El Gobierno canario ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias las bases que regularán la concesión de nuevas subvenciones de emergencia a empresas y personas autónomas afectadas por la paralización de actividad en el primer trimestre de 2023 debido a la evacuación de Puerto Naos y La Bombilla por «gases tóxicos», en alusión al dióxido de carbono (CO2) por el cual el Cabildo de La Palma mantiene, casi 21 meses después de iniciada la erupción, la prohibición de volver a sus 1.300 residentes.
Están dotadas con un presupuesto total de 2,75 millones de euros, con un máximo de 45.000 euros por persona beneficiaria, y el procedimiento lo iniciará de oficio la propia Administración pública.
Según recuerda la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo en la orden publicada el 1 de junio en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la prolongada evacuación ha provocado «un altísimo nivel de incertidumbre entre el empresariado de la zona, que es de tal gravedad que exige la toma de decisiones urgentes para la reactivación de nuevas ayudas de emergencia, que permitan paliar la falta de ingresos y expectativas de reactivación de la actividad en el corto plazo».
Hasta que se agote el presupuesto, aunque se queden fuera empresas
La ayuda se cuantifica como una proporción sobre el volumen promedio de facturación de tres meses, entendido como los ingresos computables de actividades económicas en estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o como cifra de negocios en el Impuesto sobre Sociedades. En el caso de las empresas y personas beneficiarias que tributen en estimación objetiva, se realizará un cálculo teórico del volumen de facturación teniendo en cuenta los módulos declarados en las declaraciones fiscales.
El total de subvenciones asciende a 2,75 millones, aunque esta dotación presupuestaria podrá incrementarse a la vista de los expedientes presentados, «siempre que exista cobertura económica para llevarla a cabo».
En este sentido, no resulta muy alentador el que, según la orden publicada en el BOC, «una vez agotado el presupuesto serán denegadas todos los expedientes que no hayan podido ser atendidos, «sin proceder a la comprobación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de las subvenciones, y aunque se hayan presentado en plazo».
Requisitos para recibir esta ayuda
Se podrá optar estas ayudas si se figura inscrito en el registro de personas afectadas por la erupción La Palma. Otros requisitos son ser una pyme ( menos de 250 trabajadores, volumen de negocio anual no mayor de 50 millones de euros y balance general anual de no más de 43 millones) y estar dado de alta el 18 de septiembre de 2021 en alguna de las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE09, excepto agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y actividades financieras y de seguros (aunque sí tiene derecho en caso de actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros).
También hay que estar dado de alta en la Base de Datos de Terceros del Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC), presentado y registrado ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, para el cobro de la ayuda.
Las ayudas no serán de aplicación a los sectores de la pesca y la acuicultura, la producción primaria de productos agrícolas y la transformación y comercialización de productos agrícolas (cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas (cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primario, si son actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros o las ayudas están condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados).
Cómo se calculará el importe de la subvención
La cuantía de la subvención se calculará teniendo en cuenta la media de facturación mensual declarado en el IRPF o Impuesto de Sociedades 2019 multiplicada por tres, al que se le aplicará un porcentaje corrector del 70%. No obstante, para aquellas personas y empresas beneficiarias que hayan iniciado su actividad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el cálculo del volumen de facturación será el declarado para ese año, cifra que se ajustará elevándola en la proporción del número de días en los que la empresa estuvo de alta en 2020.
En el caso de las empresas y personas beneficiarias que tributen en estimación objetiva, se realizará un cálculo teórico del volumen de facturación teniendo en cuenta los módulos declarados en las declaraciones fiscales.
Procedimiento previsto
Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin que en ningún caso puedan superar el valor del daño producido.
El procedimiento de concesión se efectuará de oficio por la propia Administración y en régimen de concesión directa, es decir, sin pública concurrencia. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo obtendrá los datos necesarios del Registro de personas afectadas de aquellas personas y empresas que cumplan los requisitos para recibir estas ayudas.
Para la tramitación de la subvención, cuando haya documentación que no sea posible su consulta o comprobación de oficio por la propia Administración, el interesado deberá presentarla a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/8354).
Las resoluciones se notificarán mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, serán publicadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno canario.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife será la entidad colaboradora de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para la gestión de estas subvenciones , así como, en su caso, en la entrega y distribución de estos fondos públicos a las personas y empresas beneficiarias, para lo cual deberá firmarse un convenio de colaboración.
