrios destruidos. Y recomienda la creación de un consorcio entre Administraciones públicas
EL VALLE
Cavallé mantiene su criterio de que la expropiación a precio anterior al 19 de septiembre de todo el espacio ocupado por las coladas del volcán de La Palma es la solución “más realista”, rápida y justa para los miles de afectados por esta catástrofe, ya que eso facilitaría la gestión de la ordenación del territorio por la Administración pública.
“Si no se expropia, la gestión de esos nuevos terrenos será complicadísima, porque interviene el derecho urbanístico, el derecho civil, el derecho de propiedad…, son muchos propietarios afectados y los terrenos no van a quedar bien deslindados, porque la capa de lava es muy gruesa”, afirme el notario, entrevistado por EL VALLE.
Al mismo tiempo que se lleva a cabo esta expropiación del malpaís, propugna el jurista, debería realizarse otra expropiación de suelo, preferentemente en los municipios afectados por esta catástrofe, pero fuera de la lava para urbanizarlo y que las personas que perdieron su vivienda por el volcán puedan reinstalarse en ese nuevo lugar, no solo para uso residencial, sino también industrial e incluso agrario.
Junto a esta idea, Cavallé defiende además que el proceso de recuperación socioeconómica lo gestione un consorcio entre administraciones públicas, un órgano que a su juicio daría buen resultado, y para ello que haría falta “un acto de generosidad” por parte de las instituciones públicas para ceder competencias a favor de este ente común.
El representante de los notarios del Archipiélago, que ya defendió estas ideas en enero de esta año en un acto en La Palma organizado por colectivos de afectados, considera que es normal que en un primer momento, ante una catástrofe de estas dimensiones, muchos afectados se resista a asumir que la mejor opción es la expropiación, pero cuando ya han pasado 9 meses, “va siendo más evidente que es la propia naturaleza la que ha expropiado a la gente”, y será muy difícil volver a residir en esa zona, por los riesgos volcánicos que persistirán durante muchos años.
EXPROPIACIÓN MÁS AYUDAS HASTA COMPLETAR EL PATRIOMONIO PERDIDO
Desde su punto de vista, la expropiación debe ir acompañada de las ayudas oficiales suficientes, de manera que al final una personas afectada reciba en total una cuantía económica igual, pero no superior, al valor de los bienes perdidos en este desastre natural.
“Ese gasto debe ser soportado por todos los españoles, socializando así el gasto, con lo que no recaería el peso de los daños solo sobre los desafortunados que han sufrido esta erupción”, apostilla el letrado, quien deja claro que esta propuesta es acorde con la Constitución , que define a España como un estado social y de derecho.
Con este enfoque, Cavallé es de la opinión de que no expropiar saldrá a la larga más caro, porque si sigue con la manera actual de afrontar esta catástrofe, “se empleará mucho dinero en mantener en el futuro subsidiada a una isla, con una población envejecida y un paro altísimo, por no haberle dado en su momento los medios suficientes para que se recuperara y resurgiera por si misma”.
De modo que para el notario, “esta es una gran oportunidad de impulsar el desarrollo sostenible de La Palma, que es compatible con el cuidado del paisaje y del medio ambiente, y con un turismo sostenible y con agricultura”.
«HACE FALTA UNA NORMA QUE REGULE UNA SOLUCIÓN GLOBAL E INTEGRAL»
Preguntado si hay algún impedimento o se llega tarde para que se aplicara su propuesta, Cavallé responde que no, porque “estamos a tiempo de todo” y ve normal que se dude porque no había un antecedente ni en España ni en Canarias de un supuesto similar que pudiéramos ahora tomar como referencia para la toma de decisiones. “Las erupciones en Lanzarote y Garachico fueron en siglos pasados”, apostilla.
El problema, señala, es que la legislación actual de emergencias prevé incendios, riadas, inundaciones, lluvias torrenciales…, catástrofes en los que el propietario puede volver y reconstruir en sus terrenos, pero en este caso es que ha desaparecido el suelo, el territorio original.
Tan grave es el problema generado que, desde su perspectiva jurídica, “lo que hace falta ahora es una norma que regule una solución integral y global, de modo que contemple medidas en cuanto a empleo, turismo, agricultura y urbanismo”. En ese sentido, defiende que “debería ser fundamental un turismo vinculado a la naturaleza, al nuevo paisaje, al propio volcán” y que se establecieran criterios para recuperar la arquitectura tradicional.
EL DERECHO A LA BELLEZA Y EL VALOR TURÍSTICO DEL PAISAJE
Abundando en esta idea, Cavallé es partidario de que las nuevas construcciones, tanto dentro como fuera de las coladas, se diseñaran para que no tuvieran un impacto negativo en el paisaje, sino que lo beneficie. “Es cierto que una casa o un terreno tiene un propietario, pero una edificación impactante es perjudicial para el paisaje que es de todos, pues la propiedad tiene que cumplir también un fin social, que lo reconoce la Constitución”, expone el notario.
Todo ello lo resume en lo que denomina “el derecho a la belleza”, que es el derecho a disfrutar de un paisaje bello, en armonía con la naturaleza. Esto no es cuestión baladí, porque de unas construcciones que hagan perder la identidad de un lugar o que sean antiestéticas se deriva que un lugar pierda potencial turístico, y, por tanto, se pierden oportunidades económicas. Además, destaca que “un paisaje bello contribuye a la calidad de vida de las personas”.
Por estas mismas consideraciones pero también por el riesgo volcánico, cree que fue un error que el presidente del Gobierno canario, en pleno proceso eruptivo, hiciera la promesa política de que no se protegerían las coladas.
Cavallé se muestra comprensivo con que haya personas que ahora rechacen tener en cuesta estos criterios, “porque se han perdido muchas viviendas, lugares de trabajo, recuerdos, y esa reacción es normal, pero una vez transcurrido el tiempo y evaluadas las cosas, con un espíritu más sereno, hay que tomar las mejores decisiones para todos, no solo para los habitantes del presente sino para los palmeros del futuro”. “No se puede dejar que esto se muera por inacción, ahora es el momento de ir estableciendo soluciones de futuro, a largo plazo”, aconseja.
