Vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, aglutinados en torno a la Plataforma Jaraco, han anunciado que van a por todas en la vía judicial para que el decreto del Cabildo de La Palma por el que se les prohíbe el acceso a sus viviendas y negocios sea anulado por su «falta de rigor científico» ya que, alegan, las concentraciones de CO2 «son compatibles con la vida» y el problema puede ser gestionado con monitorización, medidores y ventilación.
Así lo ha avalado además el físico-químico Francisco Rodríguez Pulido, autor de uno de los informes técnicos que se aportan en el recurso contencioso administrativo, que presentará el abogado José Luis Langa. Ambos, junto a la presidenta de la Plataforma Jaraco, Conchi Jaén, ofrecieron este 22 de noviembre una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife para explicar las razones por las que acuden a los tribunales.
Langa adelanta que el recurso contiene informes periciales, uno también del médico y profesor de Fisiología de Universidad de La Laguna Aldo González Brito, fue invitado inicialmente por el Cabildo y luego en representación de la Universidad de La Laguna al Comité Asesor en Salud Pública del Plan Insular de Emergencias de La Palma (PEINPAL), y que hace meses que presentó un informe titulado Medidas para asegurar un acceso sin problemas para la salud a las fincas y casas de La Bombilla y Puerto Naos.
El abogado se refiere a la llamativa contradicción de que haya trabajadores en la zona de exclusión sin que les pase nada por el gas. De hecho, el citado médico aludió a esta circunstancia en una artículo publicando en prensa en julio pasado: «Parece que en el PEINPAL distinguen dos tipos de habitantes en la isla, los que se pasan buena parte del día en zonas de exclusión sin tener problemas de salud, y los que son excluidos de poder acudir a sus propiedades porque corren riesgos para su salud. Esta es sin lugar a dudas la paradoja del CO2, y hablemos claro de una vez, también es una ofensa a la inteligencia de los palmeros, quienes se deben estar preguntando, ¿por qué yo no puedo acudir a mis propiedades (casas o fincas) al mismo tiempo que otros deambulan por esa misma zona sin problema alguno?»
Langa señala que los daños morales «son irreparables» y los económicos para la población evacuada ya se están reclamando a las Administraciones públicas.
Con este litigio contra el Cabildo, apunta el letrado, «queremos que los jueces ponderen esta situación con expertos en la materia y se hago lo justo».
Por su parte, la presidenta de la Plataforma Jaraco, se queja del «desamparo» en que les han dejado las Administraciones públicas y enfatiza que con este recurso judicial pretende «demostrar que los gases no son letales, porque si así lo fueran, no habría nadie en la zona, ni empleados de las desaladoras, ni personas de protectoras de animales, ni cuadrillas de limpieza, que entran y salen a pie, pero los propietarios no pueden pasar».
Asegura que los vecinos tienen claro que «no se está contando la verdad, porque hemos medido el CO2 con los mismos medidores que tiene el Cabildo, calibrados, y no hay niveles letales. «Nunca hemos dicho que no haya gases», aclara, «sino que es normal si las viviendas están vacías y sin agua» desde hace un año. A su juicio, no hay argumentos suficientes para que le prohíban a la población acudir a sus propiedades, y mucho menos para detener y llevar al calabozo a quien se salta esa prohibición.
«No hay aún ni protocolo para que volvamos a nuestras casas, a pesar de que, por ejemplo, en mi vivienda, no pasamos de 700 partes de CO2 por millón», añade la representante vecinal.
En el plano científico, Francisco R. Pulido critica «la estrategia del miedo» que se ha usado con los residentes en ambos barrios, pues «en el exterior de los edificios no hay problemas con este gas» y ha planteado como hipótesis, junto al químico Julio Muñiz, de que el CO2 puede originarse por las aguas residuales, sin descartar la influencia del fenómeno volcánico. «Porque mayoría son pozos negros, es una zona que no tiene saneamiento y solo pedimos que se investigue esta hipótesis, per no quieren poner el agua, que es vital», abundó Pulido, quien de todos modos indicó que el origen del CO2 no es lo relevante.
En cuanto a que el origen sea de manera irrefutable volcánico, como sostiene INVOLCAN, Pulido afirma que «los datos de la firma isotópica no son claros, y se los guardan para publicar artículos en las revistas científicas, y eso no se puede hacer cuando está en juego la economía de los palmeros».
Este físico-químico, profesor jubilado en esta materia en Secundaria, concluye que las medidas para gestionar esta situación «no se sustentan, no tienen rigor científico», porque, además, «este es un problema de salud, de sanidad ambiental».
«Se están haciendo mediciones a 1.40 metros del suelo e INVOLCAN comprobó que no había valores superiores a 3.000-4000 ppm, que no son letales», observa este experto, quien llama la atención de que «la única legislación que hay es para interiores y a efectos laborales: 5.000 ppm en 8 horas como valor tolerable; y 1.000 ppm en interiores a largo plazo es admisible.
Una vez más, Francisco R. Pulido protesta por que «no hay transparencia en los datos científicos, y los que se publican no son preocupantes». «INVOLCAN parece que solo informa a través de las redes sociales, no sabemos los datos del IGN y en las últimas reuniones del plan de emergencias «los técnicos de Sanidad no aportan absolutamente nada».
Sobre la decisión del Cabildo, adoptada este lunes, para que los vecinos puedan entrar en la parte alta de Puerto Naos, concretamente en Los Lajones, si no se superan las 700 ppm, afirma que este límite «no tiene sentido».
Advierte este físico-químico de que no conoce otro caso en el mundo gestionado de igual manera, con una evacuación masiva, por lo que reclama que se permita la entrada de los vecinos, se les faciliten medidores, se les reponga el servicio de agua de abasto y que se limpie el saneamiento. «Hay base fundamental para anular el decreto de exclusión y permitir el acceso libre bajo un protocolo» para mitigar el problema.
