Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción denuncia en un comunicado que en la gestión del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) se cometió «una vil traición a los habitantes del Valle de Aridane» porque, pese a predicciones científicas que apuntaban a que se acercaba el inicio del proceso eruptivo, no se evacuó a la población antes de la peligrosa explosión inicial ni se le comunicó que esta era inminente.
A juicio de este colectivo ciudadano, se podrían haber evitado sufrimientos y daños «si las autoridades hubieran hecho caso a las alertas de los científicos» sobre la inminencia de la erupción «y hubieran seguido el protocolo fijado por el ordenamiento jurídico vigente; pero de forma escandalosa no lo hicieron, y hoy el vecino que lo perdió todo es el que sufre las consecuencias».
Esta asociación afirma, citando un artículo publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que este organismo científico avisó a las autoridades el día 18 de septiembre de 2021, es decir, la víspera de la catástrofe volcánica, de que la erupción se produciría en un plazo de 24 horas.
«Las autoridades, que eran conocedoras de dichas advertencias e informaciones, no velaron por los intereses de los vecinos; y se negaron a ver la evidencia incluso el mismo domingo 19 de septiembre por la mañana y, por tanto, no alertaron a la población en riesgo para que pudieran asegurar y proteger sus vidas y su patrimonio», insisten desde este colectivo ciudadano.
La inminencia de la erupción venía reflejada por el elevado número de terremotos, cientos cada día; su origen cada vez menos profundo, y por la deformación del terreno por la presión del magma. De ahí que los modelos del IGME, y de lo cual se hace eco la Iniciativa Ciudadana, mostraran el día 15 de septiembre de 2021 que había una máxima probabilidad de erupción estromboliana en un plazo de 7 días.
«Las palmeras y los palmeros», prosigue la Iniciativa Ciudadana en su nota de prensa, «seguíamos ajenos a la catástrofe que se avecinaba confiando, una vez más, en los mensajes de tranquilidad absoluta que nos trasladaban desde las autoridades, desde los medios de comunicación y en las diferentes reuniones vecinales que se celebraron en esas fechas; mientras, por otro lado, esas mismas autoridades alertaban a sus familias y amigos de lo que estaba a punto de suceder; decidiendo, con su omisión deliberada, que debía haber ciudadanos de primera, aquellos que contaban con información privilegiada, y los de segunda, aquellos a los que nos pusieron una venda en los ojos».
En este sentido, esta asociación trae a colación cómo, y a tenor de lo manifestado en documentales sobre esta catástrofe, «mientras esto ocurría, por otro lado, el presidente del Cabildo llamaba a sus amigos, diciéndoles: “Mira, vete para tu casa, está a punto de estallar el volcán, avisa a tu familia…”
La Iniciativa Ciudadana llega a la conclusión de que se incumplió el protocolo marcado por el PEVOLCA para estas situaciones, pues no se elevó el semáforo naranja cuando la erupción ya era inminente, lo que obligaba a la evacuación de toda la población del área con mayor probabilidad de sufrir los efectos directos de este destructivo fenómeno geológico.
Continúa esta asociación ciudadana afirmando que «con los datos que los afectados tenemos ahora y que nos ocultaron desde el día 15 de septiembre, la Dirección del PEVOLCA con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma al frente, ante las constantes y reiteradas alertas de los científicos debían de haber cambiado el semáforo de riesgo volcánico, ya que sabían desde el día 17 que la erupción era inminente, situación que reiteró la URGE a menos de 24 horas de la erupción».
También ese mismo día 18 de septiembre de 2021, por la tarde, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, declaraba a la agencia EFE, que no había evidencias de que se fuera a producir una erupción volcánica en la isla de forma inminente, pese a la advertencia hecha por el IGME.
El 19 de septiembre antes del mediodía, según este colectivo ciudadano, «en los documentos del Gobierno de Canarias, 112 y PEVOLCA, se recogen incluso las coordenadas de donde se iba a producir la erupción». «Tres horas y media después, el volcán entra en erupción sin que nadie hubiera hecho nada por salvaguardar nuestras vidas y nuestro patrimonio», se lamenta este colectivo ciudadano.
Ese día, al mediodía, el Comité Científico recomendó «la intensificación de medidas y la evacuación preventiva de la población en riesgo”, cosa que no se hizo, más que con unas decenas de personas con movilidad reducida, pero el resto de la población no fue desaloja, sino que se autoevacuó cuando estalló el volcán.
«Los habitantes «, insiste esta fuente vecinal, «tuvieron que salir corriendo de sus casas, con una erupción ya en marcha, y a pocos cientos de metros de sus hogares; y para poder salvar sus vidas, evacuaron a sus seres queridos y a sus animales de compañía ellos solos, dejando atrás todo lo que poseían y, sobre todo, sus recuerdos y memorias, y que en muchos casos se remontaban a varias generaciones».
De momento, subraya la Iniciativa Ciudadana, todos estos datos e informes oficiales servirán de antecedentes de lo acontecido en los litigios judiciales para dirimir la reclamación patrimonial presentada por los afectados contra las Administraciones públicas.
