El decano de los abogados de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, acusa a la Consejería de Justicia de impedir que damnificados por la erupción accedan a la asistencia jurídica gratuita y le reprocha el «ridículo» de que ese derecho se tenga que dirimir en los Juzgados. Critica también que se obvie la realidad social de que varias familias residían en una misma parcela registral y solo la titular de la vivienda recibirá ayudas
EL VALLE
El decano del Colegio de Abogados de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, ha denunciado públicamente la sangrante situación en la que se hallan muchas familias afectadas por la erupción volcánica al denegársele la asistencia jurídica gratuita, ahora que llega el momento de los recursos en vía judicial, debido a que el Gobierno canario no ha aceptado la petición de esta entidad colegial para que promoviera una modificación de los criterios que dan derecho a abogado de oficio.
Eso hace que el Ejecutivo regional se ciña a la vigente normativa y aplique parámetros de la situación económica de los solicitantes antes de que esta empeorara por la erupción. El decano critica la falta de receptividad de la Consejería de Justicia a esta petición que él mismo hizo personalmente en nombre del Colegio de Abogados palmero y reprocha la postura oficial al respecto, que es la de que este asunto se dilucide en vía judicial. Esto supone que tengan que ser los propios damnificados por la erupción quienes recurran contra la denegación del servicio de justicia gratuita.
El «RIDÍCULO» DE QUE EL DERECHO A ABOGADO DE OFICIO SE DILUCIDE EN LOS JUZGAODS
Tal planteamiento de la Consejería, para el Colegio de Abogados «roza prácticamente el ridículo» porque en La Palma «ya se prevé una situación complicada» en los juzgados «por la judicialización extraordinaria que se empieza a producir en vía civil» debido a las numerosas reclamaciones de los afectados por la erupción contra decisiones de las Administraciones públicas.
Juan Antonio Rodríguez aprovechó para denunciar esta inseguridad jurídica de los afectados durante su participación en una mesa redonda en unas jornadas recientemente celebradas en Los Llanos de Aridane, bajo la organización del Colegio Notarial de Canarias y la Fundación Notariado con el título «Ideas para el desarrollo sostenible de La Palma.(La oportunidad después del volcán)».
«Ahora empieza una etapa en la que se pasa a una interpretación judicial de reclamaciones administrativas previas al inicio de acciones judiciales en la vía contencioso administrativa, y no se puede impedir el acceso de los damnificados a los recursos que prevé el estado de derecho» para que las personas puedan defenderse ante las resoluciones de la Administración pública.
El 13 de Diciembre de 2022 se cumple el plazo de reclamaciones de los afectados y muchos están en situación de indefensión a nivel legal.
REALIDAD SOCIAL IGNORADA EN LAS AYUDAS: PARCELAS EN LAS QUE VIVÍAN VARIAS FAMILIAS
Otras queja destacada que expuso el decano de los abogados palmeros es que la Administración pública ignora la realidad social de muchos afectados, pues existían en una misma parcela varias familias, de manera que cuando fueron a pedir ayudas solo se la reconoce el derecho a percibirlas al titular principal, al no haber declaración de obra nueva ni divisiones horizontales hechas.
Para el decano no se trata ya tanto de señalar lo que se ha hecho mal sino de rescatar a los afectados del pozo de la miseria al que se aboca a quienes tuvieron la mala suerte de verse afectados por el volcán sin regularizar su situación por los motivos que fueran, muchos de ellos por situaciones precarias en orden económico.
«Eso se lo hemos explicado desde el Colegio de Abogados a las Administraciones públicas por activa y por pasiva y también en eso ha faltado diálogo con nosotros y con el Colegio Notarial», lamentó el decano, quien elogió la labor desarrollada por esta entidad colegial, así como por la de los notarios y registradores, para ayudar en esta catástrofe natural. «Son colectivos que han realizado una labor impagable y encomiable, pero no han sido correspondidos por las diferentes Administraciones publicas», remachó.
EXPECTATIVAS INCUMPLIDAS DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PRIMER AÑO
Igualmente crítico fue con la tardanza en la solución del problema de la vivienda para los afectados: «La realidad es que ha pasado un año, y siendo esta la prioridad absoluta para las Administraciones públicas, no ha existido aún solución o al menos no se ha materializado o no se han cumplido las expectativas de ese plan».
Señaló además la responsabilidad de las Administraciones públicas de las que dependen los planes urbanísticos y los de protección ante el riesgo volcánico, porque las responsabilidades también se les suponen.
El decano de los abogados palmeros terminó diciendo que situaciones excepcionales requieren actuaciones y normas excepcionales.
De lo que se desprende de lo afirmado en algunas intervenciones de la mesa redonda es que, sin ayudas institucionales, la Administración ha dejado desatendidas a muchas personas que no encajan en los requisitos pensados para situaciones normales y no catastróficas, pues toda ayuda pública dispone la letra pequeña que deja a muchos damnificados sin derecho a recibirlas.
La mesa redonda, celebrada en el Museo Benahoarita fue moderada por Francisco Cantos Viñals, decano del Colegio Notarial de Valencia; y participaron también José Antonio Riera Álvarez, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias; Beate Dorotea Ricken, decana del Colegio de Arquitectos de La Palma, y Carlos Celestino Lalanda, delegado territorial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife del Colegio de Registradores de España.
