La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) de una ley frente a catástrofes volcánicas apura los últimos días para recoger apoyos, que ya suman 18.000 en toda Canarias, 3.000 más que las necesarias para que el Parlamento canario debata su propuesta y la someta a votación.
Las mesas para firmar se instalarán este sábado 9 de septiembre en la villa tinerfeña de Candelaria, al día siguiente en el municipio palmero de Barlovento y la próxima semana en Santa Cruz de Tenerife.
El grupo de ciudadanos de La Palma que promueve esta iniciativa quiere de todos modos ampliar lo más posible el apoyo social al texto articulado propuesto, pues cuantas más personas reivindiquen la promulgación de esta ley, mejor. Y es que su objetivo no es solo garantizar el derecho a la recuperación socieconómica de la población damnificada por la erupción de 2021 en La Palma, sino de cualquier catástrofe de este tipo que pueda suceder en el futuro en cualquiera de las islas.
Con tal fin, este sábado las personas interesadas en apoyar esta proposición de ley podrán hacerlo en Candelaria, de 10 a 15 h en la zona de Cruz Pérez (y si el viento no lo permite, la ubicación alternativa sería en la calle Obispo Pérez Cáceres). El domingo 10 la mesa se instalará en Barlovento, de 10 a 14 horas en el Mercadillo Agrícola y Artesano.
La próxima semana, el martes 12 y el jueves 14, se podrá rubricar esta propuesta en una mesa que estará instalada frente al Corte Inglés de la capital tinerfeña, de 18.30 a 20 h.
El próximo 19 de septiembre finaliza el plazo dado por el Parlamento canario para la recogida de firmas, una fecha simbólica porque se cumple el segundo aniversario del inicio de la erupción en Cumbre Vieja. Dos años que son una eternidad para los miles de damnificados por este destructivo fenómeno geológico, un tiempo en el que, a juicio de la comisión promotora, ha quedado en evidencia la rémora que supone el marco jurídico actual para asegurar una pronta recuperación de la zona afectada y de sus habitantes.
Por ello, las personas que integran esta comisión ciudadana están convencidas de que se trata de una ley de máximo interés para las islas, que cubrirá un vacío jurídico en la actualidad y procurará una mejora de derechos para las futuras generaciones frente a un riesgo, el volcánico, que seguirá presente en el Archipiélago.
