Los grupos del Parlamento de Canarias han presentado enmiendas para modificar diversos artículos de la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Ley de Volcanes, promovida desde La Palma por afectados del volcán Tajogaite con el respaldo de más de 19.000 firmas de toda Canarias. La propuesta de cambio de mayor calado es la del PP, que ha pedido que esta futura ley, concebida para garantizar el derecho de damnificados por erupciones a su recuperación socioeconómica, no tenga efectos retroactivos, es decir, no se aplique al caso de la catástrofe de 2021 en el Valle de Aridane, al entender que ya tiene sus propias leyes específicas en vigor, lo cual ha suscitado el rechazo de la comisión promotora de la ILP.
Tras un periodo de enmiendas a esta importante proposición de ley de iniciativa popular, que fue registrada en el Parlamento regional a finales de marzo de 2023, todavía falta mucho para su aprobación. A saber: ahora deberá pasar por la fase de ponencia (formada por un representante de cada grupo político), que elaborará un informe, para su posterior debate en una comisión, que a su vez realizará un dictamen, y solo tras estos pasos se producirá el debate y votación final en el Pleno de la Cámara legislativa.
Los grupos ya han designado a su representante en esa ponencia parlamentaria, en la que las candidaturas que obtuvieron escaños por La Palma (CC, PP PSOE) han nombrado a diputados palmeros para esta labor.
Así, este órgano estará formado por: Jonathan de Felipe Lorenzo (CC), Raquel Díaz y Díaz (PP), Jesús Ramón Ramos Chinea (Agrupación Socialista Gomera), Raúl Acosta Armas (Agrupación Herreña Independiente), Alicia Vanoostende Simili (PSOE), Javier Nieto Fernández (VOX) y Luis Alberto Campos Jiménez (Nueva Canarias-Bloque Canarista).
LAS ENMIENDAS DE CC-AHI
El Grupo Nacionalista Canario (Coalición Canaria, CC) y el Grupo Mixto (Agrupación Herreña Independiente, AHI) han presentado propuestas de manera conjunta. Plantean añadir al artículo 15 referido a las medidas en materia económica, que el derecho de las personas afectadas a recibir ayudas «se estimará económicamente en función del valor de los bienes perdidos o gravemente dañados el día anterior a la erupción volcánica».
Para ello, las Administraciones publicas deberán entregar a cada afectado una tasación «objetiva» que tenga en cuenta los usos que tenía su propiedad y el valor del suelo antes de la erupción. Y se les reconocerá con estos criterios el valor de lo perdido (bienes muebles e inmuebles) también a los efectos de su realojo o reinstalación.
Igualmente, plantean ambos partidos que las personas afectadas por una erupción podrán elegir entre ser realojadas o reinstaladas o bien a percibir una cantidad de dinero equivalente al valor de lo perdido (en cualquier caso las ayudas o indemnizaciones no pueden superar la cantidad que valían los bienes destruidos). Y añaden que esta decisión deberá formalizarse en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley (por lo que se aplicaría los damnificados por el Tajogaite).
La obligación de asegurar las casas frente al riesgo volcánico
En otra de sus enmiendas, CC y AHI piden que se añada a la ley un artículo referido a los seguros, de manera que las personas con viviendas en zonas de riesgo volcánico «tendrán la obligación de contar con un seguro de hogar».
Para ello, «la Comunidad Autónoma de Canarias requerirá a las compañías aseguradoras o, en su caso, al Consorcio de Compensación de Seguros, facilitar la información necesaria a la población para el aseguramiento de las viviendas».
CC y AHI aluden en sus enmiendas también al consorcio interadministrativo del que podrán formar parte el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, así como representantes de los afectados y del resto de consistorios; y, «si así lo decidiera», la Administración General del Estado.
Los organismos públicos podrían delegar en ese Consorcio todos los planes y medidas de actuación que tengan que ver con la recuperación de la zona afectada y de la isla en general.
CC y AHI quieren añadir también un artículo que disponga que el dinero que dejen de recaudar los ayuntamientos y cabildos por las bonificaciones en impuestos locales para ayudar a los afectados por erupciones deberá ser compensado por el Gobierno canario.
LAS ENMIENDAS DEL PARTIDO POPULAR
El Grupo Popular propone que la Ley de Volcanes no se aplique de forma retroactiva a los afectados de la erupción de 2021. Alega el PP que «la retroactividad de la norma prevista no tiene sentido toda vez que ya existen diferentes normas – decretos leyes – que se han dictado con diferentes medidas concretas para la recuperación y reconstrucción tras la erupción iniciada el 19 de septiembre de 2021».
De mantenerse el texto planteado por los promotores de la ILP, los populares creen que «podría generarse el efecto contrario al previsto, puesto que la imprecisión de los términos de muchos de los artículos de la norma propuesta sustituiría a las normas precisas ya existentes, generando inseguridad jurídica contraria a la finalidad expresada en la exposición de motivos de la futura legal. Además, en tal caso, para el PP «sería oportuno introducir un régimen transitorio a través de disposiciones de tal naturaleza».
El Popular, al igual que otros grupos, también pide que se eliminen las previsiones tributarias de esta ley y que se dé por recuperada la normalidad cuando la población de la isla afecta recupere la media de renta per cápita anterior a la erupción, y no la media regional, pues «cabe la posibilidad de que el impacto económico de un fenómeno geológico de este tipo puede no ser la causa exclusiva que explique la renta per cápita insular se sitúe por debajo de la media regional.
Otra enmienda del PP consiste en añadir un nuevo apartado al artículo 8 para que, a la hora de cuantificar las pérdidas materiales, se tenga en cuenta su valor «de mercado y del valor del suelo» en «la fecha previa a la erupción volcánica», y deduciendo de las compensaciones económicas las cuantías recibidas en concepto de ayudas y otras indemnizaciones.
CRÍTICAS DE LA COMISION PROMOTORA DE LA LEY AL PP POR NO QUERER APLICARLA A LA ERUPCIÓN DE 2021
La Comisión Promotora de la Ley de Volcanes de Canarias “lamenta que el PP (PP) pretenda impedir su aplicación en La Palma”, una propuesta que, para el portavoz de este colectivo ciudadano, Juan González Martín, “es una falta de respeto a las personas afectadas por la erupción de 2021 y a los miles de personas que, junto a ellas, pidieron la tramitación de esta iniciativa legislativa popular».
Por ello, este grupo de ciudadanos palmeros afectados por el volcán Tajogaite exige al PP y al resto de formaciones políticas del Parlamento autonómico que «no limiten el alcance de la futura Ley y que la recuperación de La Palma o de cualquier zona afectada por una catástrofe no siga usándose como herramienta de confrontación política”.
LAS ENMIENDAS DE VOX
El grupo parlamentario de VOX es el único que en el Parlamento canario ha reclamado que se publiquen las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas anteriores a la erupción del Tajogaite, que siguen bajo llave porque ni el Gobierno canario de la pasada legislatura ni el actual las han divulgado pese a ser una reivindicación de los colectivos de damnificados.
En sus enmiendas, VOX propone eliminar las medidas tributarias de la proposición de ley, ya que, según subraya, es una materia en la que no puede entrar la iniciativa legislativa popular, en lo cual coincide con otros grupos.
Igualmente, este partido plantea que se considere que una isla se ha recuperado de una erupción cuando su población se sitúe, como mínimo, en la renta per cápita insular anterior a la erupción.
Propugna VOX eliminar de la Ley de Volcanes las políticas de la Agenda 2030, relativas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y que en su lugar se apliquen «los principios generales del derecho», pues, a su juicio, la pretensión de esta futura norma debe ser restaurar las condiciones en que vivían con anterioridad a la catástrofe las personas afectadas.
NUEVA CANARIAS-BLOQUE CANARISTA
El grupo parlamentario de NC-BC propone, entre otras enmiendas, añadir al artículo 10 que en el caso de que las explotaciones agrícolas o ganaderas y establecimiento industriales afectados por una erupción sea imposible reubicarlos por no disponer del suelo preciso, o porque sea poco viable reiniciar la actividad, sus titulares podrán optar a las indemnizaciones económicas del Gobierno de Canarias para recuperar el valor de lo perdido.
LAS ENMIENDAS DEL PSOE
El Grupo Socialista defiende en sus enmiendas que, en línea con el informe del Consejo Consultivo de Canarias, se incorpore una disposición transitoria en la que quede claro que la Ley de Volcanes se aplicará con efectos retroactivos a la erupción volcánica de 2021 en La Palma, salvo en lo previsto en la legislación específica ya aprobada como consecuencia de esta catástrofe.
Propone también, como otros grupos, que se excluyan de esta ley las medidas de carácter tributario, siguiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo.
Igualmente, el PSOE pide modificar el artículo 3 para desvincular la recuperación económica tras una erupción de la renta media per cápita y establecer la necesidad de que existan criterios objetivos y procedimientos para determinar que la isla ya se ha recuperado, «en la medida que la aplicación de la norma supone la aplicación de criterios excepcionales de gestión».
Asimismo, el PSOE plantea añadir un nuevo artículo 7b, el referido a los derechos económicos de los afectados, con el que fijar un marco temporal de referencia (el día anterior a la erupción) para determinar el valor de los bienes afectados; el derecho a obtener una tasación pública de las propiedades perdidas y abordar las ayudas públicas de manera conjunta (teniendo en cuenta todas las percibidas), así como las compensaciones privadas (mediante seguros); de manera que la restitución se produzca en términos reales.
Otra propuesta del PSOE es que se prevea en la ley el supuesto de que las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas no puedan ser recuperadas en el mismo lugar, de modo que se habiliten a sus titulares indemnizaciones económicas equivalentes al valor de lo perdido.
Igualmente, los socialistas quieren sustituir la disposición adicional única, la referida al Consorcio para la recuperación de la situación de normalidad, para que sea disposición transitoria, de modo que este órgano consorcial entre Administraciones y con representación de los afectados «sea la figura idónea para canalizar actuaciones de reconstrucción y recuperación […] en el marco de los principios de coordinación y cooperación administrativa».
