Las sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno estatal a decenas de vecinos de Puerto Naos y La Bombilla que entraron en la zona de exclusión por el CO2 «pueden superar 100.000 euros», según estima el abogado Carlos Lugo, quien representa a 45 afectados. Este letrado se queja de la «increíble rapidez» con que se tramitan estos expedientes, muchos ya en vía de apremio y embargo, por lo que ha remitido un escrito con un dossier de 500 páginas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamando la condonación de esta deuda (con la devolución del dinero, en su caso) «por equidad e interés general».
El abogado, que representa a cerca de medio centenar de afectados a quienes se les han impuesto sanciones por valor total de casi 40.000 euros, asegura que no descarta acciones judiciales contras estas multas, una vez que en Canarias «el responsable político ha hecho oídos sordos» a las alegaciones, en alusión al Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana. Pero a renglón seguido aclara que, para «agotar todos los medios a su alcance», ha pedido la condonación por el Ejecutivo central, ya que «lo de este volcán es tan grave que se debe pasar raya y volver a empezar, exonerando a esta gente de pagar estas multas».
Para reforzar esta petición, Lugo solicitará por escrito también la próxima semana el apoyo expreso del Gobierno canario y del Cabildo de La Palma.
«Indignación» en los multados
De la «indignación» que sienten las personas sancionadas ya se hizo eco EL VALLE en una noticia, en la que afectados aseguran que ya están siendo embargados, muchos de ellos por acudir a una concentración «pacífica» en el paseo marítimo de Puerto Naos el 20 de mayo de 2023, adonde accedieron, según su versión, sin que la Guardia Civil se los impidiese e incluso mostrando voluntariamente sus DNI, por lo que no comprenden que se les sancione por «desobediencia a la autoridad».
Protestaban entonces por las a su juicio «excesivas e injustificadas» restricciones de acceso a este núcleo, ya que las concentraciones peligrosas de este gas de origen volcánico no se dan de forma generalizada sino en sótanos, plantas bajas y algún punto concreto del litoral, y no se habían adoptado medidas para mitigar el problema, como la ventilación mecánica y la instalación de medidores en todas las viviendas.
Contra estas multas, Lugo echa mano de un artículo del Código Penal (el 20.1), para que se tenga en cuenta que estos vecinos no eran conscientes de haber cometido infracción de clase alguna, debido al «shock por el trauma» que han vivido por la erupción y sus consecuencias nefastas.
Y en este contexto, el abogado, que dice asesorar de forma desinteresada a estos afectados, afirma que los vecinos «simplemente entraban en su casa y en su hábitat» e incluso entregaron una declaración de descargo de responsabilidad, declarando que, como mayores de edad, accedían a sus hogares con un medidor de CO2″ y eximiendo así de responsabilidad a la autoridad política.
«La realidad es que por entrar en la zona de exclusión no ha ocurrido absolutamente nada», remacha el letrado, quien además recuerda que decenas de trabajadores de obras y servicios públicos han acudido a la zona de exclusión sin que les haya pasado nada.
«Falta de equidad con los afectados del volcán»
A esta motivación le une Lugo las difíciles circunstancias económicas que atraviesan muchos de los damnificados, punto en el que afirma no comprender por qué unos han estado en hoteles y otros que «no tienen absolutamente nada no; pues conozco a familias que están viviendo 4 en una habitación, en un barco o en la parte de atrás de un camión, y solo han recibido 2.000 euros, del Cabildo».
Por eso defiende que el Gobierno central permita «pasar raya ya a todo esto a quienes son en realidad afectados del volcán, por razones de equidad, para que no salgan más perjudicados uno que otros».
Al veterano abogado palmero le sorprende «la rapidez desmedida» con que han caminado estas multas, algo que, en tantos años de profesional en esta materia, «nunca había visto».
El abogado no descarta futuras acciones judiciales
Con respecto a futuras acciones legales, reconoce que ha explorado la vía de un recurso contencioso administrativo, aunque en estos casos los tribunales anteponen la versión del agente y además se corre el riesgo de que el recurrente se le condene a costas.
«No descarto nada todavía», aclaró Lugo en cuanto a acciones legales, pero insistió en que «estos expedientes» los debe cerrar el Gobierno estatal «de una vez por todas».
