ARTÍCULO DE OPINIÓN
VIERO HERNÁNDEZ GUADALUPE
ARQUITECTO, DAMNIFICADO POR LA ERUPCIÓN Y MIEMBRO DE INICIATIVA CIUDADANA DE APOYO A LOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN
El documento al que hemos podido acceder es un borrador que contiene un resumen de lo hecho hasta ahora. Dicho documento es lo que esperábamos de la administración desde Diciembre de 2021 (ojo, no 2023), cuando nos decían que debíamos esperar.
Después de casi un año y medio de la catástrofe se esperan soluciones globales con una planificación clara, con fechas límite a años vista de cómo serán nuestras vidas en 2024, 2025 y 2030.
Por otro lado, es un documento determinante, peliagudo para la población palmera, porque delimita muchas líneas de acción que van a condicionar la vida, los derechos y la libertad de muchos de nosotros durante décadas, durante el resto de nuestras vidas. Así que invito a todo el mundo, afectados por el volcán o no, a leerlo con calma y a debatirlo con los familiares y amigos, porque es el primer trazo en el cuadro que vamos a pintar entre todos de La Palma post-volcán, y es nuestra responsabilidad que ese primer trazo no lo estropee todo antes de tiempo.
A continuación desgrano lo que un profesional de la construcción con suficientes conocimientos en urbanismo como para promover y dirigir obras de edificación ha echado en falta en el documento:
El problema de los proyectos parche y electoralismo
Se plantean en varias ocasiones la utilización de normativa vigente para solventar una situación que nunca ha sucedido en España. Por ejemplo: La Palma y Canarias llevan décadas necesitando Viviendas de Protección Oficial, por eso plantear AHORA proyectos de vivienda social como “medida para recuperar la normalidad” es absurdo.
Nuestros legisladores tienen herramientas para cambiar las leyes y crearlas nuevas para sacar del agujero a las miles de familias que aún hoy no saben cómo será su futuro. ¡Solo necesitan ser creativos y estudiar bien la problemática! Pero vemos estos resultados enhebrados con los mismos hilos que cualquier plan de reactivación urbana de barrios marginales en Las Palmas, Madrid o Barcelona.
Todo en este documento son parches que mitigan levemente y sin perspectiva del largo plazo algunos problemas PREVIOS al volcán, pero que no ayudan a recuperar la normalidad y el rumbo de la isla. Para obtener resultados ambiciosos se necesitan medidas ambiciosas, y aquí sólo se ven los típicos proyectos de antes de las elecciones, orientados a salir en titulares de periódicos y no un verdadero objetivo que relance a La Palma al camino por el que iba antes del volcán.
Estas medidas que se ven en el documento son solo algunas de las muchas micro acciones, sin visión global, que se intentan vender como que “recuperarán la normalidad” de la isla… Pero lo cierto es que están dando palos de ciego mientras gastan millones de euros para que igualmente no cambie nada.
Viendo el transcurso de los hechos, por este camino que estamos empezando a recorrer, para el año 2030 ni el dinero ni la normalidad llegará a los damnificados sólo llegarán a bolsillos de colaboradores y nuevos funcionarios. Prueba de ello es los miles de millones gastados en todo tipo de conceptos menos en los afectados.
Problemas del criterio del «enriquecimiento Injusto”
En varios apartados se hace referencia a la necesidad de ayudar a la gente que “realmente lo necesita”, así como el criterio de “Prospección del Enriquecimiento Injusto”. El documento afea así supuestas intenciones de los afectados de salir beneficiados de la mayor catástrofe natural de España en términos de pérdidas económicas y patrimonio. Eso tiene un nombre: Asunción de mala fé por parte de los afectados. ¿Cómo va a salir ganando una familia de trabajadores honrados que ha perdido su casa valorada en 200.000€? ¿Cómo va a salir ganando un empresario que había pedido un préstamo para relanzar su negocio después del COVID y así “reactivar el Valle” mucho antes del volcán?
Asumir la mala fe de los afectados deja la puerta abierta a la administración para:
- Asumir que el damnificado tiene intención de enriquecerse con la catástrofe.
- Asumir que las ayudas son una limosna a los desfavorecidos, cuando la realidad es que son COMPENSACIONES por lo perdido injustamente. Recuerdo aquí que nadie tenía la información sobre el riesgo volcánico que la Administración sí tenía.
La Administración parece que tiene que protegerse contra el afectado para que este no se enriquezca injustamente, cuando lo cierto es que somos personas que hemos vivido la catástrofe natural más grande de la Europa reciente.
Con esta estrategia la administración arbitrará quién merece compensaciones y quién no, y se hará con unos baremos que aunque no lo digan serán siempre arbitrarios y dispuestos a su placer y conveniencia, y que contribuirán a:
- Dividir a los afectados entre los “que se merecen las ayudas y los que no”, “los afectados buenos y los malos”, “los ricos y los pobres”. Así, divididos, haríamos menos fuerza y ellos podrían hacer lo que les de la gana.
- Otorgar ayudas a medida de los amigos, nepotismos y con una falsa objetividad de quién lo merece y quién no.
Los afectados de La Palma somos todos los que el Volcán nos cambió la vida a peor, y somos muy diferentes, porque nuestras vidas son diferentes: Residentes, empresarios, españoles, alemanes, venezolanos, ricos, pobres, agricultores profesionales y recreativos,… NO NOS VAN A SEPARAR PORQUE NADIE SE ENRIQUECE CON EL VOLCÁN.
El problema del suelo urbanizable inútil.
Se habla de asignar “suelo urbano y urbanizable” así como dar “edificabilidad” equivalente a los damnificados. Pero no se tiene en cuenta que a los afectados, independientemente de su nivel económico, el volcán no les ha destruido “suelo urbano edificable”, sino CASAS EDIFICADAS y NEGOCIOS EN PRODUCCIÓN, todo ello perfectamente habitable, y de esto no se habla. Nadie tenía en mente “reconstruir” una casa o un negocio que ya tenía, y desde luego a mediados del 2021 no reservaba ahorros para ello.
Plantear otorgar “suelo urbanizable” a personas sin planes ni ahorros para construir, muchos de ellos con deudas bancarias sobre edificaciones destruidas, es un insulto a la contabilidad económica más básica.
La deuda de los afectados… como si no existiera.
Se estima que entre un 15 y un 30% de los afectados tienen actualmente obligaciones de pago, hipotecas o productos crediticios sobre negocios o bienes inmuebles destruidos o cerrados. Desde la erupción se han venido prorrogando moratorias de pago que en cualquier momento pueden explotar, salpicando de miseria económica y mermando las economías de los habitantes de la isla que (en teoría) son esenciales para revitalizar el Valle de Aridane.
La ley de Segunda Oportunidad a la que se agarran algunos es una ley de mínimos para toda España, no soluciona un caso extremo si lo que queremos de verdad es que todos los habitantes impulsen el cambio de la isla a mejor, en lugar de ser “casi morosos”.
No hay referencia a la Ley de Expropiaciones
El Valle de Aridane contaba con una heterogeneidad social y económica imposible de recrear en un plan urbanístico de reconstrucción desde cero.
Apartamentos, villas, cultivos de vid de secano, plataneras, españoles, alemanes, venezolanos… Todo ello lo podía ver desde mi parcela en un kilómetro a la redonda.
Como arquitecto con amor por el urbanismo y la sociología valoro mucho el proyecto presentado, con las diferentes tipologías de uso y de construcciones propuestas. ¡Incluso las zonificaciones están bien pensadas! Así que si finalmente se construyen me alegraré enormemente de el éxito de esta difícil empresa.
Aún así, sabiendo esto, me parece de una soberbia enorme no asumir que, habiendo más de 7.000 damnificados directos, habrá cientos o miles de personas que OBJETIVAMENTE van a recibir algo como mínimo muy diferente a lo que tenían antes del volcán, y como mucho recibirán algo clarísimamente peor a lo que conocían. Esto conlleva muchísimas consecuencias sociales, económicas y que probablemente acabarán en tribunales.
Además, esta presentación ha aportado una propuesta de nuevas zonas protegidas de alto valor científico, paisajístico y turístico… ¿se dan cuenta de que esas zonas «de alto valor» para la administración pueden ser expropiadas a precio de erial? ¿Les parece justo que la Administración se apropie de parcelas privadas que aportarán mucho a la sociedad, sin posibilidad de una compensación al nivel de lo perdido por los propietarios?
Para arreglar esta problemática, hay una sola acción que siendo relativamente fácil es a la vez ambiciosa, y si supieran hacer cuentas ¡hasta saldría barato! Y esa es cambiar la Ley de Expropiaciones para proteger al afectado de la falta de opciones para rehacer su vida.
Un plan B para los afectados
El Artículo 51 de la Constitución Española dice que el estado ha de proteger los intereses económicos de los ciudadanos, y con el volcán la administración se ha visto superada por muchos flancos. El Gobierno de Canarias en este sentido tiene que reservar una última vía de compensación para las pérdidas, dada la dificultad de legislar ante tantas situaciones diferentes de los afectados.
Los políticos admiten que “es imposible que todos estén contentos con la solución aportada”. ¡Por eso mismo hay que ser coherentes y darle a los afectados un “plan B”! Esto es en caso de que la solución aportada empeore sus expectativas, ya que no es deber del afectado el “reactivar la Isla”, sino de la Administración.
El consejero Valbuena se comprometió a que el documento que finalmente se apruebe tenga «un consenso» y «acuerdo amplio» con la población afectada, ya que, dijo, dictar, «un decreto ley sin más para que luego no se pueda aplicar no servirá absolutamente para nada». Los afectados le toman la palabra.
Para poder asegurar lo que han dicho, “que todos tendrán al menos lo mismo que tenían antes del volcán” lo más eficaz y viable es, en última instancia, permitir una expropiación a un justiprecio calculado en el momento previo a la catástrofe, y restándose todas las ayudas, compensaciones de seguro y condonaciones de deuda recibidas para evitar enriquecimientos injustos.
La administración ha aprovechado la ilusión de los afectados por volver a vivir exactamente sus vidas anteriores para esquivar un problemón: la tasación de los suelos afectados con el valor previo al volcán.
¿Por qué el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias no luchan poner la salvedad de las catástrofe de este nivel en la Ley de Expropiaciones? Porque creen que para mejorar la isla es necesario que TODOS los afectados se traguen sus “soluciones”, y si tienen una alternativa como la expropiación no pueden usar a nadie como conejillos de indias para sus experimentos a años o décadas vista.
Si los técnicos y políticos son valientes y verdaderamente confían en estas soluciones que ellos mismos proponen, que se atrevan a también a plantear la expropiación de las parcelas arrasadas a justiprecio previo volcán como alternativa. Si no lo hacen están:
- usando a la ciudadanía como rehenes de sus soluciones, obligando a víctimas de una catástrofe a tragar,
- demostrando que ni ellos se fían mucho de sus propias soluciones.
- No cambiar la Ley de Expropiaciones significará, a largo plazo, dejar en la estacada a miles de personas por menudencias legales o de planeamiento no contempladas en esta aventura de “Reconstrucción Palmera”.
La fantasía de de la pura “NORMALIDAD RESIDENCIAL PALMERA”
Los medios de comunicación han hecho especial énfasis en el drama humano de los residentes en La Palma, especialmente los de única vivienda; y así se ha enfatizado en el título del presente documento: NORMALIDAD RESIDENCIAL.
Si queremos realmente salir bien de esta situación nos está faltando un poco de visión global. No sé si algún técnico o político se ha parado a pensar en la NORMALIDAD SOCIOECONÓMICA, incluyendo en ésta el ámbito residencial.
Si fuera así, veríamos en el presente Decreto o en otros un énfasis mayor en pregonar plazos que generen seguridad en los inversores, en la mano de obra, en trabajadores especializados y en proveedores de materiales y equipos que son necesarios en la isla desde hace muchos meses. De todas estas personas muchas están en la Isla y están pensando en irse, otras ya se han ido para no volver. Algunas quizá vuelvan si mejora el panorama, y otras aún no conocen La Palma y sus oportunidades.
Pero volvemos a ver aquí los fines electoralistas, la cortedad de miras y el poco conocimiento de los hilos que hay que mover en un territorio para promover su bienestar.
De nada sirve tener personas colocadas provisionalmente en contenedores o en vivienda de protección oficial, si luego no tienen trabajo, o sin terrenos agrarios que produzcan, o sin comercios en los que abastecerse.
Es muy básico pensar que un territorio arrasado por una catástrofe se compone sólo de una “realidad residencial” o sólo de “infraestructuras, carreteras y tuberías”. Hay muchas capas afectadas en toda la isla, y abordarla de esta manera tan reduccionista denota el poco esfuerzo de los responsables que plantearon los requisitos de estos documentos, o peor… su poca intención real de mejorar las cosas.
AGESNORM (Agencia de Agencia de Gestión de la recuperación de la situación de normalidad en la isla de La Palma)
Funciones planteadas con buena intención:
- Gestionar de manera imparcial las expropiaciones, adquisiciones y asignación de piezas urbanísticas de suelo, usos y edificabilidades.
- Solicitar estudios técnicos
- Fomentar una red de empresas para replantear el territorio
- Ejecutar y licitar infraestructura y edificaciones post-catástrofe.
- Fomentar legislación particular para la problemática de la catástrofe del volcán.
Errores y problemas de concepción por su estructura pública e inevitablemente politizada:
El mayor problema de este nuevo agente gestor del suelo, es justo el problema que se quiere evitar con su implementación: La excesiva burocracia e interdependencia entre administraciones públicas. Si ya íbamos mal, al meter un nuevo intermediario público para gestionar la problemática de la catástrofe palmera, todo va a empeorar (a las pruebas de este largo año y medio me remito).
Este nuevo agente público creará los siguientes problemas y empeorará los existentes:
- Desperdiciará los fondos destinados a la reconstrucción de la isla para la creación de un organismo público y burocrático, justificando año a año aumentos de plantilla y recursos económicos en profesionales que sólo pondrán las cosas más difíciles. El dinero se irá en departamentos de funcionarios cada vez más grandes y no llegará a la economía productiva palmera ni a la vida de los afectados de La Palma.
- El organismo depende del Cabildo de La Palma y del Gobierno de Canarias, con los problemas de intereses políticos, electoralistas y cortoplacistas que La agenda la seguirá dictando los intereses electorales y no se guiará por el criterio de profesionales independientes.
- Se inflarán los presupuestos de proyectos en lugar de hacerlos eficientes y hacer “más con menos”, ya que proyectos inflados y desproporcionados les darán más cuota de poder en el Valle y en La Palma.
- Cualquier debate fomentará la parálisis institucional por su sometimiento a instancias superiores y partidismo, y porque creará unas nuevas cuotas de poder y de presupuestos asociados.
- Para muchos afectados con casos singulares se crearán cuellos de botella administrativos por funcionarios que no entienden la problemática del Valle desde sus oficinas del Cabildo de La Palma y del Gobierno de Canarias. Ya está comenzando a ocurrir con el presente decreto, si tu caso se sale de la norma no existes.
- Generará conflictos de intereses, promocionando proyectos que no tienen que ver con mejorar las condiciones de los afectados.
- La obligación de rendir cuentas ante el Gobierno de Canarias obliga rá a gastar todos presupuestos asignados, fomentando la mala gestión económica y posible opacidad al multiplicar los agentes intermediarios y dejando la puerta abierta a la corrupción.
No sería tan crítico con las instituciones públicas sin conocimiento de causa. Desde que se creó el PEVOLCA no ha habido más que duplicidades, ineficiencias y conflictos de competencias con el IGN así como con otros organismos. Dieron un espectáculo penoso en la erupción de El Hierro que acabó en las profundidades del mar.
Lejos de aprender de sus errores, esta descoordinación de entes públicos llevó a que en aún en 2023 ni PEVOLCA ni IGN reconozcan entre sus cometidos hacer análisis de Riesgo Volcánico e nivel territorial. Para esta tarea no hacen falta grandes inversiones, sólo hace falta una calculadora y alguien que sepa hacer planos:
– Contabilizar el riesgo en euros de una catástrofe y transmitirlo a la administración para que ésta tome medidas oportunas de presupuestar infraestructuras y los bienes de la misma, así como realizar simulacros de alerta.
¿Le faltó dinero al Pevolca para comprar una calculadora y poner a un técnico a trabajar? Pues ya les digo yo que a AGESNORM también estará surtido con los fondos destinados originariamente a los afectados, y espero sinceramente que mejore lo presente.
