Las actas y grabaciones de las reuniones científicas y políticas del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) siguen siendo un secreto bajo llave. De nada ha servido hasta ahora que los colectivos de damnificados y vecinales de la zona afectada por la catástrofe las hayan reclamado públicamente. De momento, el actual Gobierno canario ni siquiera ha mostrado estos vídeos a la diputada regional que reclamó el acceso a esos documentos y, en junio pasado, el Ejecutivo regional le reconoció el derecho a visionarlos, aunque no pueda divulgarlos. El último episodio de esta rocambolesca historia se vivió este martes 17 de diciembre en el Parlamento canario.
En el pleno de la Cámara autonómica, la parlamentaria Paula Jover (de VOX) denunció que se han vencido los plazos establecidos para que el Gobierno canario actual (formado por CC-PP-ASG-AHI) disponga del informe jurídico que en junio pasado anunció que iba a solicitar, debido a que los informes técnicos existentes de la pasada legislatura (cuando cogobernaban PSOE-NC-ASG y Sí Podemos) denegaron la divulgación de las deliberaciones en los órganos del PEVOLCA por no considerarlas de relevancia publica.
Pero seis meses después, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha vuelto a sorprender al afirmar que ese dictamen de los servicios jurídicos no está hecho y ha alegado que el Ejecutivo canario tiene que volverlo a solicitar porque la primera petición «no está hecha en las condiciones» que exigen esos funcionarios del propio Gobierno autonómico.
«Tuvimos una respuesta reciente donde se nos dice que la solicitud tiene que mejorar determinados aspectos, sobre todo en el carácter excepcional y su especial relevancia; y nos vemos obligados a volver a presentar la solicitud», ha manifestado en el Pleno parlamentario el consejero, de CC.
Paula Jover ha tachado de «insuficientes» estas explicaciones y le ha recriminado esta tardanza porque «esa rectificación se tenía que haber hecho ya hace tiempo». La miembro de la oposición parlamentaria exige que ese informe se haga público en cuanto se reanuden las sesiones a la vuelta de las Navidades.
A continuación Miranda ha vuelto a presumir de que el Gobierno canario actual «no tiene nada que ocultar» y ha vuelto a defender que si en la legislatura pasada, con el Pacto de Las Flores, no se dio esa información, «nosotros estamos en línea de conseguirla» e hizo un nuevo canto a la transparencia.
Sin embargo, la realidad es que desde hace tres años las asociaciones de afectados del volcán están que trinan con que no puedan conocer las actas y las grabaciones de estas reuniones del comité científico y el comité director del PEVOLCA en los días y horas previos a la catástrofe, para esclarecer por qué la población no fue evacuada antes de erupcionar el Tajogaite pese a las señales tan claras de que el proceso eruptivo era inminente.
Paula Jover, del grupo de VOX, es la única parlamentaria que ha mostrado interés en esta legislatura no solo en conocer por qué no se evacuó a la población antes de la erupción, aspecto que deberían clarificar esas grabaciones, sino que además ha presentado iniciativas en la Cámara legislativa para que se divulguen.
Hay que recordar que este año nueve asociaciones palmeras solicitaron a la comisionada de Transparencia de Canarias, la exalcaldesa de Los Llanos de Aridane Noelia García Leal (PP), que revisara la decisión de su antecesor en este cargo y permita a la población damnificada acceder a las actas y grabaciones del PEVOLCA, algo que ella misma apoyó en un acuerdo plenario cuando estaba al frente del Ayuntamiento llanense.
Pero finalmente se limitó a rechazar por cuestiones formales el recurso presentado por la asociación Tierra Bonita.
Y no hay que olvidar tampoco que un total de 13 asociaciones y plataformas palmeras de afectados y vecinos de la zona de la catástrofe emitieron un comunicado en común reprobando la gestión de la emergencia por no haberles alejado del peligro antes de la erupción y lamentando que se otorguen premios a sus responsables públicos.
Así las cosas, la diputada Paula Jover ha denunciado «dos incumplimientos» del Gobierno canario respecto a sus solicitudes sobre esta documentación.
El primero se refiere a que la petición de informe sobre las condiciones de acceso a estas grabaciones a los servicios jurídicos lleva en espera más de seis meses, «cuando el artículo 19.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias impide que dichos informes facultativos sean evacuados después de dos meses de su solicitud». «Es decir, como se ha detallado anteriormente, se suma más de medio año de espera», enfatiza la parlamentaria.
Por otro lado, la petición de la diputada respecto a la copia del informe «ha estado en manos del departamento correspondiente desde el mes de octubre», lo que, a su juicio, «constituye un incumplimiento del artículo 16 del Reglamento del Parlamento de Canarias, que establece un plazo máximo de un mes para atender las solicitudes de documentación de los diputados».
Tras su nueva intervención parlamentaria, sintetizó sus palabras apelando al Gobierno de Canarias a cumplir con sus compromisos y garantizar la transparencia en la gestión de emergencias, recordando las palabras del consejero de Política Territorial en junio: “Es necesario ser transparentes, ya que es la única manera de dar credibilidad al dirigirse a la población”.
La parlamentaria ha presentado estas iniciativas este año a raíz de que se pusiera en contacto con ella en marzo la asociación Solidaridad con La Palma, que le propuso «defender una causa justa y necesaria»: la necesidad de acabar con la opacidad sobre la toma de decisiones el día de la erupción.
«Los diferentes gobiernos, de diferentes signos se han pasado la pelota y ocultado algo que el pueblo palmero, el pueblo canario y toda España tienen derecho a conocer: cómo se gestionó la tragedia de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma», subraya este colectivo ciudadano, que considera que «hacer públicas y analizar las actas y grabaciones de los días cruciales es esencial para así poder hacer una crítica constructiva que nos aporte experiencia y nos ayude a prepararnos con más garantías para futuras catástrofes volcánicas».
Una de las claves políticas de este asunto en la actualidad es que el Gobierno canario formado por CC y PP tiene entre sus consejeros a Mariano Hernández Zapata (PP), quien fuera presidente del Cabildo palmero durante esta emergencia volcánica, y máximo responsable a escala insular en el operativo de protección civil que tantas críticas ha recibido.
Del actual Ejecutivo regional forma parte también Miguel Ángel Morcuende, que es director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, y que en la época de la erupción fue nada menos que director técnico del plan de emergencias.
También ha recibido críticas el entonces consejero de Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, del PSOE, quien activó el Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA).
Las declaraciones públicas de científicos de ese comité posteriores a la erupción no han hecho más que avivar las suspicacias de los afectados acerca de por qué no se les evacuó, ya que miembros de las instituciones científicas IGN, INVOLCAN, IEO e IGME han mantenido que en las reuniones previas a la erupción advirtieron de que era inminente. Al surgir la polémica por este asunto, algunos se han retractado de una manera muy extraña de esas declaraciones, pero otros no.
Esas contradicciones y rectificaciones resultan altamente sospechosas para los damnificados, por lo que reclaman conocer las grabaciones para salir de dudas. Y es que el protocolo del PEVOLCA establece claramente que cuando una erupción es «inminente» el semáforo debe pasar a naranja y evacuarse a la población en riesgo, cosa que no ocurrió, lo que expuso a los afectados a un riesgo para sus vidas y perder enseres y objetos personales y animales, pues no pudieron ponerlos a salvo.
También llama poderosamente la atención que en junio de este año, por primera vez, el Gobierno canario confirmara que no hay actas de esa sesiones del PEVOLCA, cuando el propio plan establece la obligación de que las haya.
La reclamación de las actas y grabaciones acabará en vía judicial en lo contencioso administrativo, como ha anunciado la Asociación Tierra Bonita, que también se ha mostrado dispuesta a recurrir ante el Tribunal Europeo el archivo de su querella por la gestión de esta emergencia volcánica.
