El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, anunció el 12 de marzo de 2021 que los afectados por la erupción volcánica que perdieron su casa habitual recibirían 30.000 euros de la Comunidad Autónoma. Han pasado ya 10 meses y esta subvención no se ha hecho aún efectiva. Este 11 de enero, en La Palma, Torres ha prometido que se abonará en febrero de 2023, es decir, casi un año después de anunciarla, retraso que achacó a trámites administrativos. Esta demora ha provocado la desesperación de muchos damnificados que esperan por esta aportación oficial para planificar a corto plazo cómo financiar sus necesidades para rehacer su vida.
El jefe del Ejecutivo autonómico se justificó este miércoles afirmando que resultó imposible incluir esta partida regional en el expediente de las ayudas de Estado durante 2022, lo que obligó a elaborar nuevos expedientes por cada caso según las obligaciones de la ley. Aseguró además que este retraso se le ha explicado mediante una carta a las familias beneficiarias, texto en el que «se garantiza» la entrega de esos fondos (incluidos en el Presupuesto regional de 2023).
En junio del pasado año, el mandatario regional prometió que esta cantidad se abonaría «cuanto antes» y atribuyó el retraso a que continuaban «cruzando los datos», y que por entonces se habían tramitado un 50% de los expedientes del Registro Único.
El pago de estos 30.000 euros es una de las constantes reivindicaciones de las asociaciones de afectados, pues se añadirían a los 60.000 que concede la Administración estatal y los 10.000 del Cabildo.
En febrero, los decretos leyes de la reconstrucción
Torres participó este 11 de enero en una reunión de trabajo sobre el marco territorial para la reconstrucción de La Palma tras la erupción en la que se ha seguido perfilando el contenido de los decretos leyes que aprobará el Gobierno regional «a lo largo del mes de febrero». Anunció que habrá una reunión con los afectados en la tarde del 20 de enero próximo, día en el que, durante la mañana, se celebrará una Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma con la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Uno de los decretos ley tendrá que ver con las viviendas y el otro con la agricultura, y con esta normativa, dijo «se pretende coordinar todos los suelos, dónde y cómo construir, y cómo encauzar la reconstrucción de la isla». “La voluntad es acabarlos en febrero y llevarlos a su aprobación en el Parlamento de Canarias”, dijo el presidente.
Estos documentos, según el Ejecutivo regional «se centrarán en reconstruir las edificaciones y en la recuperación de la normalidad de los afectados, que podrán disponer de un nuevo marco urbanístico que permitirá desarrollar los usos del suelo acorde a sus necesidades habitacionales, económicas y sociales e infraestructuras asociadas (incluyendo la actividad agrícola). En el texto se abordan los distintos tipos de viviendas afectadas, los derechos de cada propietario, tipos de ocupación y la ejecución de las instalaciones necesarias para el desarrollo de determinadas actividades económicas».
La reunión de este miércoles contó con la participación del consejero regional Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena; la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende; el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y representantes de los ayuntamientos afectados (Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso). También asistieron miembros del equipo técnico que conforman las empresas públicas Gesplan, Gestur y Grafcan, todas ellas adscritas a la Consejería autonómica de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Faltan 40 casas por entregar
En cuanto a las viviendas para los damnificados, el Gobierno canario detalló que se han entregado 258 casas, quedan 40 que se están rehabilitando en Breña Baja y que «quizás» puedan entregarse a las familias en febrero.
Un total de 531 familias reciben ayudas al alquiler del Gobierno canario, con un importe máximo mensual de 594 euros. En hoteles quedan dos familias unipersonales que están esperando por un piso.
