Esta asociación de damnificados apoya la ley de expropiación que propone el decano del Colegio Notarial de Canarias, reitera la petición de un consorcio, y reivindica aumentar los 60.000 euros por pérdida de vivienda única no asegurada y el abono de los 30.000 euros prometidos por el Gobierno canario
EL VALLE
La Plataforma de Afectados por el Volcán Cumbre Vieja ha denunciado que, casi un año después de la erupción, y tras nueve meses de finalizada, la población damnificada vive «una grave situación anímica, social y económica».
En este contexto, ha fijado las que a día de hoy son sus seis principales preocupaciones y reivindicaciones «para preservar los derechos» de los afectados y «que no se vulneren».
Reinvindica la plataforma una Ley del Territorio específica para La Palma, que contemple «las coberturas legales necesarias para que la reconstrucción sea posible».
En segundo lugar, reitera su petición de que se cree un consorcio que gestione este proceso de recuperación tras la catástrofe, y que consistiría en un organismo autónomo en que estarían las diversas Administraciones públicas además de los representes de los afectados.
Esta petición no ha sido hasta ahora atendida por los gobernantes y el propio comisionado del Gobierno estatal para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, se posicionó contra esta fórmula.
LA PROPUESTA DE ALFONSO CAVALLÉ
La tercera reivindicación de la plataforma es una ley de expropiación, en línea con la propuesta que ha formulado el decano el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, quien plantea que expropiar todo el ámbito cubierto por la lava de este volcán sería la mejor opción y la menos conflictiva desde el punto de vista de posibles litigios, con indemnizaciones por el valor real que tenían las propiedades antes de ser destruidas.
Y esta es, además, la cuarta petición de la plataforma, que es «el reconocimiento de justiprecio de las propiedades con anterioridad al 19 de septiembre de 2021, previo a la erupción volcánica».
La quinta reivindicación es que se amplíen las ayudas estatales de 60.000 a las personas que perdieron su vivienda y no la tenían asegurada, «para llegar a la media de los pagos realizados por el Consorcio de Seguros» a quienes sí tenían póliza suScrita.
Por último, la plataforma reclama que concreten ya en el Boletín Oficial de Canarias las ayudas prometidas por el Gobierno autonómico, de 30.000 euros.
