El Juzgado Número 1 de Los Llanos de Aridane ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa penal abierta contra al menos una docena de vecinos de La Bombilla que habían sido denunciados por desobedecer a la autoridad, saltándose la prohibición de acceder a sus viviendas en este barrio costero durante las restricciones por las anomalías en las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) tras la erupción volcánica de 2021.
El auto, dictado el pasado 14 de marzo por la jueza titular de este Juzgado, concluye que «no es posible continuar el procedimiento como diligencias previas ya que no aparece debidamente justificada la perpetración del hecho supuestamente delictivo».
Además, constata que la parte denunciante ha retirado la denuncia, «renunciando a todas las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle».
El abogado de una decena de estos vecinos, Carlos Lugos, explica a EL VALLE DE ARIDANE que las denuncias las formalizó la Delegación del Gobierno por desobedecer a la Guardia Civil, un delito que, en el Código Penal, recoge penas de cárcel de entre 3 meses y 6 años, o, en su caso, multas, por lo que esta decisión judicial supone un gran alivio para los afectados.
«NUNCA HUBO ORDEN JUDICIAL»
El letrado alega que estos residentes en La Bombilla decidieron volver a sus hogares «cansados de que las autoridades no les dieran otra opción, y llevados por su estado de necesidad pura y dura, bajo su responsabilidad y con un medidor de CO2 como medida de seguridad».
Lugo insistió en que nunca hubo orden judicial que avalara el desalojo y la prohibición del acceso a las viviendas, de modo que estos vecinos llevaban siempre una declaración por escrito en la que ellos asumían las responsabilidades de volver a vivir en sus casas. Y añadió que en ningún momento esas personas pretendieron cometer un delito.
…Y AÚN QUEDAN LAS MULTAS
Aunque el archivo de la causa penal es un peso importante que se quitan de encima, sobre estos vecinos gravita aún la loza de las multas en vía administrativa que les impuso la Delegación del Gobierno por entrar si permiso en la zona de exclusión, pese a que se trataba de acudir a sus casas.
Estas penalizaciones, reiteradas, superan los 30.000 euros para algunos del medio centenar de vecinos a quienes ha tratado de ayudar este abogado presentando las alegaciones oportunas.
PETICIÓN A PEDRO SÁNCHEZ PARA CONDONAR LAS SANCIONES
En mayo de 2024 Lugo remitió a la Moncloa un escrito dirigido al propio presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, con un dossier de 500 páginas, reclamando la condonación de esta deuda (con la devolución del dinero, en su caso) «por equidad e interés general».
Contra estas multas, Lugo echa mano de un artículo del Código Penal (el 20.1), para que se tenga en cuenta que estos afectados del volcán no eran conscientes de haber cometido infracción de alguna, debido al «shock por el trauma que han vivido por la erupción y sus consecuencias nefastas».
«La realidad es que por entrar en la zona de exclusión no ha ocurrido absolutamente nada», remacha el letrado, quien además recuerda que decenas de trabajadores de obras y servicios públicos acudieron a la zona de exclusión sin consecuencias para su salud.
