El especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar ha advertido de que la nueva fase de reconstrucción que necesita la zona afectada por la catástrofe volcánica palmera «no está en la legislación vigente», que no parte del supuesto de que desaparece todo lo que había antes, incluso el territorio, por lo que se requiere dar una respuesta jurídica nueva .
Como ejemplo de esta deficiencia, apunta que en el reglamento que regula las subvenciones en casos de catástrofes, las «famosas ayudas de 60.000 euros por vivienda», que han sido en este caso muy generosas respecto a otros momentos en España, en realidad esa normativa las califica de «paliativas y subsidiarias para superar la situación de necesidad inmediata»; «pero eso no es reconstruir, sino dar una respuesta» ante una catástrofe para volver a algo parecido a la normalidad.
Durante su participación en unas jornadas celebradas en septiembre en Los Llanos de Aridane organizadas por el Colegio Notarial de Canarias y la Fundación Notariado, precisó que la Ley nacional de Protección Civil solo diferencia entre una primera fase de reacción a una emergencia y una segunda fase de recuperación para restablecer la normalidad. «Pero esa es una ley hecha pensando un supuestos de siniestro donde las cosas luego se parecen a lo que había antes -inundaciones, incendios, incluso terremotos- pero no para una situación como la de este volcán, en la que lo que había ha desaparecido por completo y es un territorio parcialmente hostil a recuperarlo».
Y es que, según subrayó, «el legislador no se planteó esto nunca porque es el primer volcán en el periodo democrático que ha ocurrido en España».
Dadas las circunstancias, esto obliga a tener que «exprimir al máximo la legislación para que haya una respuesta ágil y rápida, y ahí es verdad aue la legislación ordinaria no siempre facilita la contratación y las subvenciones en tiempos razonables».
Las jornadas en las que participó este jurista se celebraron en el Museo Benahoarita con el lema ‘Ideas para el desarrollo sostenible de La Palma (La oportunidad después del volcán)’, y en la mesa redonda participaron, también, – Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director general de Coordinación y Apoyo Vicepresidencia de Canarias; Eduardo Risueño Díaz, abogado y profesor de Derecho Administrativo; Juan José Santana Rodríguez, secretario general de la Delegación de Gobierno en Canarias, y Alfonso Cavallé Cruz, decano del Colegio Notarial de Canarias.
«REACTIVAR LA ECONOMÍA SI NO SE QUIERE UNA POBLACIÓN SUBVENCIONADA DURANTE 50 AÑOS»
Para Villar, que fue el redactor de la vigente Suelo de Canarias, para llevar a cabo la reconstrucción hay que tener claros dos objetivos: «Restablecer condiciones de calidad de vida de las personas afectadas y establecer las bases para la reactivación económica, con la que generar empleo y recursos» financieros. «A no ser», añadió, «que se aspire a convertir a los desplazados en personas subvencionadas los próximos 50 años con cargo a los presupuestos públicos». Una idea sobre la que lanzó una advertencia: «Ojo con que esa sea la estrategia, porque en el horizonte vienen nubes negras sobre los presupuestos públicos».
Dicho esto, pidió no confundir la fase de reconstrucción con pensar en adoptar medidas para en el futuro, como las de prevenir situaciones parecidas por posibles erupciones, planes de gestión del riesgo volcánico o hacer un régimen de aseguramiento como en Islandia.
Para todo lo que hay que hacer en La Palma, el catedrático de Derecho tiene claro que debería crearse un consorcio entre las administraciones para ejercitar las competencias y ponerlo en manos de profesionales. Un proceso que «va a descansar en financiación pública».
«SONTENIBILIDAD ES UN EQUILIBRIO ENTRE BIENESTAR HUMANO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES»
La reconstrucción, enumera Villar, implica «hacer nuevos núcleos de población, generar urbanismo con dotaciones y viario, y con suelo para actividades económicas; la relocalización de actividades económicas, no solo de las agrarias; y plantearse si cabe el desarrollo de actividad agrícola en el futuro en la colada».
Otro concepto que se propuso definir fue el de sostenibilidad, que, en síntesis, supone «no tomar decisiones las actuales generaciones que le trasladen una carga insostenible a las generaciones futuras». En este sentido, expuso que «sostenibilidad ambiental no es necesariamente conservación, sino un equilibrio entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico, y ninguno debe estar sobre el otro».
De ahí, observó, «que la legislación actual en situaciones extremas haya excepciones, de modo que la ley que regula los planes de ordenación de recursos naturales dice que si hay razones imperiosas de interés general, se desplaza el plan de ordenación de esos recursos» para garantizare el bienestar de las personas.
En todo caso, dejó patente que siempre deben existir unos límites, y para ello puso como ejemplo los que deben cumplir los proyectos del multimillonario Fondo de Recuperación de la UE, según los cuales su ejecución «no puede causar perjuicios significativos al medio ambiente», pero considera el especialista en Derecho Administrativo que cree que en el caso del valle de Aridane exista ninguna propuesta que trasgreda ese requisito.
